En un contexto geopolítico donde Estados Unidos ha intensificado su escrutinio sobre la integridad financiera de sus socios comerciales, solo basta recordar los señalamientos del Departamento del Tesoro a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en 2025 por presuntas deficiencias en prevención de lavado, una calificación adversa del GAFI se convierte en argumento adicional para endurecer posiciones en la mesa de negociación. Un México percibido como débil en seguridad financiera pierde capacidad negociadora.
Lo que toca a los Consejos de Administración
Los Consejos de Administración y la alta dirección tienen una tarea central: asegurarse de que su estructura de gobernanza permita detectar el fraude y el lavado de activos antes de que la autoridad o un evaluador internacional identifique las deficiencias. En tiempos donde la reputación corporativa puede deteriorarse en horas, este tema merece un lugar prioritario en la agenda. De cara a este ciclo de evaluación, identifico tres acciones concretas:
1. Autoevaluación de efectividad, no solo de cumplimiento. Medir resultados concretos del programa de prevención: alertas generadas, investigaciones concluidas, reportes de calidad enviados a la UIF. El GAFI ya no evaluará si el manual existe, sino si produce resultados.
2. Robustez en la identificación de beneficiario controlador. Evaluar la trazabilidad del beneficiario final en toda la cadena de valor corporativa, incluyendo proveedores, socios comerciales y vehículos de inversión. La Recomendación 24 del GAFI ha endurecido sus estándares.
3. Incorporar nuevas tipologías al mapa de riesgos. Incluir el fraude cibernético y el uso de stablecoins como vectores de lavado, en línea con los reportes aprobados por el GAFI en la Plenaria de febrero de 2026.
La pregunta no es si el sistema financiero mexicano cumple con la norma, sino si está preparado para demostrarlo con hechos. De frente a la revisión del T-MEC y a un contexto geopolítico retador, vigilar los procesos que sí están en nuestras manos es la mejor estrategia: prevenir y actuar con evidencia, antes de que el resultado de la evaluación nos alcance.
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Nota del editor: José Carlos Ortiz es Socio de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento de ASG Risk. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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