La Comisión Reguladora de Energía (CRE), un órgano que se encarga de vigilar a los mercados en electricidad, gas natural y petrolíferos, ha saldado su paso por la administración de Andrés Manuel López Obrador con centenares de despidos y sin un rumbo claro sobre el papel que debe jugar dentro de un gobierno que tiene como prioridad impulsar a los exmonopolios de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La salida de entre 150 y 200 personas del órgano regulador la semana pasada solo confirmó que tanto la nueva administración como quienes lideran las decisiones dentro de la CRE viven un divorcio total con las ideas del personal que trabajaba en el regulador desde hacía años. Y ha acrecentado la incertidumbre sobre el porvenir de esta dependencia que llegó a tener casi 1,000 empleados, y que quizá ahora ronde entre los 200 a 400.
“Si tuvieran que irse los 200 o 400 que quedan para transformar a la CRE, que así se haga”, dice un funcionario de alto rango de la Comisión, que habló bajo condición de anonimato, porque no tiene autorización para hablar en nombre de la dependencia.
Las diferencias entre el personal de la CRE y los comisionados, que encabezan el órgano de toma de decisiones finales del regulador, ha sido patente desde los convulsos cambios que vivió la organización a lo largo de la primera mitad de 2019 . El escenario entonces llevó a la salida de casi todos sus miembros en medio de una confrontación pública y tensa entre López Obrador y el ex comisionado presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, que también se saldó con la salida de cientos de colaboradores del regulador.
El diálogo con los comisionados tras la entrada del comisionado presidente Leopoldo Melchi García ha sido casi inexistente , algo que no sucedía al menos desde la reestructura de la Comisión con la reforma energética, coinciden cuatro extrabajadores del ente que salieron tras este último recorte, y que hablaron bajo condición de anonimato.
“Había una desconfianza hacia nosotros, una paranoia sobre nuestro trabajo”, dice una de las fuentes consultadas.
Esta falta de comunicación era patente también para los nuevos comisionados que solo recibían informes a través de la secretaría general de la CRE, mientras que la desconfianza era mutua hacia el trabajo que realizaban varias de las áreas de la comisión.
“La manera en que estaba organizada la CRE era para que firmáramos lo que de las privadas viniera. Pero eso se va a transformar”, dice el alto directivo.
La Comisión no contestó a solicitudes de información sobre los despidos. Los comisionados aún no han sido informados de los detalles de este movimiento, pero conocían y concordaban en que había que realizar recortes, dice la fuente de alto nivel.
La CRE, un órgano pensado para minimizar el impacto de un cambio de gobierno al otorgar ciclos transexenales entre los comisionados, tendía a ver importantes salidas de su personal con la entrada de un nuevo gobierno, matiza Eduardo Prud’homme, quien laboró en el ente por 15 años.
“No es nuevo esto pero ahora es dramático. Lo que está ocurriendo es tremendo porque antes la intención no era desaparecer a la CRE sino tener a su gente de confianza. Pero no había una intención de desmantelarla, algo que se ve ahora”, considera el exfuncionario.
El personal entrevistado coincide en que, tras los cambios y recortes del año pasado, sus tareas se había visto mermadas en materia de vigilancia y regulación, debido a que no se les tomaba en cuenta para ciertas decisiones que estaba tomando el Pleno de la Comisión.
“Tan sólo en el tema de elevar las tarifas de porteo verde de CFE se les dijo que era ilegal lo que iban a hacer, y eso porque nos enteramos antes de que subiera el proyecto, porque no nos consultaron. Pero nunca supimos si lo tomaron en cuenta, como muchas otras advertencias”, dice una de las fuentes consultadas.
La vigilancia en temas de tarifas y permisos en materia de hidrocarburos, que incluyen a los segmentos del gas natural, gasolineras o gas LP, van a quedar mermadas con este recorte, con menos personal para vigilarlos, dice otra de las fuentes consultadas.
“Ha sido un cambio diametral de un regulador que iba en evolución, y de repente ahora tienes una comisión plagada de personas que no conocen de regulación”, dice otro de los entrevistados.
Los exempleados de la Comisión apuntan que los diferentes jefes de unidad en la CRE, varios de los cuales entraron en los últimos meses tras la designación de Melchi, tienen una relación más directa con Pemex y CFE, que han empujado fuerte para modificar o quitar regulaciones destinadas a contener su poder dominante en varios de los mercados regulados por la Comisión. Con esta nueva administración, se ha tomado la decisión de ir quitando estos candados.
“Con el personal que queda dentro de la CRE, la vigilancia y regulación ahora va a recaer en Sener (Secretaría de Energía), CFE, Pemex o el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía)”, dice una de las fuentes.
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El regulador ha tomado decisiones que de manera directa han beneficiado a Pemex y CFE, como la tomada a finales del año pasado para quitarle regulación asimétrica a la petrolera.
La inacción del regulador para aprobar permisos también resulta positiva para los exmonopolios, que ven retrasada la entrada de nueva competencia a sus mercados. “Al no haber sesiones, si no lo hacen, todo lo que está en fila se atrasa y se vuelve un embudo. Antes se hacían sesiones al menos una vez por semana. Ahora ves una cada mes”, apunta una de las fuentes consultadas.
Esta falta de confianza en el regulador por parte del sector privado ha puesto en alerta a empresas tanto nacionales como extranjeras, que han llamado la atención ante el retraso para solicitudes de permisos.
“Ahora se tiene una visión binaria donde lo privado es abuso y lo público es lo que funciona, cuando la competencia se puede dar entre ambos, y se necesita de ambos”, dice Severo López, experto en política y regulación energética.
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El gobierno no ha logrado construir de manera “creativa” una vía para lograr sus objetivos de fortalecer a las empresas estatales desde la regulación en competencia, con el fin de no dañar a los usuarios finales. “El tema ideológico está cegando esta parte creativa de la política pública”, dice el especialista.
El regulador energético con más de 25 años de existencia ahora se ve amenazado por la incertidumbre sobre el rumbo que quiere darle la nueva administración. La legislación que lo rige nació de una visión que buscaba favorecer la inversión privada en el mercado, conteniendo el poder monopólico de Pemex y CFE y ahora se está viendo “minada” desde los pisos más bajos de su regulación para fortalecer el papel del Estado en la economía.
