“Se observaron tres principales factores por los cuales México salió de este ranking: el entorno macroeconómico poco favorecedor; la falta de transparencia regulatoria —sobre todo en el sector energético, donde se han hecho cambios a contratos— y la canalización de recursos públicos a obras de infraestructura de bajo impacto”, comentó en entrevista Ricardo Haneine, director general de la firma Kearney en México.
El especialista explicó que al igual que en 2020, México salió del índice en 2011, principalmente porque no se vieron concretadas las reformas estructurales, sobretodo para la apertura del sector energético, no obstante entre 2012 y 2013 cuando se llevaron a cabo estas reformas México regresó al ranking a la posición número nueve.
“Esto refleja la importancia que tiene para los inversionistas contar con un marco jurídico que ponga las cosas en claro”, comentó Haneine.
1.- Reglas claras
México puede recuperarse como lo hizo en 2012, pero no tendrá que llevar a cabo una pila de reformas para lograrlo, sino que tendrá que dar certeza de que las reglas para las inversiones no cambiarán, para ello tiene que existir un trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pues aquí también entra el tema de seguridad, agregó el directivo de Kearney.
“En primera instancia se debe preservar el Estado de Derecho, que se respeten las leyes. Se ha enviado el mensaje de que no hay condiciones propicias para proyectos de inversión de mediano y largo plazos, lo que influye en el comportamiento de la demanda; un factor que también es clave para el destino de inversiones de las empresas”, comentó por su parte Ángel García-Lascuraín, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF).
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2.- Valor económico
El índice recién publicado por Kearney refiere que con la propagación de Covid-19 los inversionistas han puesto más atención en los recursos que los gobiernos destinan para atender de la emergencia sanitaria, pero también en los presupuestos para salud y educación en los siguientes años.
Por ello es de amplía importancia el destino de los recursos públicos. Todas las acciones encaminadas en reducir la pobreza, que no haya corrupción, son de amplía aceptación, “pero deben ir aparejadas a las decisiones de valor económico como educación y capacitación, conexión para el transporte de personas y mercancías”, dijo el directivo de Kearney.