Sumido en penosos escándalos, el Poder Judicial Federal adoptó una irreflexiva decisión que, sin lugar a duda, traerá nocivas consecuencias para quienes arriendan propiedades en la capital. No sólo para quienes son dueños, sino también para aquellos que residen en las localidades rentadas. No entendieron que somos un país en el que buena parte de la población no sólo no tiene acceso a créditos pagables para adquirir un inmueble, sino que carece de efectivas oportunidades laborales que aporten un sueldo que permita esperar un futuro promisorio. Gran error.
Shock inmobiliario, el inoportuno criterio de la tremenda Corte
El mercado está desordenado y las condiciones están dadas para que desaparezca el modelo de renta habitacional tradicional.
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En tan sólo unas pocas semanas, se vino abajo la ilusa expectativa de que el inusitado procedimiento, que sustituyó cavernariamente el pleno de la SCJN, podría traer beneficios a la población. No se superaron los vicios que, cierta e innegablemente, tenía la anterior integración. Lejos de dejar atrás el esquema de cuates y cuotas, se empeoró, al quedar el sanedrín de aprendices del derecho al servicio del oficialismo, profundizando excesos, abusos y dispendios.
Llegaron los ungidos, dado que el gobierno perdía todas, gracias a la más que probada incapacidad del sector público de defender las mal hechas leyes, reglamentos y normativa administrativas. El aparato oficial mostró severas deficiencias para desempeñar el servicio público; aprovechar los bienes nacionales, y hacer de las funciones oficiales fueran el eficaz basamento del progreso. En tan sólo unos días, concretó diversas venganzas y retaliaciones, dejando claro al mundo que dejamos de vivir en un estado de derecho, para ser un territorio en el que operan impunemente fuerzas criminales, uno, en el que el funcionarios y servidores públicos tienen garantizada la impunidad, en la que la parentela del cacique seguirá haciendo de la riqueza nacional fondo ilimitado para pagar sus caprichos. El río se revolvió, pero los sustitutos salieron peor que los sustituidos.
Sí, en lugar de capacitar y mejorar los cuerpos jurídicos de dependencias y entidades federales, la silla presidencial decidió ganar los juicios a la mala, privando a los justiciables de condiciones imparciales; neutrales y técnicamente responsables, que dieran al Poder Judicial la capacidad de rendir buena cuenta a una sociedad que mengua y desfallece, ante la rampante injusticia que nos heredó quien, hoy se sabe, llegó de la mano de organizaciones criminales.
Hasta ahora, los despropósitos habían tenido lugar en el ámbito del derecho público, esto es, en la rama constitucional y administrativa. El foro en el que se ventilaban todo tipo de autoritarios abusos, dictados por impreparados funcionarios, no alcanzó al ciudadano de a pie. Los impresentables funcionarios, sin recato alguno, hicieron a un lado el correcto despacho de los asuntos oficiales, para dictar decisiones favorables a quienes algo quedaron a deber en la brega por hacerse del poder, o bien, que estaban, o están, asociados con los cómplices de quien se apoderó de la maldita silla. En el ejecutivo estaban al servicio del cortesano equipo que acompañó a quien gratuitamente asumió que, con la banda presidencial, le habían escriturado el país. El Poder Judicial nunca se asumió como igual, y nos guste, o no, se agachó. El que dijo ser hijo del pueblo nunca se condujo como republicano mandatario al servicio de la ciudadanía, sino como arrogante autócrata que a nadie debe explicaciones.
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Hasta ahí, afectaron y agraviaron a corporaciones, nacionales e internacionales, embolsándose caudales que arrebataron a quienes dijeron eran fifís. Se robaron fortunas, por muchas vías, sin otorgar eficaz audiencia, y haciendo trizas el debido proceso. Sí, hicieron de quienes crean empleos exportan bienes y servicios, e hicieron posible que fuéramos la decimotercer economía del mundo, sus “adversarios”. Sentaron las bases para que, silenciosamente, se eliminaran las más elementales condiciones atrayentes de las urgentes inversiones, dejando sólo espacio para la reinversión, esa, que está atrapada en planes de negocio de medio y largo plazo. Es decir, aquí se reinvierten los recursos que apostaron aquellos que, hace algún tiempo, ingenuamente construyeron proyectos que no pueden emprender el vuelo de la noche a la mañana. No se quedan voluntariamente, sino que están secuestrados en la ejecución de planes que creyeron serían ejecutables en el medio y largo plazo. Tarde o temprano se irán.
En todo el mundo se sabe que en México no hay tribunales imparciales, y que, con la barbarie administrativa impuesta a decretazos, se ha legitimado toda acción de defensa que emprendan gobiernos del exterior en protección de los intereses de aquellos extranjeros que creyeron en esta tierra de oportunidades. El T-MEC dejó claro que nuestro vecino dejó de reconocernos como parte de Norteamérica, lo que hará más que claro y patente en unos cuantos meses. La ruta tomada por el macuspano sustenta un discurso en el que Washington señala, sin cortapisa, que asume que no trata con una democracia en soberano dominio del territorio. Son los hechos, y no saliva, lo que construye soberanía.
Pero, en la loca carrera por tomar las sillas del pleno, los ministros han emprendido un peligroso y sinuoso camino, asidos de la más lastimosa y ramplona demagogia. Han incursionado en el derecho privado, para entrometerse en las relaciones entre particulares, distorsionándolas de manera insensata; poco o nada estudiada, y seguramente, sin haber reparado en que tales decisiones reclaman un profundo estudio del mercado. Votaron enfundados enmascarados de justiciero, imponiendo lo que acabará por derruir aquello que en los hechos paliaba un sistema bancario ineficiente y predador. Enlodados en el desprestigio, ruegan por la aprobación del respetable.
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Sí, es claro que buscan, como lo hace el partido oficial, comprar voluntades hurgando el bolsillo ajeno, porque saben que lo propio ya lo despilfarraron en seudo programas sociales, y que ya no hay en el tesoro nacional más dinero para mercar aplausos. Nadie se atrevió a votar en contra del tope a las rentas, quizá porque ninguno de los togados entendió los efectos de la torpe medida, o bien, porque no podían quedarse marginados para ser señalados como enemigos de la turba.
Todo el mundo sufre un shock inmobiliario. El mercado está desordenado, y, como lo analice ampliamente en reciente publicación, las condiciones están dadas para que desaparezca el modelo de renta habitacional tradicional, será sustituido por masivas adquisiciones que erigirán enormes bloques de tenencia inmobiliaria, administrados por grandes corporaciones, las cuales serán arrendadores de grandes segmentos territoriales. Tendrán cautivos a los arrendatarios, sin tener que esperar que las ineficientes estructuras bancarias cobren para pagarles rendimientos. Blackrock ha sabido leer el mercado, será el jugador clave a nivel global. Es cierto que la llamada gentrificación postula retos, es urgente armonizar la convivencia de los movimientos migratorios, tanto de jubilados, como de trabajadores digitales, con quienes tradicionalmente moraban pintorescas locaciones. También lo es que es urgente atender la nociva presencia de las plataformas de breve estancia, que pronto degeneraron en un esquema evasor de impuestos. Pero, lo que ha hecho México, es comenzar el proceso yendo hacia atrás, adoptando una medida predadora y regresiva que, en el medio plazo, será pagada por quienes menos tienen.
En nuestro país existe el más injusto y criminal margen financiero, esto es, una injusta e inadmisible distancia entre tasas activas y pasivas. Es absurda y afecta gravemente no sólo al aparato productivo, sino a quienes, hace años, inútilmente, tratan de hacerse de casa propia. La banca en México lejos está de cumplir su función social, y encontró, en el tepetiteco, a su mejor cómplice.
El crédito en México es poco, malo y carísimo. El tabasqueño, durante dos décadas, se cansó de denostar y criticar banqueros, pero, en su gestión no sólo no tomó ninguna medida en provecho de los usuarios de servicios bancarios, sino que relajó de manera dramática la supervisión dando manga ancha a todo tipo de abusos. Permitió que se desarrollará un portentoso mecanismo lavador de dinero, del cual, por cierto, se aprovechó. Es, sin duda, la irracional e inexplicable época dorada de utilidades bancarias, patrocinada por quien decía dolerse en favor los tomadores de crédito. Nada más falso.
Rentar en México no sólo era una aconsejable decisión, sino, en muchos casos, obligada, al no poder el ciudadano promedio comprar una casa. La población, sobre todo, los jóvenes, no tiene otra opción que arrendar, lo que propició un amplísimo mercado en el que, quienes tenían ahorros, o incluso, había formado algún pequeño capital, invertían en comprar o acondicionar inmuebles para ser rentados. Hoy, la tremenda corte ha decidido hacer que los casatenientes liquiden inversiones; dejen de hacer gasto en mejoras y mantenimiento y acorten plazos contractuales. Sentaron las bases para derruir la oferta de inmuebles en renta. De entrada, la encarecerán brutalmente.
Es evidente que, a diferencia de otras grandes capitales, cuyas áreas céntricas se preservaron y se conservaron hasta con glamour, la de la Ciudad de México se hizo vieja, ruinosa y anacrónica. Buena parte de ella se está cayendo y da pena. Las condiciones de lo que llamamos el centro, está reservada para changarros, es consecuencia directa de una prolongadísima congelación de rentas, cuyo efecto es parecido al de tope de aumentos, sí, más lenta quizá, pero equivalente. Ahora, matarán otras zonas de la capital, que pronto acumularán grietas y goteras.
Los ministros ahora serán responsables de que la población, particularmente los jóvenes, enfrenten un notable y sustancial aumento de “rentas iniciales”, tomada cuenta de que los dueños sólo podrán aumentar renta considerando la impresentable tasa de inflación que calcula la autoridad, y que, innegablemente, todos lo sabemos, ahora será objeto de la “manipulación del bienestar”. Los plazos se reducirán al mínimo posible, y de conservación, mejoras y mantenimiento, mejor ni hablemos.
Es importante que el demagógico mensaje, que hoy se manda desde el negro palacio que alberga a la corte, sea bien interpretado. Las rentas subirán, los espacios rentables se irán haciendo menos, y, poco a poco, quedarán en manos de grandes consorcios que harán de la renta casa habitación un rentable negocio, el cual, si trata de ser atajado por el oficialismo, acabará colapsando. Los nuevos dueños pueden esperar, pero caerá la oferta de espacios rentables. Jugarán vencidas con fondos que no duran seis años. Perderán de todas, todas.
Es delicado el entrometerse, vía el derecho público, en las relaciones entre autoridades y concesionarios, permisionarios o todo aquel que precisa de hacer trámites ante la burocracia, el hacerlo, aumenta, disminuye o ahuyenta las inversiones de las que está hecho el PIB, pero, inmiscuirse en el derecho civil es grave, afecta el día a día del ciudadano de a pie, y eso, si hace cimbrar a las sociedades desde su base. Los estudiosos del derecho romano lo saben, en Roma se decía que el modificar las pequeñas razones cotidianas es asunto mayor de estado. Los códigos civiles y de comercio, no en balde, son centenarios. Napoleón siempre supo que hacen o deshacen gobiernos. La corte verá que su desprestigio alcanzará dimensiones históricas.
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La turba grita e insulta, pero suele no saber que muchas veces dinamita el piso sobre el que está parada. Sólo lo advierte cuando sus necedades la arrinconan y le obligan a entender que es en el orden, así como en el respeto del derecho, en donde surge el progreso y es posible conciliar los intereses de la comunidad. Es responsabilidad del Estado proveer las condiciones para la concordia, esa, en la que cada uno busque el camino hacia el desarrollo personal, propiciando condiciones en las que todos podamos contribuir en provecho del interés social. Hoy, ha fallado.
La medida es mala, y no llegará lejos, no al menos, sin antes dañar arrendadores y arrendatarios por igual, comprometiendo el techo digno de muchas familias, esperemos no sea el primer paso del Poder Judicial Federal para acabar, ahora, con la estabilidad de los hogares, como ya lo hizo al derruir la certeza jurídica en el campo industrial y comercial.
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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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