El precio de la gasolina en México rara vez se mueve con la violencia que se observa en los mercados internacionales. Mientras el petróleo sube o baja con brusquedad, en las estaciones de servicio el ajuste suele ser más contenido y gradual, incluso hoy, en medio de tantas tensiones geopolíticas. Esa aparente estabilidad ha sido una de las decisiones económicas más visibles del gobierno, pero también una de las menos entendidas.
Detrás de esa estabilidad no hay magia, hay política fiscal. A través de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la Secretaría de Hacienda ajusta la carga fiscal sobre los combustibles para suavizar el precio final al consumidor. Cuando el petróleo sube, reduce el impuesto; cuando baja, lo recompone. En términos simples, amortigua el golpe.
La lógica es comprensible. La gasolina impacta transporte, logística, alimentos, servicios y, en última instancia, inflación. Permitir aumentos abruptos tendría efectos inmediatos en el costo de vida y en la estabilidad económica.
Cada vez que el gobierno reduce el IEPS para contener el precio de la gasolina, renuncia a ingresos fiscales. No los difiere ni los recupera después, simplemente deja de percibirlos. Y en México, donde la recaudación enfrenta limitaciones estructurales, ese espacio fiscal merece atención.
Los datos oficiales lo han mostrado en distintos momentos. En periodos de alta presión internacional, los estímulos a combustibles han implicado sacrificios recaudatorios relevantes. Recursos que, en otras circunstancias, podrían destinarse a inversión pública, infraestructura o programas sociales.
Entonces, ¿quién paga realmente la estabilidad en el precio de la gasolina? La respuesta no está en la bomba despachadora, sino en las finanzas públicas.
El costo se absorbe mediante menores ingresos para el Estado, lo que obliga a compensar por otras vías, como ajustes en el gasto, reasignaciones presupuestales o mayor presión sobre otros rubros fiscales. En escenarios más complejos, también puede traducirse en mayores necesidades de financiamiento.
Dicho de otra forma, lo que el consumidor no paga en la estación de servicio, el Estado deja de recaudar. Porque la contención de precios contribuye a moderar la inflación en el corto plazo, pero también introduce tensiones en el equilibrio fiscal. Es el tipo de decisión que define prioridades económicas.
Conviene separar el análisis del juicio fácil. No se trata de descalificar la estrategia, no; en nuestro volátil entorno global, contener choques externos puede ser razonable. El problema surge cuando la narrativa pública se queda solo en el beneficio visible y omite el costo invisible. La estabilidad no es gratuita.
Además, hay un efecto adicional. La contención artificial de precios puede distorsionar señales económicas. Cuando el costo real de los combustibles no se refleja por completo en el precio final, se diluye el incentivo para mejorar eficiencia energética, optimizar logística o acelerar la transición hacia energías alternativas.
A ello se suma la dependencia en la importación de combustibles. A pesar del discurso de autosuficiencia energética, México continúa importando una parte relevante de la gasolina que consume, lo que lo expone a la volatilidad internacional. En ese contexto, la política fiscal actúa como amortiguador, pero también como parche. El fondo del problema sigue ahí.
Sin embargo, comienza a observarse una corrección relevante. Los recientes anuncios del gobierno federal y la ruta planteada por la administración de Claudia Sheinbaum apuntan a una visión más pragmática para fortalecer a Pemex mediante nuevos esquemas de colaboración, inversión complementaria y participación privada en áreas donde el Estado por sí solo ha mostrado límites operativos y financieros.
México produce petróleo, sí, pero durante años no logró traducir esa condición en plena autosuficiencia de refinación. Ahí ha estado una parte central del problema. Ser productor sin capacidad suficiente de procesamiento obliga a importar combustibles y mantiene al país sujeto a factores externos.
Entender que la participación de capital privado no necesariamente debilita al Estado, sino que puede fortalecer su capacidad energética, representa un cambio de enfoque relevante. Pemex requiere eficiencia, tecnología, socios estratégicos y disciplina financiera para dejar de absorber recursos públicos sin resolver rezagos estructurales.
La discusión de la gasolina en México no debería centrarse únicamente en el precio final, sino abrirse hacia una conversación más amplia de finanzas públicas, eficiencia del gasto, política energética y sostenibilidad fiscal.
Porque al final, lo que está en juego no es solo cuánto cuesta llenar el tanque…es cómo se financia esa estabilidad y cuánto tiempo puede sostenerse sin comprometer otros frentes de la economía.
La gasolina, en México, dejó de ser solo un combustible y se convirtió en una herramienta de política económica. La siguiente etapa consiste en que también se convierta en el resultado de una estructura energética más sólida, con mayor refinación, inversión y capacidad productiva nacional.
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Nota del editor: Manuel Herrejón Suárez es un empresario mexicano con más de dos décadas de experiencia en el sector bursátil y mercado cambiario, especialista en gestión de proyectos en el sector financiero. Es Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México y Maestro en dirección de empresas para ejecutivos por el IPADE.
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