El acuerdo para frenar la entrada de nuevas centrales renovables y la modificación de las reglas de despacho en el mercado eléctrico ha causado efectos inmediatos en algunas de las empresas del sector, que tienen listos los recursos legales para enfrentar las medidas, dijeron tres fuentes del sector.
Las renovables preparan la lucha legal contra el freno del gobierno
Enel, Engie, Canadian Solar o Neoen son algunas de las firmas que sufrirán los primeros impactos de las medidas adoptadas por el gobierno en el mercado eléctrico.
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Las firmas en primera fila para combatir estos acuerdos son las que ganaron proyectos derivados de la tercera subasta de largo plazo en 2017, la última licitación bajo un modelo que durante el sexenio pasado impulsó el crecimiento de las energías solares y eólicas en México.
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“Todas las empresas que tenían proyectos de la tercera subasta aún estaban por empezar operaciones en el primer semestre de este año, y este acuerdo los afecta de manera directa, por lo que están preparándose para presentar sus amparos”, dice una fuente con conocimiento del asunto, que habló bajo condición de anonimato, ya que las asociaciones quieren evitar exponer a las empresas a represalias del gobierno.
La italiana Enel Green Power ganó cuatro proyectos en la tercera subasta de largo plazo, mientras que la francesa Engie y la canadiense Canadian Solar ganaron tres cada una, de un total de 15 proyectos renovables adjudicados en ese proceso.
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Algunos de los participantes en este mercado han visto afectaciones por esta disposición que emitió el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a finales de abril, argumentando fallas ocasionadas por la intermitencia que genera en la red por la caída en la demanda causada por las medidas para afrontar la crisis sanitaria por la COVID-19.
La firma francesa Neoen es una de las primeras compañías impactadas por la medida del CENACE. La compañía estima que su flujo de operación (Ebitda) puede caer 2 millones de dólares (mdd) al mes, debido a que dejará de inyectar electricidad proveniente de su proyecto El Llano, ubicado en Aguascalientes.
“Como resultado, El Llano ha frenado la producción desde el 3 de mayo (…). Estaba en proceso de pruebas preoperacionales con el CENACE”, explica la compañía en un comunicado en su sitio de internet.
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La emisión del acuerdo afectará de manera directa a 44 proyectos entre solares y eólicos que están en construcción (16) y a punto de entrar en operación (28), que representan inversiones por 6,400 millones de dólares (mdd), según cifras del sector.
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Algunas empresas han presentado los amparos ante el Poder Judicial con el primer objetivo de lograr que los juzgados analicen la suspensión provisional de las medidas, al considerar que la autoridad no fundamentó el carácter urgente y extraordinario de la medida, además de haberse emitido por una autoridad sin la competencia para tomar esta determinación, cuentan dos fuentes del sector que hablaron bajo condición de anonimato.
“Todo el mundo está metiendo los amparos. A partir de esta semana se ingresarán los primeros”, dice una de las fuentes.
La Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asomex) anticiparon que ambos gremios iban a acudir a los tribunales para contrarrestar la medida.
“Queremos ir todos juntos pero nadie a la cabeza, porque ahí es donde nos lastiman. La gran ventaja que tenemos es que aún no han entendido toda la legislación que se puso en curso en 2013”, dice otra de las fuentes consultadas.
Las empresas están enfocadas en frenar las medidas del acuerdo, pero temen que deban abrir un nuevo frente de batalla derivado de un proyecto de acuerdo para establecer una nueva política pública referente a la confiabilidad del sistema eléctrico, y que supone un nivel aún más fuerte de control y freno hacia las energías renovables.
“La idea general, si entrará el documento en vigor, sería que tienes más barreras para la entrada de nuevas centrales (…) Luego, la Seguridad de Despacho se convierte en más importante que la eficiencia económica”, explica Alfonso Gutiérrez, gerente de la consultora especializada Antuko México.
La Secretaría de Energía (Sener) pidió al Diario Oficial de la Federación (DOF), que pertenece a la Secretaría de Gobernación, su urgente publicación con los mismos argumentos sobre la intermitencia de las energías renovables.
“Se ve cada vez más difícil sostener el apoyo de nuestros inversores cuando claramente el gobierno cambia las reglas”, dice una de las fuentes consultadas.
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El DOF y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) desecharon esta petición advirtiendo que las medidas implicaban un impacto económico que debía discutirse y revisarse, pero la dependencia que dirige Rocío Nahle aún puede acudir ante la Conamer para realizar este análisis
“Al menos ganaron tiempo para analizarlo y con la ventaja de que ya tienen el proyecto en sus manos. Pero es preocupante ver que la Sener emite un acuerdo contrario a leyes y reglamentos que están por encima de una política pública”, explica una de las fuentes consultadas.
La imagen de México en materia energética se ha deteriorado desde el año pasado, cuando el gobierno decidió suspender las subastas de largo plazo, haciendo que varias instituciones internacionales cambiaran su opinión sobre el país respecto a la transición energética.
El país cayó 13 lugares en el índice de Transición Energética 2020 del Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), al pasar del sitio 37 al 50 entre 2019 y 2020, según los resultados publicados esta semana por el organismo internacional. México ocupaba el lugar 28 apenas en 2018.
La Secretaría de Energía (Sener) tiene en curso un proceso judicial emprendido por el sector renovable derivado de las modificaciones a las reglas que rigen a los Certificados de Energías Limpias (CEL). El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado a los proyectos eólicos debido un grupo de estos cuentan con subsidios para usar la red eléctrica.
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