Después de modificar el decreto, Bolsonaro convocó a los comandantes militares y los presionó para que apoyaran un golpe de Estado, según el relato de la policía, basado en registros telefónicos y testimonios del exasesor de campo del ex presidente.
Bolsonaro ya ha sido imposibilitado de ejercer cargos públicos hasta 2030 por difundir falsedades sobre las elecciones y enfrenta varias investigaciones penales que podrían llevarlo a la cárcel. Ha negado haber cometido delito alguno y afirma que las investigaciones tienen motivaciones políticas.
El presidente del partido político de derecha de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, fue arrestado cuando un allanamiento en su casa de Brasilia encontró un arma de fuego no registrada, según fuentes.
La policía dijo en su declaración que los objetivos de la operación del jueves formaron un grupo en 2022 difundiendo denuncias de fraude electoral "incluso antes de que las elecciones tuvieran lugar" para "legitimar una intervención militar”.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotó a Bolsonaro en las elecciones de 2022, dijo que el intento de golpe tenía que ser investigado para evitar que se repitiera. "Sin Bolsonaro no habría habido intento de golpe", señaló en una entrevista radial.
Una semana después de que Lula asumió el cargo en enero de 2023, partidarios de Bolsonaro -que se habían reunido durante días frente al cuartel general del Ejército- invadieron y destrozaron edificios gubernamentales en Brasilia, exigiendo una toma del poder por parte de los militares.
Estas acusaciones se suman a otras hechas el 29 de enero sobre la supuesta intervención de llamadas de opositores políticos durante el gobierno de Bolsonaro con el uso de fuerzas de inteligencia del Estado, lo que compromete a círculo más cercano del expresidente, incluido su hijo, el diputado Carlos Bolsonaro.
Con información de AFP y Reuters