En México, cuatro de cada 10 pesos que se gastan en salud salen directamente del bolsillo de las personas, sin pasar por ningún sistema de cobertura. Es uno de los niveles de gasto de bolsillo más altos de la OCDE y uno de los indicadores más honestos sobre lo que significa un imprevisto médico, desde una emergencia financiera a una emergencia de salud.
Ese contexto importa para entender lo que viene en 2026. A partir de ese año, no es acreditable el IVA de bienes/servicios destinados a cumplir el contrato de seguro cuando la indemnización es resarcimiento de daños o reposición a través de terceros. En términos prácticos, parte de ese 16% deja de ser un impuesto recuperable y se convierte en costo técnico del siniestro.
Lo que se traduce en primas más caras, deducibles más altos o coberturas más delgadas para quienes hoy tienen un seguro.
La pregunta que vale hacerse no es si 25,000 millones son mucho o poco. La pregunta es: ¿cuánto cuesta el otro lado?
La penetración de seguros en México ronda el 2.5% del PIB según cifras de la OCDE de 2025, contra un promedio regional que supera el 3.5% en países comparables como Chile (4.7%) o Colombia (3.1%). En gastos médicos mayores, la cobertura privada alcanza aproximadamente al 15% de la población. En autos, cerca del 30% de los vehículos circula sin seguro, según estimaciones de la AMIS.
Sobre ese mercado llega un cambio que encarece el producto justamente en los ramos donde el siniestro es más intensivo en servicios de terceros: reparación de autos en talleres, atención en hospitales y con especialistas médicos. El mecanismo es indirecto, pero el efecto sobre la prima es predecible. Cuando el costo esperado del siniestro sube, el precio del seguro sube con él.
Hay un efecto que los modelos de recaudación rara vez capturan porque no ocurre de inmediato. Cuando el precio de un seguro sube, los primeros en salir son quienes tienen menor siniestralidad esperada: personas jóvenes, conductores con buen historial, familias que compran GMM principalmente como precaución. Los que se quedan, en promedio, usan más el seguro. Eso deteriora el pool de riesgo, al tiempo que presiona la siniestralidad y obliga a nuevos ajustes de precio. El ciclo se alimenta solo.
Esto ocurre además en un momento donde la inflación médica en México ha corrido consistentemente por encima de la inflación general. Según datos del INPC, el subíndice de servicios médicos acumula un alza superior al 30% en los últimos cinco años, más del doble que la inflación de servicios en general. El ajuste fiscal llega a un mercado que ya tenía presión estructural de costos.
Si una fracción de los asegurados decide no renovar su póliza por el incremento de prima, los costos no desaparecen: se redistribuyen.
- Mayor gasto de bolsillo en hogares que antes estaban cubiertos.
- Mayor presión sobre IMSS e ISSSTE por eventos que antes se atendían en red privada.
- Más pérdidas patrimoniales no cubiertas en siniestros de auto, daños a inmuebles o responsabilidad civil.
El costo fiscal de esa redistribución no está en el mismo cálculo que los 25,000 millones de recaudación. Debería estarlo.
Si el objetivo real de política pública es reducir la exposición financiera de hogares y empresas ante shocks imprevistos, hay al menos tres ajustes que merecerían discutirse en paralelo: incentivos fiscales focalizados para coberturas básicas (salud catastrófica, responsabilidad civil en autos), mecanismos que hagan visible el costo real del cambio para el usuario final, y algún esquema de mitigación para los segmentos más sensibles al precio. Nada de eso está sobre la mesa hoy.
Cuando protegerse se vuelve más caro, la economía termina pagando dos veces: primero por el impuesto, luego por la falta de protección.
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Nota del editor: Bernardo Prum es Country Manager de Toku México. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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