México lleva semanas, meses, discutiendo privacidad, pero creo que la conversación sigue girando en el lugar equivocado.
El registro obligatorio de líneas celulares no es un tema nuevo. Lo que sí es nuevo (o al menos más evidente) es el tamaño del problema que intenta atender. Considero que hoy el costo económico del fraude y la extorsión ya es demasiado alto como para seguir postergando decisiones incómodas.
Porque mientras el debate se polariza, el delito no espera.
De un lado están quienes ven en el registro una herramienta necesaria para reducir la impunidad. Del otro, quienes lo entienden como una amenaza directa al uso indebido de datos personales. Los dos tienen razones de peso; el problema es que esa discusión se queda a la mitad.
Hay un detalle que cambia el ángulo completo y que, curiosamente, casi nadie está poniendo sobre la mesa: los datos no los va a concentrar el Estado.
En el modelo que se plantea, serán las compañías telefónicas las que recaben, administren y resguarden la información. La autoridad no tendría acceso directo; tendría que solicitarlo mediante una orden judicial. Claro, esto no elimina el riesgo (sería ingenuo decirlo), pero sí cambia el punto de partida y obliga a mirar el tema con más precisión.
Porque mientras discutimos quién debería (o no) tener nuestros datos, el fraude y la extorsión siguen creciendo, apoyados en la muy clara ventaja del anonimato.
Los datos de organismos empresariales lo vienen advirtiendo desde hace tiempo. La extorsión, tanto telefónica como digital, se ha expandido. Y cuando se cruza con estimaciones que colocan el impacto económico de estos delitos en niveles cercanos al 1.7% del PIB, la discusión deja de ser teórica. Es dinero que se pierde. Así de simple.
Dinero que no se invierte, que no se ahorra, que no circula en la economía formal. Dinero que termina en manos de estructuras que operan con bajo costo y alta rentabilidad. Y cuando un delito es rentable, se replica. Ahí es donde el registro empieza a tener sentido.
No como una solución total (porque no lo es), sino como una forma de cerrar parte de ese margen de operación. Hoy, conseguir una línea sin trazabilidad clara es sencillo. Demasiado. Eso abarata el delito. Y cuando abaratas el delito, lo haces más atractivo.
Ahora…tampoco hay que simplificar el otro lado. Que sean las compañías telefónicas quienes administren los datos no es un detalle menor. Al contrario, les pone foco.
Estamos hablando de empresas que ya manejan información sensible, como facturación, ubicación, hábitos de consumo. No es un terreno nuevo, pero sí uno donde el nivel de exigencia incrementa. Porque ahora no solo se trata de operar, sino de proteger con estándares mucho más altos. Y ahí la responsabilidad deja de ser de uno solo.
El Estado regula, supervisa y sanciona. Las empresas resguardan y administran, y los usuarios decidimos cómo participamos. La confianza y la responsabilidad no desaparecen…se reparten.
Reducir todo a “el gobierno va a tener mis datos” es cómodo, pero incompleto. Hoy, sin un sistema que limite el anonimato, el costo de la impunidad lo están pagando directamente las personas. Cada fraude que sí ocurre, cada llamada de extorsión que sí funciona, cada pérdida que sí se materializa. Eso ya está pasando.
Desde una lógica patrimonial, no hay mucho espacio para romantizar el tema. El dinero que se pierde ahí no regresa. Y cuando ese tipo de pérdidas empieza a escalar, deja de ser un problema individual para convertirse en uno económico.}
Y por eso creo que el dilema está mal planteado. No es privacidad contra control, es riesgo contra costo.
Registrar una línea no va a detener el delito por sí solo, pero sí puede hacer algo importante: encarecerlo, complicarlo, reducirle espacio. Y eso, en términos prácticos, es un avance.
Negarse a cualquier mecanismo bajo el argumento de desconfianza total también es una decisión, y se respeta. El problema es que esa decisión ya tiene un costo…y alguien lo estará pagando inevitablemente.
Y esto no libera al Estado. Lo obliga a hacerlo bien. A garantizar que cualquier acceso esté justificado, regulado y vigilado. Pero tampoco libera a las empresas. Y, sobre todo, no nos libera a nosotros.
Porque al final, la seguridad patrimonial no depende de una sola acción; se construye en capas, y hoy, una de esas capas (la del anonimato) sigue demasiado abierta.
Mientras eso no cambie, el delito va a continuar operando donde siempre ha operado; en lo práctico, en lo fácil, en dónde se le permita.
Y ahí, la pregunta importante no es quién guarda los datos, es cuánto estamos perdiendo por no cerrar ese espacio…y cuánto tiempo más estamos dispuestos a seguir pagando por eso.
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Nota del editor: Manuel Herrejón Suárez es un empresario mexicano con más de dos décadas de experiencia en el sector bursátil y mercado cambiario, especialista en gestión de proyectos en el sector financiero. Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestro en dirección de empresas para ejecutivos por el IPADE. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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