Priscilla Alvarez y Caroline Kelly
Un juez federal en Oregon bloqueó la medida del gobierno Trump para negarles visas a inmigrantes si no pueden demostrar que contarán con un seguro de salud.
El juez Michael Simon dictaminó que la proclamación del presidente “que exige a los inmigrantes legales entregar pruebas de seguro médico antes de que el Departamento de Estado emita una visa es incompatible con el INA”, en referencia a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Simon previamente había prohibido temporalmente a la administración implementar la política, y ahora ha otorgado una orden judicial preliminar a nivel nacional hasta que se resuelva el caso.
La política le exigiría a los solicitantes de visa verificar que están protegidos por un seguro de salud aprobado dentro de los 30 días posteriores a su entrada en los Estados Unidos medio. El seguro de salud aceptado incluye planes de cobertura familiar y patrocinados por el empleador, planes de salud individuales no subsidiados y planes a corto plazo, pero no subsidios de Medicaid o de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio.
La política le exigiría a los solicitantes de visa demostrar que estarían protegidos por un seguro de salud aprobado dentro de los 30 días posteriores a su entrada a Estados Unidos o que podrían “pagar por los costos médicos razonablemente previsibles”, un posible obstáculo para los inmigrantes, especialmente si no cuentan con los medios financieros. El seguro medico que sería aceptado incluye planes de cobertura familiar y patrocinados por el empleador, planes de salud individuales no subsidiados y planes a corto plazo, pero no subsidios de Medicaid o de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.
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La decisión de Simon se produce a raíz de una demanda presentada por un grupo de ciudadanos estadounidenses que señalan que la política efectivamente sirve como una nueva forma de “separación familiar”. Argumentan que imponer esta barrera a miles de inmigrantes podría resultar en la separación de quienes están inmigrando a través de las visas patrocinadas por familiares.
Esther Sung, litigante principal de Justice Action Center que representa a demandantes en el caso, dijo en un comunicado que estaba “muy agradecida por este fallo judicial que mantendrá a las familias juntas y permitirá que otras se reúnan”.
“Esta decisión es un control importante sobre los esfuerzos de la administración Trump para reescribir las leyes de inmigración y atención médica de nuestra nación violando los límites establecidos en la Constitución”, agregó.
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Nadia Dahab, abogada de de Innovation Law Lab que también representa a demandantes, elogió la decisión de “proteger a las familias inmigrantes de nuestra nación de sufrir daños irreparables como resultado de la proclamación perjudicial e ilegal del presidente”.
En octubre pasado, el presidente había firmado una proclamación que exigía que muchos solicitantes de visa de inmigrante demostraran que tienen seguro de salud o los medios para pagar la atención médica antes de obtener una visa de inmigrante.
En la proclamación, Trump señalaba que “los hospitales y otros proveedores a menudo administran atención a los no asegurados sin ninguna esperanza de recibir un reembolso de ellos” y que los costos que estas atenciones generan “se transfieren al pueblo estadounidense en forma de impuestos más altos, primas más altas y tarifas más altas por servicios médicos”.
“Si bien nuestro sistema de atención médica se enfrenta a los desafíos causados por la atención médica no compensada, el Gobierno de Estados Unidos está empeorando el problema al admitir a miles de extranjeros que no han demostrado ninguna capacidad para pagar sus costos de atención médica”, señalaba el presidente.
Según Kaiser Family Foundation, en 2017, tres cuartos de los 27,4 millones de personas sin seguro menores de 65 años eran ciudadanos estadounidenses.
Natasha Chen y Kate Sullivan de CNN contribuyeron a este informe.
