El gobierno se ha lanzado contra la generación de electricidad privada en el país, con acusaciones de corrupción en los contratos, aunque en el papel solo han plasmados sus críticas a dos esquemas previos a la reforma energética, sin llegar al punto de considerarlos ilegales.
Los contratos en la modalidad de autoabasto y producción externa o independiente de electricidad son los que parecen estar detrás de las acusaciones de corrupción hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador , y que han sido criticadas desde los análisis expuestos por la Secretaría de Energía (Sener).
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Ambas figuras nacieron bajo un marco legal que, si bien hoy está derogado, la reforma energética previó mantener para proteger las inversiones realizadas en el pasado. Así, existen un puñado de plantas que pudieron tomar una mayor ventaja en la transición entre ambos modelos eléctricos, pero que al final se ampararon en la ley, coinciden expertos del sector.
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El gobierno ha apuntado sus baterías en contra de las centrales con permiso para autoabastecerse y considera que se abusó del esquema para que miles de socios pudieran recibir electricidad de estas compañías pagando una tarifa menor por concepto de trasporte.
“Los contratos de autoabasto fueron utilizados para simular el concepto original, mediante ‘socios’ consumidores incorporados con acciones ínfimas de capital, que les ha permitido el acceso a tarifas subsidiadas de porteo, utilizando la infraestructura de transmisión y distribución de la CFE”, dice la Sener, dentro del Programa Sectorial de Energía (Prosener) 2020-2024, un instrumento publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación.
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El documento recoge las críticas realizadas desde el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2019-2033, publicado a mediados del año pasado, donde se apuntaba que estos esquemas habían permitido que se crearan centrales donde miles de socios podían abastecerse de su electricidad.
“Un ejemplo de empresa autoabastecedora sin consumo propio, con capacidad superior a 200 MW, tiene más de 7,000 socios, de los cuales 80% son oficinas y comercios de grandes corporativos”, dice el documento.
Aquí se agrega que este tipo de contratos generaba pérdidas para CFE por 7,820 millones de pesos (mdp). “Dichos contratos serán vigentes hasta 2039, que de continuar así, arrojarán pérdidas hasta por 160,000 millones de pesos”, según Sener.
La dependencia que dirige Rocío Nahle califica esto de un desorden y subsidios para privados, pero sin hablar de actos de corrupción. En cambio, admiten que los esquemas estaban amparados por la ley anterior a la reforma energética.
Las pérdidas que aducen en ambos casos nacen de las llamadas tarifas de porteo, y en especial de la verde o estampilla para renovables, que al final se reconoce en los costos que puede cobrar CFE en sus tarifas finales a los usuarios. Es decir, no implica en sí un impacto negativo para la compañía en su conjunto.
“Cualquier modificación de los instrumentos que regulan los cargos por porteo no sería sostenible técnica y jurídicamente, ya que la propia LIE (Ley de la Industria Eléctrica) reconoce los instrumentos vinculados a los CIL (Contratos de Interconexión Legados), mismos que se respetarán en sus términos hasta la conclusión de la vigencia de los contratos respectivos”, dice un estudio de la entidad del Monitor Independiente del Mercado, publicado el 15 de mayo.
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La Comisión Reguladora de Energía (CRE), a pesar de esta advertencia, decidió elevar los cargos entre 500% a 800% para frenar este déficit; mientras las empresas se han amparado y buscado la suspensión contra esta alza. Este incremento, además, solo cubre cerca de la mitad de este saldo negativo, debido a que existe un gran número de centrales con este tipo de permisos que generan a través de otros combustibles como el gas natural.
“Para desarrollar este tipo de contratos necesitas mucho tiempo, hablamos de años. Porque para financiarlos requieres garantizar que alguien te va comprar la energía, y son contratos con 20, 50 o más centros de carga”, dice Casiopea Ramírez, analista de la consultora Fresh Energy.
Los centros de carga se refieren a cualquier unidad de negocio que consume la energía y que puede ir desde un parque industrial hasta una tienda de conveniencia. El sector privado ha criticado justo la medida de incrementar tarifas, debido a que pueden impactar a varias industrias que reciben su electricidad al ser socios de estos autoabastos renovables, la gran mayoría eólicos.
Otra queja del gobierno sobre este esquema es que la electricidad que generan estas centrales tampoco la consumen las empresas en el sitio, lo que causa que existan centrales concentradas en una zona donde en realidad no se requiere tanta electricidad, como el caso de las eólicas en Oaxaca, donde existe un gran recurso de viento.
Pero la figura de autoabasto justo promovió que se dieran estos proyectos renovables en el sur del país a través de las llamadas Temporadas Abiertas, donde los participantes iban a recibir el beneficio del porteo estampilla a cambio de construir la infraestructura para interconectarse a la red, y que a su vez esta pasara a manos de CFE.
“Las tarifas de porteo anteriores se diseñaron para cubrir los costos de la operación de la red porque las nuevas inversiones estaban siendo realizadas (y aún sigue siendo el caso) por los generadores (por ejemplo la temporada abierta de Oaxaca)”, explica Francisco Salazar, ex comisionado presidente de la CRE.
El gobierno también tiene en la mira a los llamados Productores Independientes de Energía (PIE) o Productores Externos de Energía (PEE), un tipo de contrato que se adjudicaban a través de licitaciones de proyectos que CFE tenía en su cartera, pero no tenía el dinero para impulsar.
“La empresa productiva del Estado ha venido comprando electricidad a partir del año 2000. Para ello, les ha facilitado la adquisición de terrenos, construcción de centrales, así como su interconexión a la red eléctrica, suministro y transporte de combustible, estudios técnicos de factibilidad, permisos y licencias, por lo que se convierten en proveedores constantes y soportados por la CFE”, dice Sener en el Prodesen.
Las tarifas que consiguió la eléctrica nacional con estos proyectos, que suman 31 centrales, son más baratos en su conjunto que los generados por centrales operadas por la CFE, apunta Paul Sánchez, director general de Ombusman Energía.
“Se creó un modelo que parecía positivo entonces: a las empresas les pago un precio por maquilarme la electricidad en el punto que les diga, y en ese momento les pago”, dice el especialista.
Una de las quejas de CFE y el gobierno respecto a estos contratos puede surgir además de que los precios fijados se encuentran indexados al dólar, y con la depreciación del peso, pueden tornarse más costos, pero esta referencia existe en casi todos los contratos de electricidad en el país, dice el especialista.
“CFE Generación V, que le compra la electricidad a estos PIE, incluso gana dinero, no lo pierde, porque las plantas de ciclo combinado están en este esquema, y son de las más eficiente de todo el mercado eléctrico”, dice Sánchez.
Lo que se encuentra detrás de estas críticas, a ojos de los analistas, es que CFE quiere recuperar su vocación de construir y operar las centrales eléctricas, y no depender de terceros para estos servicios, una visión que en el pasado dejó altos costos.
El tránsito entre la antigua ley y la actual Ley de la Industria Eléctrica también ha causado condiciones especiales que pueden verse como inequitativas para todos los participantes incluida CFE, dice Paolo Salerno, director general de Salerno y Asociados.
“En muchas cosas estoy de acuerdo, pero las formas en que han utilizado para llevar a cabo estos cambios han sido inadecuadas. Hay cosas que se pueden mejorar actualmente, tienen la capacidad legal para hacerlos, pero no son las formas. Están siendo muy pocos inteligentes”, dice el especialista.
Pueden existir algunos contratos que hayan aprovechado ciertas lagunas de la ley anterior al pedir permisos al filo del cambio del régimen, y eso pudo haberse evitado dando un menor plazo de vida para este tipo de esquemas, considera Salerno.
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Pero el gobierno de López Obrador ha decidido lanzar de frente contra estos esquemas en una cruzada por llegar a la autosuficiencia energética, liderada por Pemex y CFE, sin modificar la constitución ni las leyes secundarias que nacieron de la reforma energética. Esto, ahora, lo tiene enfrentando con un amplio grupo de empresas ante los tribunales que, por el momento, han suspendido la mayoría de sus cambios.
