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El cierre de ejercicio

Es claro que la política de seguridad nacional, que rebasa, por mucho, la seguridad pública, se ha construido de la mano con Washington, y hasta podemos decir que bajo presiones ejercidas desde allá.
vie 27 febrero 2026 06:07 AM
Arriban Fuerzas Armadas Sinaloa
Los órganos encargados de la seguridad nacional deben quedar blindados de oportunistas del gabinete, o de mensajeros de quienes operan elecciones, apunta Gabriel Reyes Orona. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro.)

La decimonónica concepción de la soberanía vio sus últimos días la semana pasada. A partir del fin de semana, inició una nueva etapa en el país. Ahora, mantener un discurso en el que se pretenda establecer políticas públicas sin la concurrencia, e incluso, concordia de nuestros principales socios comerciales, será simplemente suicida. Probablemente, el partido oficial no ha podido aún asimilar dos golpes demoledores que registró su plataforma ideológica.

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Por un lado, es claro que la política de seguridad nacional, que rebasa, por mucho, la seguridad pública, se ha construido de la mano con Washington, y, hasta podemos decir que, bajo presiones ejercidas desde allá, dado que esa nación no sólo ha puesto cientos de miles muertos, sino que, en los hechos, ha sido invadida por una fuerza extranjera que hace fortunas al margen de la ley; ignora sus tribunales, y evade constantemente a sus fuerzas policiacas. La hasta hoy impune, y criminal directiva, establecida por el cacique macuspano es causa de la muerte de miles de mexicanos, así como de estadounidenses, y cada vez, resulta más probable que su irracional decisión sea considerada como acción de alcances genocidas.

Los cárteles no reconocen fronteras, y toda acción de combate a las mismas no puede armarse con tales linderos. Las Fuerzas Armadas han tenido que soportar las impresentables decisiones de los políticos demasiado tiempo, saben que el problema, lejos de resolverse, llegó a niveles peligrosos en términos internacionales. Resulta necio estimarlo como un asunto doméstico, y más, cuando el asunto alcanzó tales proporciones por torpeza de quienes tienen el pandero. Morena, hasta ahora, ha tenido suerte, no se ha enderezado una reclamación internacional por los efectivos daños infligidos a otras naciones. Es innegable que se proveyó una guarida a modo de plataforma operativa y financiera a los subrepticios “aliados”, ello, a cambio de apoyos electorales que hoy son inocultables.

Seguir aplicando la política de abrazos, de manera inminente, habría llevado al gobierno americano a declarar al partido oficial, su discurso y fórmula electoral, como terrorista. Es cuestión de tiempo para que los principales operadores electorales del oficialismo comiencen a apestar, y sean objeto de desprecio por quienes detentan funciones gubernamentales. Sus nombres aparecen y resaltan en expedientes que apoyan causas en contra de traficantes de sustancias prohibidas y capitales. Los funcionarios, si quieren seguirlo siendo, y llegar al fin de la administración, deberán evitar llamadas, reuniones o atender notas en las que se solicitan favores, se hagan recomendaciones o se solicite respaldo para presionar a quienes hasta ahora han quedado sujetos a la extorsión clientelar, con la cual, cínicamente ha llenado las alforjas de quienes hoy presumen lujos que no se compadecen con sus sueldos.

Ha sido un evento drástico, contundente y determinante, no sólo de lo que pasará en los años por venir en México, sino que también deja claro que es, inminente, lo que anunciamos hace algunos meses, la necesidad de autoridades binacionales que controlen el tránsito de personas, bienes y capitales entre países, otorgándole una efectiva autonomía. No de esas que pomposamente se hacen constar en las banales leyes nacionales, sino que, en los hechos, haga que las decisiones no requieran revisión o auscultación previa, para ser ejecutadas. Los órganos encargados de la seguridad nacional deben quedar blindados de oportunistas del gabinete, o de mensajeros de quienes operan elecciones. Esas nuevas autoridades requieren contar con capacidad de acción y reacción, con un claro régimen de rendición de cuentas, que, de no ser favorables, determinen ahí sí, prisión preventiva y juicios abiertos a la sociedad civil. No son los burócratas, sino quienes han hecho de la preparación castrense su vida, a los que corresponde el armado de estrategias para acabar con este flagelo.

Sin embargo, el daño está hecho. La credibilidad de las autoridades está en su punto más bajo desde hace décadas, y, posiblemente, no ha estado tan afectado hace más de 100 años. El PRI, en sus peores momentos, no provocó una reacción de la comunidad internacional, en la que, todavía, y por debajo de la mesa, autoridades de otros países analizaran la forma de rescatar a sus nacionales y los capitales de éstos ante un desenlace violento.

Ya no es la moratoria, sino que se teme que los cárteles inicien una escalada retaliatoria suicida, en la que no pretenderán rescatar el terreno perdido, sino vengarse de quien sea y como sea. Es claro que el Ejercito Mexicano puede someterlos, pero, la pregunta es cómo evitar que se ‘colombianice’ o ‘venezualice’ el territorio nacional, evitando cierre de carreteras, autos explosivos, y ataques cibernéticos patrocinados por quienes aún piensan que el negocio tiene futuro. Sí, que no quede la población civil en medio del fuego cruzado.

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Están en ciernes los resultados de las empresas, el mes de marzo será clave en el diseño de los efectivos planes de inversión del corto y medio plazo, porque el largo, no está ya en la mesa. Los números agregados que presenta el gobierno en materia de inversión son consecuencia de sesgos y una tergiversación intencional. Se venden préstamos como inversión, se dan por buenas promesas, planes y programas que el oficialismo simplemente adorna, pero es incapaz de llevar a la práctica. La inversión real no es raquítica, está prácticamente en extinción, aunque muchos analistas arranquen el debate sobre las fantasiosas cifras que presenta la burocracia, basta bajar de las cifras en los palcos, al terreno de juego, para ver que la realidad es otra.

Serán los dueños del dinero, empresa por empresa, grupo por grupo, los que realmente decidan si aún pondrán más capital, y si las pérdidas que provoca un fondeo asfixiante seguirán siendo paliadas por el bolsillo del accionariado, y no por los depósitos bancarios del público, los que lamentablemente se usan por las instituciones para especular y generar utilidades, esas que se retiran ante una completa ineficacia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la que le pasan bolas rápidas, un día sí, y el otro también.

Las declaraciones fiscales por venir son un trágico y triste reflejo de lo que pasa en la calle, en la que no importarán los abultados números crecientes de exportación, sino los pesos y centavos que realmente llegan a la caja, los que terminen contando la historia. Es claro que existe un alto incentivo para que las empresas oculten su real situación, claro, para no perder apoyos financieros, corporativos y clientela, pero la astringencia de recursos; el desánimo generalizado; el redimensionamiento de metas; la caída en la formación de inventarios, y la más que moderación de los pedidos, tarde o temprano, nos revelaran que hace rato atravesamos una crisis que será inevitable de reconocer, cuando sea más que difícil renegociar pasivos públicos. No los que se compran con tasas elevadísimas, sino los del sector real, empezando por las pensiones, que hoy tiene un leve alivio con el propuesto tope a las doradas de los altos funcionarios, pero ni a mejoral llega. Es más que evidente que ya queda muy poco para pagar las de Pemex, CFE, y demás pléyade de ineficientes elefantes blancos, que no están reumáticos, sino perfectamente catatónicos. La deuda que viene no tiene fuente de pago, por lo que, abrumadoramente, será inconstitucional.

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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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