Cada vez más chilenos están contra el borrador de Constitución

Dos años y medio después, aquellas esperanzas parecen estar siendo doblegadas por una creciente desilusión.

“Desde marzo en adelante, cuando se fueron conociendo los artículos que se incluirán en el texto constitucional, las encuestas de opinión han ido marcando una tendencia mayoritaria de rechazo”, dice el analista político Guillermo Holzmann, socio-director de Analytyka Consultores, en Santiago de Chile.

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“Los debates en la Convención Constituyente no vienen reflejando las demandas por mayor equidad que se evidenciaron en el estallido social, sino que se han estado estableciendo propuestas que buscan satisfacer más a minorías que a generar un marco de referencia para toda la sociedad chilena”, asegura el analista.

Ese cambio de humor social abre interrogantes sobre el futuro de la nueva Constitución. Para entrar en vigencia, el texto constitucional debe ser aprobado en un plebiscito previsto para el 4 de septiembre. Las encuestas vienen marcando que es mayor el número de quienes rechazarán la nueva Constitución que el de quienes la aprobarán.

Según un sondeo de la consultora Cadem realizado entre el 11 y 13 de mayo, solo el 38% consideraba aprobar el texto en el plebiscito, una caída sostenida con respecto al 56% registrado en enero. En sentido opuesto, en el mismo periodo quienes rechazan el nuevo texto constitucional pasaron de representar el 33% de los consultados al 46%.

La Convención Constitucional entregó este lunes para su revisión la primera versión de la nueva Carta Magna de Chile, que consagra un nuevo "catálogo de derechos sociales", en respuesta al reclamo de los chilenos por un país con mayor igualdad social.

"Aquí están los anhelos de millones de ciudadanos y ciudadanas que transversalmente depositaron en este proceso sus sueños y esperanzas", dijo la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, en el discurso en el que formalizó la entrega del borrador de la propuesta de nueva Constitución.

Para su revisión, el borrador de 499 artículos fue entregado a la Comisión de Armonización, que debe velar por su orden y coherencia.

Falta de representatividad en la Constituyente

Esa creciente decepción es consecuencia de un cúmulo de factores, entre los que sobresale, para algunos analistas, las singulares características con las que fue integrada la Convención Constitucional.

La sociedad chilena inició el largo proceso el 25 de octubre de 2020, cuando el 78.2% de los electores aprobó en un plebiscito la redacción de una nueva Carta Magna. En esa consulta popular, los chilenos también decidieron que el texto sea redactado solo por convencionales electos, y no por una comisión mixta formada por convencionales y también parlamentarios.

Bajo esas condiciones, en mayo del año pasado, los chilenos concurrieron nuevamente a los centros de votación para elegir a los 155 convencionales constituyentes. Con el recuerdo todavía fresco del estallido social y con la imagen de los partidos políticos tradicionales por el piso, las listas de independientes lograron 48 escaños, un número muy superior al conseguido por las listas de los partidos políticos.

“El problema radica en la composición de la Convención Constitucional, que no representa genuinamente a los chilenos”, dice el analista político Keneth Bunker, director del sitio web de análisis electoral TresQuintos.

“Los independientes no responden a nadie, cada convencional viene con lo propio y eso es muy diferente a lo que conocemos en la democracia representativa donde los políticos responden a cierta jerarquía de ideas: el resultado es que se fueron proponiendo artículos muy inclinados a satisfacer demandas de minorías y que son incoherentes entre sí”, asegura Bunker.

Los acuerdos entre los independientes con los 17 convencionales que fueron reservados a los representantes de los pueblos originarios impusieron desde el inicio el rumbo de la nueva Constitución. A esos consensos se sumaron los 28 convencionales surgidos de la lista Apruebo Dignidad, que representan al izquierdista Frente Amplio, hoy en el gobierno.

La suma de todos esos convencionales supera la mitad de los votos necesarios en las comisiones para que las propuestas pasen al pleno de la Convención y se acerca a los dos tercios requeridos para aprobar los artículos que serán incluidos en el texto constitucional.

“Un texto constitucional debe perdurar en el tiempo”, dice Bunker. “Excluir a las ideas de una parte importante de la sociedad, sin importar que sean buenas o malas, es un problema, y eso es lo que está percibiendo el pueblo chileno”.

Según el sondeo de Cadem, uno de los artículos que provoca más rechazo entre los chilenos es declarar a Chile un Estado plurinacional, parecido al texto que aparece en la constitución de Bolivia aprobada durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

La Convención, sin embargo, aprobó proyectos trascendentales como la creación de un Servicio Nacional de Salud a cargo del estado, y el acceso universal y gratuito en todos los niveles educativos. Esos artículos implican un cambio radical con respecto al papel minimalista que le otorgaba al Estado la Constitución aprobada en 1980.

Puntos grises en la nueva Constitución

Hay otros puntos que generan rechazo entre ciertos sectores de la sociedad chilena.

La definición de Chile como un “Estado plurinacional e intercultural”, el reconocimiento del llamado “pluralismo jurídico”—es decir, la creación de tribunales indígenas que coexistirían con el Sistema Nacional de Justicia— y el establecimiento de una Cámara de las Regiones en reemplazo del Senado aunque con menos facultades legislativas son aspectos que provocan resistencia en parte de la sociedad menos inclinada a los cambios, según las encuestas.

Hay otras zonas grises que causan interrogantes cada vez mayores sobre su viabilidad o su implementación. Por ejemplo, la Convención desestimó una propuesta que buscaba dejar en claro que los ahorros acumulados en los fondos de pensiones no podrán ser expropiados.

Tampoco están claras las implicaciones prácticas del otorgamiento de permisos temporales y revocables para el uso del agua y el viento, lo que podría afectar a la minería, una de las principales actividades de la economía chilena.

Una serie de escándalos protagonizados por convencionales hicieron más ruido mediático. El más emblemático fue el de Rodrigo Rojas Vade.

Luego de convertirse en una de las caras más visibles del estallido social de 2019, Rojas Vade fue uno de los fundadores de la Lista del Pueblo, una agrupación de independientes de izquierda que terminó siendo la tercera fuerza más votadas en las elecciones constituyentes.

En esa campaña sus discursos solían hacer referencia a su dura lucha contra un cáncer para elevar sus críticas contra el sistema de salud. No obstante, meses después Rojas Vade renunció a su puesto en la Asamblea Constituyente, donde ejercía el cargo de vicepresidente, luego de admitir que había mentido sobre su enfermedad.

El plebiscito para aprobar la constitución se celebrará el 4 de septiembre. Durante el tiempo que falta para esta elección, la Constituyente debe defender su proyecto ante las voces de rechazo.

“La visión optimista es que cuando llegue el tiempo de armonizar el texto crezca el consenso y la Convención Constituyente termine respondiendo a ese ideal de cambio y transformación que la sociedad planteó, pero no hay que descartar el escenario pesimista: una sociedad chilena que llegue aún más polarizada al plebiscito del 4 de septiembre”, concluye el analista Guillermo Holzmann.

Con información de AFP