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Rappi consigue amparo contra el impuesto a apps en CDMX

De acuerdo con la empresa de entrega a domicilio, este gravamen impactaría negativamente en consumidores, usuarios y repartidores.
vie 18 febrero 2022 01:30 PM
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Además de Rappi, otras organizaciones se han mostrado en contra de la medida del gobierno capitalino.

Rappi, la plataforma de reparto de comida, consiguió una suspensión provisional ante el impuesto del 2% del valor total de cada entrega en la Ciudad de México, debido a que impacta en todas las personas implicadas en su negocio, desde consumidores hasta repartidores.

“Repercute en los consumidores, usuarios y los repartidores, además de que representa una barrera para la reactivación económica y la digitalización de la economía afectando a los pequeños y medianos comercios de la capital”, dijo la empresa a través de un comunicado.

Asimismo, se mostraron esperanzados de que la resolución favorezca a la “construcción de medidas que beneficien a la economía digital y a sus usuarios”.

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A finales de diciembre, el Congreso de la CDMX aprobó la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022, donde se incluyeron nuevas contribuciones, entre ellas un impuesto del 2% a las apps de entrega a domicilio.

La contribución, según lo estipulado en el artículo 307 del Código Fiscal, se aplicaría a todas las personas físicas o morales que realicen actividades de intermediación, publicidad o accesibilidad digital para la entrega o recepción de paquetes, alimentos víveres o cualquier tipo de mercancía en la CDMX.

Sin embargo, Rappi interpuso un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la capital y se le concedió una suspensión provisional. El juez federal, Germán Cruz Silva, fue quien otorgó la suspensión, por lo que ahora comenzará un litigio entre las partes, el cual podría extenderse durante un año.

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La Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno capitalino propuso este nuevo gravamen bajo el argumento de que las apps “hacen uso de la infraestructura de la ciudad”, pero no aportan a la economía nacional. Además, se señaló que el impuesto serviría, precisamente, para desarrollar infraestructura.

“Este nuevo impuesto es a todas luces inconstitucional, ilegal, discriminatorio y discrecional”, dijeron en una carta la Asociación Nacional de Venta Online, la Coparmex y la Concamin. Otras organizaciones que mostraron una postura en contra fueron la Asociación Mexicana de Venta Online y la Asociación de Internet MX.

“Las plataformas son un hecho para la formalidad, si empiezas a encarecer este mecanismo, no hay alternativas más que la informalidad y la operación por fuera. Los bolsillos de los consumidores se van a ver afectados”, dijo a Expansión , Carlos Quintero, coordinador de Impuestos Digitales de la Asociación de Internet MX.

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