El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, enfrenta una nueva batalla con la justicia de su país.
La Fiscal de la Nación de Perú presentó el martes una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso, una acción que puede llevar a la suspensión en el cargo del mandatario izquierdista.
Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. Los casos incluyen a su entorno familiar, como su esposa, cuñados y sobrinos.
Desde su llegada al poder, ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia e intentó ya en dos ocasiones destituirlo.
El presidente, maestro rural igual que su esposa, niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
Los presidentes en Perú cuentan con inmunidad y normalmente no pueden ser acusados de delitos criminales. La denuncia constitucional representa un paso relevante para levantar esa restricción, en una de las medidas más agresivas tomadas contra Castillo desde que llegó al poder en julio de 2021.
Esto es lo que sabemos sobre la acusación en su contra y los pasos que siguen para el presidente peruano.
La tesis de la fiscalía es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
"Formulo denuncia constitucional contra José Pedro Castillo Terrones, en su condición de presidente de la República, como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder", señaló Patricia Benavides en un documento difundido en la cuenta Twitter de la institución.
La denuncia incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias: Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, a quienes se sindica como parte de la organización que supuestamente dirige Castillo desde la presidencia.
"Se han hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas", informó Benavides en redes sociales.
"Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción", agregó.
Una cuñada de Castillo, Yenifer Paredes, de 26 años, cumple 30 meses de prisión preventiva desde el 29 de agosto por supuestamente integrar dicha red.
La primera dama, Lilia Paredes, y dos de sus hermanos, Walter y David, también son investigados y afrontan un pedido para prohibirles salir del país por tres años.
La fiscalía de Perú, junto a la policía judicial, inició un amplio operativo en Lima y otras ciudades del país el martes en la mañana. El jefe de Estado reaccionó con indignación a la intervención de las autoridades, que involucró la vivienda de un familiar cercano en la capital.
"La Fiscalía ha ingresado a la casa de mi hermana. Mi madre se encuentra ahí. Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre", había dicho Castillo por Twitter.
La madre del mandatario sufrió una descompensación y fue trasladada a un hospital de Lima, según la estación televisiva Canal N.
La intervención de la fiscalía incluyó asimismo el allanamiento de viviendas de seis funcionarios y amigos de Castillo. Uno de ellos había prestado su domicilio al mandatario cuando llegó al poder para supuestamente concertar con empresarios obras públicas, según la fiscalía.
Cinco de ellos fueron detenidos, entre ellos Auner Vásquez y Biberto Castillo, quienes trabajaban directamente en el Palacio de Gobierno de Perú, donde funciona la oficina del presidente, dijo una fuente de la fiscalía.
Entre las viviendas y oficinas allanadas figuran las de seis congresistas opositores, supuestamente coludidos con el gobierno.
Darwin Espinoza, uno de los legisladores cuya oficina fue intervenida, dijo que la fiscalía está haciendo caso a "chismes" para hacer acusaciones. Como parte de las investigaciones, la fiscalía recibió informaciones de colaboradores que han estado involucrados en las denuncias y que comprometerían a legisladores, a cambio de redenciones de posibles condenas.
El Congreso de Perú, dominado por la derecha, anunció el miércoles que decidirá en dos semanas si abre un antejuicio al presidente izquierdista Pedro Castillo después de que la fiscalía lo acusara por el presunto delito de organización criminal.
"Tenemos 10 días hábiles para determinar si procede o no", dijo a la prensa Lady Camones, quien encabeza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la que compete la decisión.
Camones anunció que el viernes empezarán a evaluar el pedido. Si es declarado procedente se iniciará un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre dos y tres meses antes de que llegue al pleno del Congreso.
Esta subcomisión es la primera valla que debe superar en el Congreso la denuncia de la fiscal general, Patricia Benavides, contra Castillo, una situación sin precedentes en Perú.
Tras avanzar en varias instancias, el proceso puede desembocar en su separación del cargo.
El pleno del Congreso es la única instancia que puede decidir la suerte de Castillo, que fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026.
El jefe de gabinete, Aníbal Torres, dijo que la denuncia que tramita el Congreso es “totalmente improcedente” porque no se ajusta a los términos del artículo 117 de la Constitución, que precisa los delitos por los cuales se puede acusar judicial y políticamente a un presidente en funciones.
"Esta denuncia lo que persigue es desestabilizar al país, es contraria a la Constitución”, declaró Torres a la prensa luego de una reunión del Consejo de Ministros.
El expresidente del Tribunal Constitucional Óscar Urviola declaró al diario La República que la denuncia "tiene elementos para que el Congreso califique la conducta del presidente como permanente incapacidad moral, que lo inhabilita para seguir en el cargo”.
Desde su llegada al poder, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso, dominado por la derecha, que exige su renuncia e intentó en dos ocasiones destituirlo.
En una rueda de prensa con periodistas extranjeros, el mandatario calificó la denuncia constitucional —así como los allanamientos y detenciones— como un "golpe de Estado" orquestado por la Fiscalía General.
"El día de hoy en horas de la mañana se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en el Perú, un golpe de Estado con libretos creados utilizando al Ministerio Público políticamente y (para) hacer creer al país que mi persona lidera una red criminal", denunció el presidente.
En la que fue su primera rueda de prensa desde que asumió el poder, Castillo sostuvo que cuando recorre el interior del país el pueblo le dice que cierre el Congreso, pero que él es "un demócrata". Además, manifestó que "Nosotros vamos a garantizar la estabilidad económica y dar plena confianza a los inversionistas”.
Pero "nos vamos a mantener firmes a pesar de esta persecución política", agregó en la rueda de prensa. "Están fundamentando una acusación que jamás hemos cometido", afirmó.
Con información de AFP y Reuters
