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LA CICIG, el ejemplo de la lucha anticorrupción en Guatemala, llega a su fin

El ente de Naciones Unidas, un experimentó único en el mundo, provocó la renuncia del ex presidente Otto Granados en 2015.
mar 03 septiembre 2019 01:15 PM
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"El pueblo no olvidará", señalaba un colorido mural pintado en el edificio que fue sede de la CICIG en Ciudad de Guatemala, que luego fue borrado.

Una inédita lucha contra la corrupción en Guatemala llega a su fin este martes, con el cierre de una misión antimafias de la ONU que llegó a acusar a sectores considerados intocables y provocó la renuncia en 2015 del entonces presidente Otto Pérez.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de Naciones Unidas único en el mundo, termina su mandato tras 12 años de funcionamiento luego de que el presidente Jimmy Morales revirtiera su promesa de pedir una ampliación hasta 2021.

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Enemigos políticos

El trabajo de la CICIG, reconocido como uno de los mayores esfuerzos contra la corrupción en el mundo, le ganó sin embargo, muchas enemistades dentro de Guatemala.

Morales, quien antes elogiaba el trabajo de CICIG, llegó a señalarla de ser una amenaza a la paz del país y prohibió el regreso de su jefe, el ex juez colombiano Iván Velásquez, a quien declaró persona non grata y acusó de interferir en asuntos internos de Guatemala.

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El presidente Morales, un excomediante que incursionó en la política, celebró la salida del organismo y exigió no volver a permitir un experimento así en el país.

"Lo más delicado es que quisieron intervenir en los asuntos nacionales con la máscara de la lucha contra la impunidad y la corrupción", dijo el líder el lunes en su discurso durante un acto en el Palacio Nacional de la Cultura.

El gobernante sostuvo que la CICIG "violentó el orden público" y que Guatemala "no se los va a perdonar".

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"¿Para eso está las Naciones Unidas?", preguntó y enseguida agregó que la ONU "está conformada para velar por la paz de las naciones".

El presidente anunció que irá a la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora en septiembre, "para irles a decir lo que hicieron en el país" e insistió que la CICIG "socavó la justicia y violó la soberanía del país".

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Alejandro Giammattei, quien resultó electo presidente en los comicios del 11 de agosto y asumirá el poder el próximo 14 de enero, se negó a pedir la continuidad de la CICIG y en su lugar anunció la creación de una comisión anticorrupción desde el gobierno con apoyo internacional.

Cuestionado por la prensa acerca de cómo garantizará la independencia del Ministerio Público con la creación de dicha entidad anticorrupción, Giammattei aseguró que su autonomía "se mantendrá totalmente" e incluso mencionó que habrá fiscales participando, pero reconoció que "nosotros les vamos a pasar los casos".

Giammattei anunció que viajará este martes a Washington donde sostendrá una reunión sobre el combate contra la corrupción con el secretario de Estado, Mike Pompeo.

La salida de la CICIG deja una situación de incertidumbre sobre la continuidad de investigaciones de alto impacto y el ataque a la raíz de la corrupción.

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Eleonora Muralles, presidenta de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), dijo que la salida de la CICIG responde a "presiones de los sectores oscuros", aludiendo a grupos de poder que se vieron amenazados por la misión.

"Se investigó a estos poderes que antes eran ocultos y ahora ya se desenmascararon, pertenecientes a élites económicas que aquí era prohibido tocarlos. Entonces quieren revertir lo que se ha trabajado o que ya no salgan más casos", agregó la activista.

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Los retos anticorrupción

La CICIG llevó al banquillo de los acusados a empresarios, militares, diputados, alcaldes y otros señalados de corrupción, incluyendo la ex primera dama Sandra Torres , detenida y enviada a prisión el lunes por un caso de financiamiento electoral irregular.

Varias organizaciones sociales han emitido pronunciamientos para agradecer la labor de la misión.

"El pueblo no olvidará", señalaba un colorido mural pintado en el edificio que fue sede de CICIG en Ciudad de Guatemala, que luego fue borrado.

Aunque empezó a funcionar en 2007 a petición del gobierno guatemalteco, fue en 2015 cuando la Cicig agitó el país al revelar un fraude en las aduanas que provocó la renuncia de Pérez, señalado como cabecilla de la estafa.

Su sucesor, Morales, llegó al poder enarbolando las banderas anticorrupción, pero en agosto de 2017, Velásquez y la entonces fiscal general Thelma Aldana pidieron retirar sus fueros al encontrar indicios de financiamiento electoral ilícito en su campaña. El Congreso evitó despojarlo de inmunidad.

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Un año antes, una investigación de la fiscalía y la CICIG llevó al arresto de un hermano y un hijo de Morales por un contrato irregular de alimentos. Ambos fueron absueltos el mes pasado.

El presidente y los detractores de la CICIG insisten que la misión formuló acusaciones sin fundamentos, violó la presunción de inocencia y fue selectiva en sus casos.

Iván Velazquez, el comisionado de la CICIG, dijo que el miedo de Morales al Organismo es un reconocimiento a su labor.

"A pesar del éxito de la CICIG en el enjuiciamiento de muchas personas poderosas, fue Jimmy Morales, el presidente saliente de Guatemala, quien decidió no extender el mandato después de enfrentarse a una investigación criminal. Su miedo a la CICIG es un reconocimiento de la eficacia de la comisión. Su éxito al alejar finalmente a la CICIG debe prender focos de alerta", escribió el colombiano en un artículo para The Washington Post .

Muralles rechazó esos argumentos, señalando que la "CICIG buscó y encontró esas negociaciones oscuras", e indicó que sectores empresariales del país "se aliaron" con Morales "que por supuesto prefirió servir de alfombra y el país ya no le importó".

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La CICIG "tocó el corazón de la impunidad y la corrupción" en "personajes que tienen un muy fuerte poder económico", dijo Álvaro Montenegro, del colectivo Alianza por las Reformas.

Para el activista, evitar un retroceso en la lucha contra la corrupción será un "gran reto" para la sociedad civil guatemalteca.

"Será una responsabilidad de la ciudadanía de estar empujando al Ministerio Público. De estar observando, fiscalizando y de estar exigiendo que se continúe con esta labor" anticorrupción, agregó.

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Carmen Aída Ibarra, ex directora del Movimiento Pro-Justicia, sostiene que la responsabilidad recaerá ahora en las manos de los fiscales guatemaltecos, a quienes se les dará un voto de confianza.

“Estamos ante un cambio de época que abre paso a nuevos actores. Porque si antes eran los fiscales, los investigadores, los litigantes internacionales, ahora tenemos que pensar que la nueva etapa va a depender de fiscales e investigadores guatemaltecos. Y tenemos que darles un voto de confianza a los fiscales que integran la Fiscalía especial contra la impunidad que son los que van a dar continuidad a los casos", dijo en entrevista con RFI.

"Sí se puede"

La Fundación Right Livelihood, que entregó en 2018 su llamado Nobel alternativo a Aldana y Velásquez, calificó el trabajo de la CICIG como "una de las campañas anticorrupción más exitosas del mundo".

"Su experiencia debe usarse como una hoja de ruta para el futuro también en otros lugares del mundo donde la corrupción está dañando a la sociedad", dijo su director Ole von Uexkull.

La CICIG en su informe final destacó que desmanteló 70 estructuras criminales , llevo a juicio a 600 personas y logró 400 condenas.

"Creo que mis principales logros tienen que ver con haber generado una conciencia ciudadana (...). Que sí se puede adelantar investigaciones serias y profundas independientemente de quién sea la persona a la que se esté investigando", señaló Velásquez en una entrevista divulgada por la ONU.

Aldana expresó en Twitter su reconocimiento a la misión: "Gracias Cicig por el legado de justicia y conciencia ciudadana. Juntos lo hicimos".

Con información de AFP y EFE

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