El 11 de marzo de 2026, el equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) llegó a México para realizar su visita in situ. El acto inaugural, celebrado en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la participación de representantes del GAFI, así como de autoridades de alto nivel del Estado mexicano como los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, marcó el arranque formal de la etapa más crítica de la Quinta Ronda de Evaluación Mutua. No fue un evento protocolario: fue la señal de que la auditoría más rigurosa al sistema antilavado del país ya está en curso y que su resultado se discutirá en la Plenaria del GAFI de octubre.
México ante el GAFI y el T-MEC: la doble prueba que ya empezó
La pregunta no es si el sistema financiero mexicano cumple con la norma, sino si está preparado para demostrarlo con hechos.
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Una semana después, la 89 Convención Bancaria en Cancún confirmó que el tema de integridad financiera ha dejado de ser un asunto de pasillos para instalarse en el centro de la agenda. Y de frente a la primera revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), programada para el 1 de julio, el país enfrenta una convergencia temporal que no debe subestimarse: el evaluador que mide la solidez de sus defensas contra el lavado de dinero llega al mismo tiempo que el socio comercial que puede usar esa calificación como argumento en la mesa de negociación.
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Lo que reveló la Convención Bancaria
La 89 Convención Bancaria , celebrada del 18 al 20 de marzo en Cancún, dejó temas puntuales relacionados a la importancia de combatir los crímenes financieros. En el frente institucional, el 16 de marzo (días antes de la Convención) la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio de colaboración para modernizar los mecanismos de supervisión con enfoque basado en riesgos, crear grupos de trabajo interinstitucionales y fortalecer la administración de la Lista de Personas Bloqueadas.
En Cancún, la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de México (ABM) sostuvo una reunión a puerta cerrada con integrantes del GAFI durante el primer día del encuentro. Paralelamente, directivos bancarios se reunieron con representantes del FinCEN, la OFAC y el IRS acreditados en México, en lo que se describió como una de las reuniones más esperadas de la Convención. El diálogo bilateral sobre integridad financiera ya no es opcional: es una condición operativa.
Dos desarrollos merecen atención particular. La plataforma Veradat, diseñada por la ABM para que los bancos compartan información sobre alertas de lavado sin violar el secreto bancario, avanza y ya tiene proveedor seleccionado. Y la UIF reportó que en 2025 logró vincular a proceso a 1,141 personas a partir de solo 122 denuncias, lo que sugiere mayor precisión en el análisis de inteligencia financiera. Ambos datos son relevantes para la narrativa de efectividad que México necesita construir ante el GAFI.
La convergencia GAFI-T-MEC: el efecto que no está en los tratados
La primera revisión sexenal del T-MEC inicia formalmente el 1 de julio de 2026, apenas unos meses antes de que el informe de la evaluación del GAFI se discuta en la Plenaria de octubre. No existe un mecanismo formal en el tratado que condicione sus resultados a la evaluación del GAFI. Pero la política comercial no opera en vacío.
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En un contexto geopolítico donde Estados Unidos ha intensificado su escrutinio sobre la integridad financiera de sus socios comerciales, solo basta recordar los señalamientos del Departamento del Tesoro a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en 2025 por presuntas deficiencias en prevención de lavado, una calificación adversa del GAFI se convierte en argumento adicional para endurecer posiciones en la mesa de negociación. Un México percibido como débil en seguridad financiera pierde capacidad negociadora.
Lo que toca a los Consejos de Administración
Los Consejos de Administración y la alta dirección tienen una tarea central: asegurarse de que su estructura de gobernanza permita detectar el fraude y el lavado de activos antes de que la autoridad o un evaluador internacional identifique las deficiencias. En tiempos donde la reputación corporativa puede deteriorarse en horas, este tema merece un lugar prioritario en la agenda. De cara a este ciclo de evaluación, identifico tres acciones concretas:
1. Autoevaluación de efectividad, no solo de cumplimiento. Medir resultados concretos del programa de prevención: alertas generadas, investigaciones concluidas, reportes de calidad enviados a la UIF. El GAFI ya no evaluará si el manual existe, sino si produce resultados.
2. Robustez en la identificación de beneficiario controlador. Evaluar la trazabilidad del beneficiario final en toda la cadena de valor corporativa, incluyendo proveedores, socios comerciales y vehículos de inversión. La Recomendación 24 del GAFI ha endurecido sus estándares.
3. Incorporar nuevas tipologías al mapa de riesgos. Incluir el fraude cibernético y el uso de stablecoins como vectores de lavado, en línea con los reportes aprobados por el GAFI en la Plenaria de febrero de 2026.
La pregunta no es si el sistema financiero mexicano cumple con la norma, sino si está preparado para demostrarlo con hechos. De frente a la revisión del T-MEC y a un contexto geopolítico retador, vigilar los procesos que sí están en nuestras manos es la mejor estrategia: prevenir y actuar con evidencia, antes de que el resultado de la evaluación nos alcance.
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Nota del editor: José Carlos Ortiz es Socio de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento de ASG Risk. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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