CIUDAD DE GUATEMALA- Guatemala representaba en 2015 una luz de esperanza para toda Latinoamérica.
A través de manifestaciones pacíficas de hasta 80,000 personas, los ciudadanos consiguieron la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y numerosos ex funcionarios involucrados en una red de fraudes. Actualmente, ellos se encuentran en prisión preventiva y serán llevados a juicio en 2022.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que inició operaciones en 2007 tras un acuerdo con la ONU para combatir redes criminales, destapó el caso que movilizó al país centroamericano. Sin embargo, tras una amplia lucha anticorrupción, solo permanecería activa hasta el 3 de septiembre de 2019 por orden del ex presidente Jimmy Morales, quien tenía numerosas acusaciones en su contra, como el haber aceptado más de un millón de dólares en donaciones ilegales para su campaña política.
El actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ganó las elecciones pocas semanas antes del cese de funciones de la CICIG. Desde entonces confirmó su oposición a este mecanismo: "No necesitamos ayuda de los organismos internacionales para que nos vengan a decir qué hacer. Mejor que no haya gobierno de Guatemala a que sea uno internacional".
El fin de la CICIG dejó huérfana a su unidad de apoyo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Morales y Giammattei, aunque de partidos opuestos, tomaron medidas para debilitarla: retiraron a investigadores con experiencia e hicieron caso omiso del acoso judicial contra trabajadores del organismo.
La última medida fue tomada por la Fiscal General Consuelo Porras al despedir al exjefe de la FECI , Juan Francisco Sandoval, por supuestos "abusos y frecuentes atropellos" contra el Ministerio Público (MP). Según Sandoval, abogado con 16 años de experiencia en la fiscalía, su salida se aceleró por algunas investigaciones que se acercaban al círculo de Giammattei.
Dentro del contexto de la pandemia, la población guatemalteca ya había expresado su descontento ante el gobierno de Giammattei, que gestionó un préstamo de más de 14,600 millones de quetzales (aproximadamente 1,870 millones de dólares) para combatir el COVID-19. Sin embargo, pocas acciones se han efectuado y los centros de vacunación todavía dependen de las donaciones extranjeras.
A estos hechos se sumó el despido de Sandoval. Su destitución actuó como detonante para organizar decenas de manifestaciones y un paro plurinacional en menos de una semana. Los guatemaltecos, cansados de la corrupción política acumulada durante décadas, exigen el despido de diversos funcionarios, incluidos Giammattei y Porras.
Para Ruth del Valle, defensora de Derechos Humanos de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), las movilizaciones podrían conseguir las renuncias solicitadas, tal como sucedió en 2015. Afirma, sin embargo, que no es suficiente y que Guatemala debe dejar de responder a los intereses económicos de la élite, así como erradicar el racismo y las diferencias sociales.
Según expertos como Edgar Ortiz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo, lo que más genera preocupación es la continuidad de los casos de la FECI. Sandoval deja en el aire alrededor de 200 expedientes abiertos, aunque planea aportar desde Washington, D. C., donde se encuentra actualmente tras haber abandonado Guatemala rumbo a El Salvador el 24 de julio.
Por otro lado, genera incertidumbre el nivel de independencia que experimentará la sustituta de Sandoval, Carla Valenzuela, y de qué manera se verán afectadas las relaciones entre el MP y otras instituciones —nacionales e internacionales—. Estados Unidos es uno de los países que ya ha tomado acciones: el Departamento de Estado ha suspendido su apoyo al MP y solicita la restitución del ex fiscal anticorrupción.
También han expresado su preocupación siete miembros del Grupo de Donantes G13, compuesto por los nueve países que destinan más recursos de cooperación a Guatemala. Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza lamentan la decisión del MP y se han suscrito al pronunciamiento que exhorta al país a no abandonar la lucha contra el crimen.
Sin embargo, críticos de Sandoval, como el abogado Raúl Falla, opinan que esta es una oportunidad para que la FECI tenga una dirección objetiva, ya que consideran que el ex fiscal generó un desgaste innecesario para la figura del MP.
Similar a su postura es la del analista independiente Arturo Miranda: “Ya existía demasiada polarización con la figura de Sandoval, creo que tenía demasiado subido el orgullo de poder, ya se había vuelto una fiscalía totalmente independiente a las decisiones de la Fiscal General”.
Por su parte, Giammattei aseguró no querer interferir en asuntos del sistema judicial y advirtió que ya ha dado instrucciones a su Ejecutivo para “promover la cooperación de organizaciones internacionales y países amigos".
