Es evidente que, a diferencia de otras grandes capitales, cuyas áreas céntricas se preservaron y se conservaron hasta con glamour, la de la Ciudad de México se hizo vieja, ruinosa y anacrónica. Buena parte de ella se está cayendo y da pena. Las condiciones de lo que llamamos el centro, está reservada para changarros, es consecuencia directa de una prolongadísima congelación de rentas, cuyo efecto es parecido al de tope de aumentos, sí, más lenta quizá, pero equivalente. Ahora, matarán otras zonas de la capital, que pronto acumularán grietas y goteras.
Los ministros ahora serán responsables de que la población, particularmente los jóvenes, enfrenten un notable y sustancial aumento de “rentas iniciales”, tomada cuenta de que los dueños sólo podrán aumentar renta considerando la impresentable tasa de inflación que calcula la autoridad, y que, innegablemente, todos lo sabemos, ahora será objeto de la “manipulación del bienestar”. Los plazos se reducirán al mínimo posible, y de conservación, mejoras y mantenimiento, mejor ni hablemos.
Es importante que el demagógico mensaje, que hoy se manda desde el negro palacio que alberga a la corte, sea bien interpretado. Las rentas subirán, los espacios rentables se irán haciendo menos, y, poco a poco, quedarán en manos de grandes consorcios que harán de la renta casa habitación un rentable negocio, el cual, si trata de ser atajado por el oficialismo, acabará colapsando. Los nuevos dueños pueden esperar, pero caerá la oferta de espacios rentables. Jugarán vencidas con fondos que no duran seis años. Perderán de todas, todas.
Es delicado el entrometerse, vía el derecho público, en las relaciones entre autoridades y concesionarios, permisionarios o todo aquel que precisa de hacer trámites ante la burocracia, el hacerlo, aumenta, disminuye o ahuyenta las inversiones de las que está hecho el PIB, pero, inmiscuirse en el derecho civil es grave, afecta el día a día del ciudadano de a pie, y eso, si hace cimbrar a las sociedades desde su base. Los estudiosos del derecho romano lo saben, en Roma se decía que el modificar las pequeñas razones cotidianas es asunto mayor de estado. Los códigos civiles y de comercio, no en balde, son centenarios. Napoleón siempre supo que hacen o deshacen gobiernos. La corte verá que su desprestigio alcanzará dimensiones históricas.
La turba grita e insulta, pero suele no saber que muchas veces dinamita el piso sobre el que está parada. Sólo lo advierte cuando sus necedades la arrinconan y le obligan a entender que es en el orden, así como en el respeto del derecho, en donde surge el progreso y es posible conciliar los intereses de la comunidad. Es responsabilidad del Estado proveer las condiciones para la concordia, esa, en la que cada uno busque el camino hacia el desarrollo personal, propiciando condiciones en las que todos podamos contribuir en provecho del interés social. Hoy, ha fallado.
La medida es mala, y no llegará lejos, no al menos, sin antes dañar arrendadores y arrendatarios por igual, comprometiendo el techo digno de muchas familias, esperemos no sea el primer paso del Poder Judicial Federal para acabar, ahora, con la estabilidad de los hogares, como ya lo hizo al derruir la certeza jurídica en el campo industrial y comercial.
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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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