El registro de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de la casa de Donald Trump en Florida en agosto ha centrado la atención en su manejo de documentos oficiales mientras era presidente.
Continúan dos investigaciones penales: una sobre posible interferencia electoral y otra sobre presuntos delitos financieros.
Mientras tanto, una investigación política está considerando recomendar cargos penales por el papel de Trump en la toma del Congreso el 6 de enero de 2021.
Por su parte, Trump contempla su reelección presidencial en 2024, pero estos son los casos legales que pueden amenazar sus ambiciones.
Cuando Trump salió de la Casa Blanca, se llevó cajas de discos a su resort Mar-a-Lago en Florida.
En virtud de la Ley de registros presidenciales, la eliminación de registros oficiales puede constituir un delito penal.
Según el propio Trump, "un gran grupo de agentes del FBI" registró su residencia el 8 de agosto.
Su abogada, Christina Bobb, le dijo a NBC News que se habían incautado algunos papeles.
En febrero, los Archivos Nacionales dijeron que habían recuperado 15 cajas de papeles de Mar-a-Lago, que Trump debería haber entregado cuando salió de la Casa Blanca.
Posteriormente, la agencia le dijo al Congreso que las cajas incluían "elementos marcados como información clasificada de seguridad nacional".
Pero Trump afirmó que el gobierno "no 'encontró' nada" y que los demócratas simplemente estaban "en busca de su próxima estafa".
Mantener registros permite que los presidentes rindan cuentas por sus acciones en el cargo, dijo la historiadora presidencial Lindsay Chervinsky a BBC News.
Pero hacer cumplir la Ley de Registros Presidenciales es "complicado" porque requiere la "buena voluntad" de los presidentes para preservar sus registros.
Trump está acusado de incitar una revuelta ya que sus partidarios saquearon el edificio del Capitolio cuando los miembros del Congreso certificaron la victoria electoral de Joe Biden el 6 de enero de 2021.
Semanas antes, hizo afirmaciones por fraude electoral, que repitió en un mitin en el National Mall en Washington DC justo antes de los disturbios.
Poco después, Trump fue absuelto en un juicio político en el Senado controlado por los republicanos y sus partidarios declararon la victoria. Pero ese no fue el final.
En julio del año pasado, algunos políticos demócratas y republicanos formaron un comité del 6 de enero, que examina a detalle las acciones de Trump. Ha obtenido miles de comunicaciones hechas por y para la Casa Blanca ese día.
Hasta ahora, las audiencias públicas del comité han generado una serie de acusaciones, incluido el testimonio de los propios ayudantes y asesores de Trump de que sabía que las afirmaciones de fraude electoral no eran ciertas y que las medidas que estaba tomando para anular los resultados eran ilegales.
Por supuesto, hay una diferencia clave entre estas audiencias y un juicio penal: Trump y sus partidarios no han tenido la oportunidad de ofrecer su defensa.
Si bien el comité no tiene poderes legales para enjuiciar a Trump, podría optar por remitir los cargos penales al abogado principal del gobierno de EU, el fiscal general Merrick Garland.
Los posibles cargos incluyen obstruir el recuento de votos en el Congreso y conspirar para defraudar a los EU anulando los resultados de las elecciones, que pueden ser sancionados con multas o penas de cárcel.
Sin embargo, nunca se ha procesado a ningún expresidente. Se llevarán a cabo más audiencias públicas en septiembre a medida que continúa la investigación.
Unos días antes de la toma del Congreso, el principal funcionario electoral del estado de Georgia recibió una llamada telefónica inusual.
“Solo quiero encontrar 11,780 votos”, dijo un agitado Trump al secretario de Estado republicano de Georgia, Brad Raffensperger.
Los votos le habrían dado a Trump la victoria en el estado clave de 2020. Alegando un fraude electoral sin fundamento, Trump sugirió que tal resultado podría ser posible si Raffensperger pudiera "reexaminar" el resultado.
Los 11,780 votos nunca se materializaron. "Creemos que nuestros números son correctos", dijo Raffensperger.
La fiscal jefe del condado de Fulton en Georgia, Fani Willis, inició una investigación sobre posibles delitos electorales estatales, sancionables con multas o prisión.
Trump ve el caso como una "cacería de brujas", pero su llamada a Raffensperger podría ser una "declaración incriminatoria", dijo Barbara McQuade, profesora de derecho en la Universidad de Michigan.
Sin embargo, los fiscales tendrían que demostrar más allá de toda duda razonable que Trump sabía que sus acciones eran fraudulentas.
La fiscal general del estado de Nueva York presentó una demanda civil por fraude contra Donald Trump y tres de sus hijos involucrados en el negocio inmobiliario familiar, por inflar falsamente su patrimonio neto en miles de millones para enriquecerse y obtener préstamos favorables.
Al anunciar la demanda en Nueva York el miércoles, Letitia James también dijo que se habían hecho referencias a los fiscales federales y al Servicio de Impuestos Internos, una medida que seguramente enfurecerá al expresidente de EU y aumentará la consternación entre su círculo íntimo por la profundidad de su situación legal.
Trump, Donald Trump Jr, Ivanka Trump y Eric Trump fueron depuestos durante la investigación de Nueva York, que comenzó cuando Trump era presidente y duró tres años.
La demanda busca prohibir que los cuatro Trump se desempeñen como ejecutivos en Nueva York y prohibir que la Organización Trump adquiera bienes inmuebles comerciales o reciba préstamos de entidades con sede en Nueva York durante cinco años.
Al anunciar la demanda, James dijo: “La denuncia demuestra que Donald Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema, engañándonos a todos. Lo hizo con la ayuda de los otros acusados”.
James dijo que su oficina descubrió evidencia de violaciones penales federales, incluida la emisión de declaraciones falsas a instituciones financieras y fraude bancario, y había remitido el asunto al distrito sur de Nueva York y al IRS.
La demanda también busca recuperar al menos 250 millones de dólares y prohibir que el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, y el contralor, Jeffrey McConney, ocupen altos cargos en cualquier empresa de Nueva York.
En una investigación separada, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, y su equipo también pasaron más de dos años estudiando detenidamente las finanzas de Trump en busca de posibles delitos.
Para los fiscales, tener en sus manos las declaraciones de impuestos de Trump y acusar al director financiero de su empresa de fraude fiscal fueron dos avances importantes.
Luego, a finales de 2021, Vance dejó el cargo y fue reemplazado por su compañero demócrata Alvin Bragg.
Para llevar adelante el caso, los dos fiscales a cargo de la investigación, Carey Dunne y Mark Pomerantz, trataron de convencer a su nuevo jefe de que tenían pruebas suficientes para presentar cargos penales.
Si bien inicialmente no estuvo de acuerdo, lo que provocó la renuncia de Dunne y Pomerantz, Bragg prometió que la investigación continuaría. Ha dicho que anunciará públicamente cualquier cargo una vez que termine la investigación.
“Ella no es mi tipo”, dijo Trump en respuesta a las acusaciones de que agredió sexualmente a una columnista en la década de 1990. "Nunca sucedió, ¿de acuerdo?"
Eso fue en 2019, días después de que Jean Carroll hiciera las acusaciones. Posteriormente demandó a Trump por llamarla mentirosa.
El caso ha estado sumido durante mucho tiempo en arenas movedizas legales, pero ahora se ha fijado una fecha para el juicio que se llevará acabo el 6 de febrero de 2023, a menos que haya un acuerdo extrajudicial en este lapso de tiempo.
