El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el miércoles nuevas medidas para limitar la circulación de las armas de fuego, en momentos en los que aumenta la criminalidad en el país.
Las principales ciudades estadounidenses sufrieron un 30% más de homicidios en 2020, uno de los años más mortíferos en un cuarto de siglo. Y los datos muestran que esta tendencia no perdona a ninguna urbe: grande o pequeña, demócrata o republicana.
Desde la Casa Blanca, Biden denunció una "epidemia" de violencia por las armas de fuego que el país atraviesa "desde hace mucho tiempo y que se ha agravado desde el comienzo de la pandemia".
"Históricamente, el crimen aumenta durante el verano, y ahora que salimos de esta pandemia y el país reabre, el aumento tradicional del verano (en el crimen) podría ser más pronunciado de lo que normalmente veríamos", advirtió.
La estrategia de Biden estará centrada en aportar más recursos a la Policía y a quitar las licencias a los vendedores de armas que sean negligentes.
En particular, el presidente confirmó la creación de cinco unidades para enfrentar el tráfico de armas, centradas en Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Washington. Pues estas ciudades han registrado una fuerte alza en los homicidios en el último año y medio.
Reunirán a fiscales federales, policías especializados y representantes locales, con el fin de "investigar y desmantelar las redes criminales que hacen llegar armas a nuestras comunidades con trágicas consecuencias", según explicó el fiscal general, Merrick Garland.
El gobernante también quiere usar parte del presupuesto del próximo año fiscal, que aún tiene que aprobar el Congreso, para que haya un agente especializado en armas de fuego en todos los departamentos de policía del país.
Las iniciativas se basan en los decretos firmados en abril, cuando Biden pidió al Departamento de Justicia que tomara medidas contra las "armas fantasma" autoensambladas, dijeron funcionarios del gobierno estadounidense.
Este tipo de decretos permiten al presidente actuar sin esperar al Congreso, en el que los demócratas solo tienen una exigua mayoría y los republicanos se oponen generalmente a la imposición de límites sobre las armas de fuego.
Los derechos de las armas, protegidos por la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, son uno de los temas más espinosos de la política local.
¿Y cómo debe actuar el gobierno cuando el Congreso, profundamente dividido sobre el tema, se niega a legislar al respecto? Como ya lo constató Barack Obama en su gobierno, Biden dice que tiene un margen de maniobra muy limitado en este tema.
"No pierdo nunca la esperanza", dijo al ser preguntado sobre la ausencia de avances legislativos. "Mostremos al mundo y a nosotros mismos que la democracia funciona, podemos hacerlo y salvar vidas”.
"Hay demasiados vendedores de armas que creen que pueden salirse con la suya si venden armas a gente que no tiene permiso legalmente para tenerlas", denunció Biden en su discurso.
El mandatario aseguró que el 5 % de los comerciantes de armas del país venden el 90 % de las pistolas ilegales halladas en escenas de crimen, y prometió "una tolerancia cero" contra esos vendedores que incumplen la ley.
"Estos mercaderes de la muerte están rompiendo de ley para conseguir un beneficio económico", subrayó.
"Si venden a propósito un arma a alguien que tiene prohibido portarla, si evitan a propósito controlar los antecedentes del comprador, si falsifican a propósito un historial... Mi mensaje para ellos es: los encontraremos y les quitaremos la licencia para vender armas", añadió.
En concreto, Biden ordenó a su gobierno que revoque las licencias de esos comerciantes la primera vez que se les cace en cualquiera de esas tres circunstancias, con el objetivo de reducir el trasiego de armas ilegales por el país.
El plan de Biden también permite que los estados desvíen fondos del paquete de rescate aprobado en marzo pasado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia —un total de 350,000 millones de dólares— a medidas para reducir la criminalidad.
En concreto, los estados podrán usar ese dinero para contratar efectivos, invertir en nuevos tipos de entrenamiento policial y adquirir tecnología que permita a los agentes responder de manera más rápida a incidentes con armas de fuego.
Además, los estados podrán invertir en programas educativos destinados a prevenir la violencia y dirigidos a aquellas comunidades que, por razones sociales y económicas, tienen más probabilidades de verse envueltas en sucesos con armas de fuego, ya sea como víctimas o como victimarios.
El énfasis de Biden en aportar más recursos a la Policía choca con la postura del ala izquierda de su partido, que durante las protestas raciales del año pasado abrazó una petición para reducir precisamente los fondos a las fuerzas de seguridad estatales y locales, un movimiento conocido como "Defund the police".
"Este no es el momento de darle la espalda a las fuerzas de la ley o a nuestras comunidades", alegó, sin embargo, Biden. El mandatario también apostó por ayudar a la reinserción social de presos para reducir su reincidencia, mediante una mayor contratación de los mismos en puestos del gobierno federal.
Asimismo, el Ejecutivo de Biden tiene previsto dar ayuda de vivienda a algunos ex reclusos y conceder incentivos fiscales a empresas que contraten a un ex prisionero en los primeros 12 meses de su salida de la cárcel.
El presidente demócrata se refirió también a la segunda enmienda de la Constitución, que defiende el derecho a poseer y portar armas. "Siempre habrá la posibilidad de limitar el tipo de armas que pueden ser utilizadas", aseguró en respuesta a quienes se niegan a cualquier tipo de limitación.
A principios de abril, Biden denunció la "epidemia" de violencia debido a las armas de fuego en Estados Unidos, algo que calificó de "vergüenza internacional".
Si bien el alza de la criminalidad es real, el análisis de las causas y la forma de enfrentar este aumento es muy diferente según el posicionamiento en el escenario político.
La oposición republicana insiste en que el deterioro obedece a las reformas policiales adoptadas —o previstas— por determinados municipios tras las grandes manifestaciones contra la brutalidad y el racismo de la policía, aunque el hecho de que casi todos los centros urbanos se vean afectados por el fenómeno debilita este argumento.
Para el representante de Carolina del Norte, el republicano Richard Hudson, el discurso de Biden no cambiará nada.
"Los llamados a recortar los fondos de la policía han implicado un peligroso aumento de la delincuencia. La respuesta del presidente Biden: proponer aún nuevas restricciones a las armas de fuego que solo afectan a los ciudadanos respetuosos de la ley", dijo en Twitter.
"Más que limitar las armas, necesitamos apoyar a nuestros oficiales de policía", añadió junto al hashtag #BidenCrimeCrisis.
"Concepto básico que los demócratas no parecen entender: los delincuentes no respetan las leyes sobre armas", ironizó su colega Andy Biggs.
La portavoz del Comité Nacional Republicano (RNC, secretariado del partido), Emma Vaughn, atribuyó el aumento en el crimen al "fracaso" del presidente a la hora de "castigar a su propio partido por quitar fondos a la Policía”.
Mientras, la mayor organización estadounidense de derechos civiles, ACLU, elogió en líneas generales el plan de Biden, pero advirtió que algunos de sus elementos podrían exacerbar la "criminalización de comunidades" negras o latinas.
"La historia ha demostrado que contratar a más agentes de policía lleva a una mayor persecución de delitos menores en comunidades de color", dijo en un comunicado el director de asuntos de Justicia en ACLU, Udi Ofer.
Con información de AFP, EFE y Reuters
