Priscilla Alvarez
WASHINGTON- A Lisa Dornell le encantaba su trabajo. Durante 24 años, fue jueza en el tribunal migratorio de Baltimore y conoció cientos de casos de inmigrantes que trataban de quedarse en Estados Unidos.
"Era un honor. Fue un privilegio presidir en tantos casos tan diferentes y poder dar alivio a la gente que necesitaba alivio", dijo Dornell en entrevista con CNN.
Sin embargo, dejó ese trabajo en abril, decisión que sigue suscitando una oleada de emociones cuando lo recuerda. "El entorno tóxico hizo más fácil y al mismo más difícil irme", cuenta Dornell.
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A lo largo del año pasado, en lo más álgido de la crisis migratoria, se han ido 45 jueces, que han ocupado otros cargos en el sistema de tribunales migratorios —a cargo del Departamento de Justicia— o han muerto, según la dependencia. Es casi el doble de los que dejaron sus cargos en los ejercicios fiscales de 2018 y 2017, cuando se fueron 24 y 21 jueces, respectivamente, según datos proporcionados por el sindicato de jueces.
Las razones por las que los jueces han dejado la toga varían, pero en entrevistas con jueces que se han ido en meses recientes, surge un tema en común: la frustración por la cantidad creciente de políticas que, en su opinión, socavan su autoridad.
Su partida coincide con el retraso de más de un millón de casos al que se enfrenta el Departamento de Justicia. El sistema está sobrepasado y los casos migratorios tienen un rezago de varios años, lo que deja a muchos inmigrantes que viven en Estados Unidos en la incertidumbre respecto a si les permitirán quedarse o si les ordenarán que se vayan.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado repetidamente el sistema migratorio del país y le molesta específicamente la práctica de liberar a los inmigrantes mientras esperan su audiencia judicial. Para remediarlo, la administración ha intentado contratar a más jueces migratorios. Hace poco, la judicatura migratoria alcanzó máximos históricos, aunque el Departamento de Justicia sigue teniendo que lidiar con jueces que se van por desacuerdos ideológicos.
En un comunicado que la Dirección Ejecutiva de Revisión Migratoria del Departamento de Justicia dirigió a CNN, su vocera, Kathrym Mattingly, dijo que la dependencia "hace planes continuos para enfrentar el desgaste y tanto las mejoras en el proceso de contratación como la política de 'cero tribunales vacíos' ayuda a minimizar el impacto operativo de las separaciones y las jubilaciones [de los jueces migratorios]".
La dependencia no lleva registro de las razones personales de las jubilaciones o las renuncias, señaló Mattingly.
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Los jueces migratorios, que trabajan para el Departamento de Justicia, tienen la responsabilidad de obedecer las políticas que establezca cada administración.
"La naturaleza del trabajo cambiaba según las administraciones", explica Dornell. "Siempre era tolerable. Todos trabajamos en el entendido de que implementar las políticas que le parezcan adecuadas es prerrogativa de la administración".
La administración Trump no fue la excepción. El primer secretario de Justicia de Trump, Jeff Sessions, implementó una serie de cambios al sistema de tribunales migratorios que ha continuado con su sucesor, William Barr.
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El Departamento de Justicia ha impuesto cuotas de casos, lo que da más poder al encargado de la supervisión de los tribunales; ha revertido fallos, coartado la capacidad de los jueces de ejercer su criterio en algunos casos e intentado quitarle la certificación al sindicato de jueces migratorios.
Con el tiempo, esos actos provocaron que los jueces migratorios, que en algunos casos eran candidatos a la jubilación y tenían décadas de experiencia, dejaran la dependencia pese a que en un principio tenían pensado quedarse más tiempo.
"Sentí entonces y siento ahora que esta administración está haciendo todo lo que está en sus manos para destruir completamente el sistema de tribunales migratorios, la junta de apelaciones migratorias y el sistema migratorio en general", dijo Ilyce Shugall, quien trabajó como jueza migratoria en San Francisco de 2017 hasta marzo de este año. "Yo sencillamente no podía ser parte de eso".
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A lo largo de los casi dos años que ha sido secretario de Justicia, Sessions transformó los tribunales y aprovechó su autoridad para revertir fallos, contratar a más jueces migratorios e implementar una cuota de casos para los jueces.
Uno de los discursos que Sessions les dio a los jueces dejó huella. En junio de 2018, en Washington, Sessions denunció el sistema porque en su opinión, incitaba a los migrantes a presentar solicitudes de asilo sin fundamentos y les recordó a los jueces su función en el combate a dichas pretensiones.
"Su obligación es decidir eficientemente los casos y mantener el funcionamiento eficaz, justo y constante de nuestras leyes federales", dijo Sessions. Más tarde, ese mismo día, emitió un fallo con el que retiró las protecciones de asilo para las víctimas de violencia doméstica y del crimen organizado.
"Para ser honestos con ustedes, en esa sala de juntas había varios jueces que vitorearon y aplaudieron cuando lo anunció", dijo la ex jueza migratoria Rebecca Jamil, refiriéndose al fallo que Sessions emitió después de su discurso. "Para mí fue grotesco".
Jamil, quien trabajaba en los tribunales migratorios de San Francisco, tenía entre sus casos el de algunos migrantes que habían huido de su país y afirmaban que eran víctimas de violencia doméstica. El fallo de Sessions afectó directamente a estos casos.
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Denise Slavin, otra jueza que asistió al discurso de Sessions, recuerda que la gente se quedó boquiabierta. Slavin se volvió jueza en 1995 y dejó su cargo de jueza en Baltimore en abril de este año.
El discurso y el fallo subsiguiente de Sessions fue uno de varios cambios reglamentarios que empezaron a desgastar a los jueces.
"Cuando has estado presente en tantas administraciones, aprendes a adaptarte. Hay muchas cosas diferentes, pero nada como esto", dijo James Fujimoto, ex juez migratorio de Chicago que empezó su carrera como juzgador en 1990 y que también se jubiló en abril.
En particular, la administración empezó a implementar cambios que dictaban la forma en la que se esperaba que los jueces llevaran los casos, con lo que se incrementó el control de los tribunales migratorios. Por ejemplo: el Departamento de Justicia señaló que evaluaría a los jueces migratorios según la cantidad de casos que cerraban y qué tan rápido los procesaban.
Hace unos meses, el Departamento de Justicia también emitió una nueva regla que l e otorga más facultades al director ejecutivo de Revisión Migratoria . Permite que el director que el Departamento de Justicia nombra —que actualmente es James McHenry— intervenga y emita un fallo si las apelaciones no se concretan en un plazo determinado.
"Esto empezó a desgastarme", dijo Jennie Giambastiani, ex jueza migratoria en Chicago que se volvió jueza en 2002 y dejó el cargo este año. "La gran cantidad de casos que entraban y la forma en la que se esperaba que los lleváramos".
La jueza Ashley Tabbador, presidente de la Asociación Nacional de Jueces Migratorios, dijo en entrevista con CNN que para la mayoría, dejar su cargo es consecuencia de la "hostilidad y las condiciones laborales insultantes".
Tabaddor señaló que ha habido un patrón: los jueces nuevos se van y regresan a sus antiguos empleos o toman otros en el gobierno.
"Esto no es lo que ellos pretendían", dijo Tabaddor, refiriéndose a las políticas diseñadas para dictarles a los jueces cómo llevar sus casos.
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Los jueces que se han ido de la dependencia manifestaron inquietudes similares respecto a estas políticas. Dornell dijo que la situación es "intolerable".
Shugall recuerda los desafíos a los que se enfrentó cuando trató de avanzar en los casos de maneras que consideraba adecuadas. "Siento que entre más políticas llegaban, más difícil era conocer eficazmente los casos de forma que me parecía adecuada y en conformidad con los reglamentos de las leyes y la Constitución", dijo Shugall.
En un evento, hace unos meses, McHenry rechazó las críticas respecto a que los jueces son vulnerables a la presión del secretario de Justicia.
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"La mayoría de los jueces a los que conocemos, y no creo que los jueces migratorios sean la excepción, saben cuál es su papel como jueces", dijo. "Nadie se ha quejado de que alguien se acerque a jueces en específico y les diga: 'Tienes que fallar en tal o cual sentido'".
Hace unos días, el Departamento de Justicia anunció la contratación de 28 jueces migratorios, con lo que llegaron a 465, un máximo histórico. La mayoría proviene de otras dependencias gubernamentales.
No es raro que las administraciones contraten a gente que ha hecho carrera en la administración pública, pero en la administración Trump, Booz Allen Hamilton, de la Dirección Ejecutiva de Revisión Migratoria del Departamento de Justicia, emitió un informe en el que recomienda que la dependencia diversifique los antecedentes de los jueces migratorios.
Las políticas de contratación de Departamento de Justicia han sido blanco de las críticas de los diputados demócratas, quienes afirman que algunos denunciantes han manifestado sus inquietudes respecto a la discriminación por motivos políticos en la contratación de jueces migratorios. La dependencia ha negado que la ideología política sea un factor.
La dirección de los tribunales migratorios estadounidenses también es fuente de preocupaciones para los grupos activistas en migración. Este mes, algunos grupos interpusieron una demanda muy amplia con el argumento de que la administración Trump ha manipulado el sistema de tribunales migratorios para beneficio de un "proyecto antiinmigrante".
Aún está por verse qué cambios le esperan al sistema de tribunales, pero algunos de los jueces que han dejado la toga se sienten culpables de haberse ido y les preocupa quién ocupará su lugar.
"La cosa más grande con la que tenía conflicto era quién me reemplazaría", dijo Jamil. "Sé que yo era una jueza justa".
