En el país, la empresa Therm-X tiene una planta de semiconductores en Tamaulipas que ya está haciendo este proceso. Sin embargo, es la única y aunque la firma mexicana de semiconductores QSM piensa levantar una en Querétaro que iniciaría operaciones en 2025, se requieren inversiones multimillonarias y acciones en las que también participe el gobierno.
Según datos del reporte ‘Oportunidades para el nearshoring de semiconductores’, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Fundación México-EU para la Ciencia (Fumec), los rangos de inversión para una planta de chips de última generación oscilan entre 10,000 y 20,000 millones de dólares. Con un puñado de empresas con esta capacidad (TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC, Tower Semiconductor, Intel, Nvidia, Powerchip Semiconductor Manufacturing y Hua Hong Semiconductor), los gobiernos han optado por contribuir a esa inversión. El ejemplo más claro es la Ley CHIPS, que el presidente estadounidense Joe Biden firmó en agosto de 2022.
Con acento nacional
El objetivo de la Ley de Creación de Incentivos Útiles para Producir Semiconductores (CHIPS Act, en inglés) es fortalecer el papel de Estados Unidos en la industria ante el dominio de Asia, que acapara el 80% de la creación de semiconductores, y fomentar la fabricación e investigación de semiconductores en el país a través de incentivos fiscales, subvenciones y créditos a empresas para estimularlas a construir o ampliar sus plantas en el territorio.
Casas Alatriste menciona que una política industrial para incentivar la industria de los chips en México es posible, pero siempre y cuando se tome en cuenta el contexto nacional. “Es físicamente imposible que México invierta 52,000 millones de dólares (el monto que contempla la ley estadounidense) en nada, y, mucho menos, en semiconductores”, dice.
Desde su perspectiva, una legislación a la mexicana también debe entender la naturaleza del gobierno entrante de Claudia Sheinbaum, que dará continuidad al enfoque de no otorgar incentivos económicos, además de desarrollar los estados que ya tienen cierta participación en la zona centro, y comenzar a incentivarla en los lugares donde aún no tiene presencia.
Eugenio Marín, director ejecutivo de la Fumec, menciona que no es necesaria una Ley CHIPS federal, sino trabajar localmente con inversiones en los estados que ya están dentro de la industria, así como otros que se pueden incorporar a ella a través de otras áreas. Cada entidad, apunta, debería hacer su presupuesto para apostar por el desarrollo de los semiconductores y ayudarse con los recursos de la federación. “Los gobernadores son quienes van a liderar esos cambios”, afirma.
Los especialistas también recomiendan promover colaboraciones binacionales, algo que entendió Estados Unidos, pues entre los puntos de la Ley CHIPS resalta el Fondo Internacional de Seguridad e Innovación Tecnológica (ITSI, por sus siglas en inglés), que incluye en su primera fase una evaluación del ecosistema y su marco regulatorio en México, además de las necesidades de fuerza laboral e infraestructura.
Durante una reunión con los representantes de la Alianza para la Prosperidad Económica para las Américas, el secretario de Estado del país vecino, Antony Blinken, anunció que Estados Unidos producirá chips en Latinoamérica y los primeros países con los que trabajará serán México, Panamá y Costa Rica, con los que tiene fuertes conexiones para el ensamblaje, pruebas y empaquetamiento.
“Estados Unidos, que tiene una economía significativamente más compleja que la nuestra, conoce los retos para poder convertirse en un verdadero fabricante de semiconductores. Y, por lo tanto, sabe que necesita de la complementariedad con otros países. Mientras nosotros no abordemos el tema de forma regional, se nos va a complicar bastante”, apunta el director general de la AmCham.
