El gobierno del presidente Joe Biden —en concreto, la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia— ha determinado que los materiales no estaban amparados por el privilegio ejecutivo.
Según la carta, "no hay precedentes" de que un expresidente pueda proteger los registros de un presidente en ejercicio utilizando el privilegio ejecutivo cuando los materiales en cuestión pertenecen legalmente al gobierno federal.
Incluso después de que Trump devolvió las 15 cajas a los Archivos, el Departamento de Justicia seguía sospechando que tenía más material secreto en Mar-a-Lago.
El registro del 8 de agosto fue parte de una investigación federal sobre si Trump retiró ilegalmente documentos de la Casa Blanca cuando dejó su cargo en enero de 2021 tras su fallida candidatura a la reelección en 2020 y si intentó obstruir la investigación del gobierno sobre el retiro de los registros.
En una demanda que Trump presentó a última hora del lunes contra el Departamento de Justicia por el registro, dijo que se le entregó una citación del gran jurado el 11 de mayo en busca de registros clasificados adicionales.
El 3 de junio, el jefe de contrainteligencia del departamento y tres agentes del FBI visitaron Mar-a-Lago para inspeccionar un almacén y recoger registros adicionales. A finales de ese mes, Trump recibió una segunda citación en la que se pedía la grabación de las cámaras de seguridad, que también facilitó.
Durante el registro del 8 de agosto, los agentes del FBI recuperaron más de 20 cajas adicionales que contenían unos 11 conjuntos de registros marcados como clasificados.
