Tras más de 20 años de debates y negociaciones, los países de la ONU adoptaron este lunes el primer tratado para la protección de la altamar, un acuerdo que permitirá establecer zonas marinas protegidas en aguas internacionales y que los ecologistas consideran fundamental para salvar los océanos.
El texto, que se cerró tras un largo proceso negociador el pasado marzo, fue aprobado formalmente este lunes tras haber sido revisado y traducido a los seis idiomas oficiales de Naciones Unidas.
La adopción tuvo lugar por consenso, sin necesidad de una votación, y fue recibida con una gran ovación por los representantes gubernamentales, que festejaron puestos de pie la conclusión de este largo proceso.
"El océano es el alma de nuestro planeta y hoy ustedes le han insuflado nueva vida y le han dado al océano una oportunidad. Han cumplido y lo han hecho en un momento crítico", dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, a los delegados.
Guterres destacó que este "acuerdo histórico" demuestra que la comunidad internacional es capaz de unirse para responder de forma común a los grandes problemas globales y que el "espíritu de la cooperación internacional sigue vivo”.
Aunque la decisión de hoy pone fin a las negociaciones en la ONU, el nuevo tratado no entrará en vigor hasta que al menos 60 países lo hayan firmado y ratificado.
El texto se abrirá a la firma en la sede de Naciones Unidas a partir del próximo 20 de septiembre y Guterres ya pidió hoy a los gobiernos que no se retrasen lo más mínimo.
"Esto es fundamental para responder a las amenazas a las que se enfrenta el océano y para el éxito de los objetivos vinculados al océano de la Agenda 2030 y del Marco Kuming-Montreal de la Diversidad Ecológica", apuntó.
Las organizaciones medioambientales se muestran confiadas, ya que la coalición de países por este tratado suma medio centenar de países, entre ellos la Unión Europea, Chile, México, India y Japón.
Rusia tomó sus "distancias" del consenso al calificar algunas partes del texto de "totalmente inaceptables”.
Para el canciller de Chile, Alberto van Klaveren, el texto adoptado es "esencial para la gobernanza océanica, basada en la justicia y la inclusión", mientras que para Venezuela se trata de una "victoria para los países y los pueblos del sur”.
Para México, en tanto, significa un "compromiso por el estado de derecho internacional”.
El diplomático cubano Yuri Gala López, que habló en nombre del Grupo de los 77 más China, resaltó la "batalla" que libraron los países del sur para incluir algunos aspectos claves del acuerdo, finalizado en marzo tras más de 15 años de negociaciones.
Con buena parte de los océanos del mundo fuera de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los países, y por tanto de la jurisdicción de cada estado, crear una protección para la altamar requería de la cooperación internacional.
El acuerdo crea un marco legal para extender las franjas de protecciones ambientales hacia aguas internacionales, que abarcan más del 60% de los océanos del mundo. Hasta ahora, la altamar estaba gestionada bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara, sin demasiada coordinación y con unas normas inadecuadas para su protección.
El nuevo tratado se establecerá en el marco de la ya existente Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y busca "asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional".
Entre otras cosas, el texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, lo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30% de los océanos para el año 2030.
Actualmente solo alrededor del 1% de la altamar está protegida por alguna clase de medida de conservación.
Además, garantiza que se tenga en cuenta el impacto ambiental de las actividades en aguas internacionales y facilita la cooperación entre países en tecnología marina.
Oficialmente conocido como el tratado de "Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional", también introduce requisitos para llevar a cabo estudios de impacto medioambiental para actividades que se planeen en aguas internacionales.
Si bien dichas actividades no están especificadas en el texto, incluirían desde pesca y transporte marítimos hasta objetivos más polémicos como la minería en áreas profundas o incluso programas de geoingeniería que buscan combatir el calentamiento global.
También crea un marco para compartir los beneficios del mar, especialmente todo lo relativo a los recursos genéticos marinos —especies que pueden proporcionar genes patentables en el futuro, por ejemplo para su uso en medicina—.
En esa cuestión chocaban los intereses de algunos países ricos, que son los que tienen más capacidad para aprovechar esos avances, y los del mundo en vías de desarrollo, que teme verse excluido, y fue uno de los últimos asuntos que se cerraron en las maratonianas negociaciones del pasado marzo.
Con información de AFP y EFE
