Pemex pagó servicios a universidades sin licitar ni obtener resultados

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La subsidiaria que más recursos genera a Pemex ha sido señalada como parte del esquema conocido como la Estafa Maestra, la investigación periodística de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, donde la petrolera daba contratos a ciertas universidades públicas por servicios que no prestaban, y donde los recursos terminaban por desviarse. Tres de los contratos analizados en esta entrega de la ASF coinciden con los investigados en la Estafa Maestra, según datos facilitados por Animal Político a Expansión.

La ASF presentó los resultados de los pagos por 623 mdp realizados en 2018, en 31 convenios firmados por PEP con 14 instituciones educativas; verificando que las universidades no contaban con la capacidad para cumplir con el objeto de la contratación y que acudían a la subcontratación de servicios que tampoco se dieron.

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“PEP adjudicó 17 convenios específicos, con lo cual se limitó la participación de universidades, al no justificar su selección; además, de seis convenios no se proporcionaron los estudios de mercado ni se acreditó la capacidad técnica, material y humana e infraestructura por las instituciones educativas”, dice la ASF en un reporte incluido en la tercera entrega de la Cuenta Pública 2018.

El Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSCe), la Universidad Tecnológica de Usumacinta (UTU) y la Universidad Tecnológica Autónoma de Tabasco (UTTAB) excedieron el porcentaje autorizado por Pemex para subcontratar sus servicios entre 0.1% al 63.5%.

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“Al no contar con la capacidad técnica y humana, las instituciones educativas contrataron personal eventual; además, en las nóminas de la UTU no se identificaron 56 especialistas que realizaron entregables por 2,731.5 miles de pesos (2.7 mdp); de dos convenios de la UTTAB no se localizaron en las nóminas uno y tres especialistas que realizaron entregables por 52,600 y 619,400 pesos, respectivamente”, ejemplifica la Auditoría.

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Pemex eligió a todas las instituciones con las que firmaba los contratos a través de concursos por invitación, en los que no explicaba por qué se requerían sus servicios, ni haciendo estudios de mercado para fijar los precios.

“Para realizar la evaluación económica, las áreas requirentes compararon los precios de las propuestas económicas de las instituciones educativas con los precios de contratos anteriores de servicios similares; al respecto, PEP determinó adjudicar el contrato a la universidad o instituto que ofertara los precios más bajos. Por lo anterior, PEP no evaluó, con base en estudios de mercado, con el fin de identificar mejores precios”, dice el organismo.

Además, tampoco daba seguimiento puntual a las subcontrataciones porque se contemplaban como de “buena fe”, según contestó Pemex a la ASF.

“Asimismo, PEP indicó que, considerando la buena fe de lo comunicado por escrito por los titulares de las instituciones educativas, consideró válida la capacidad técnica, material y humana, infraestructura, tecnología, liquidez y experiencia, lo cual no fue suficiente, ya que las universidades no contaban con dicha capacidad”, dice la Auditoría Superior.

En seis convenios, PEP pagó a tres instituciones educativas 95.4 millones de pesos (sin considerar IVA ni descuentos). Las universidades subcontrataron a dos personas físicas y nueve morales a las que en 2018 pagaron 70.3 millones de pesos (73.7%), es decir, las universidades sólo dispusieron de 25.1 millones (26.3%).

La ASF identifica en estos seis casos de ITSCe, UTU y UTTAB la subcontratación con las firmas Comunicación Estratégica Samar, Valencia Consultores Ambientales, Suministro y Servicios de Especialidad Petroleras, Consorcio Zeigte, Emabus Operaciones y Logística, PSL Mantenimiento y Servicios, Oil Comunication Company, Grupo VAPE 360 y Petroservicios del Sur, además de dos personas físicas.