Cuatro de los últimos siete presidentes del gigante latinoamericano fueron encarcelados, casi todos por casos de corrupción, y otros no se escapan de acusaciones.
Las personas que estén interesadas en ser presidentes de Brasil tienen que asumir el riesgo: pasar un tiempo en prisión, aunque sea solo una semana, después de dejar el Palacio de Planalto.
Desde 1985, cuando el país sudamericano recuperó la democracia tras décadas de dictadura militar, cuatro de los ocho presidentes brasileños han pasado un tiempo bajo arresto, mientras que otra de ellas fue destituida del cargo.
El caso más reciente es el del ultraderechista Jair Bolsonaro, actualmente en prisión domiciliaria por su presunta participación en un intento de golpe de Estado contra su sucesor.
Casi desde el principio de la vida democrática de Brasil, los presidentes enfrentaron acusaciones. Fernando Collor de Mello, el primer presidente elegido de manera directa tras la dictadura, renunció a la mitad de su mandato luego de que el Parlamento le iniciara un proceso de destitución por corrupción pasiva.
El Congreso y la Suprema Corte han demostrado desde la década de 1980 que actuarían como un contrapeso del poder presidencial, luego de años de dictaduras donde el único poder al que se respondía era el ejecutivo.
“En términos del diseño suena muy bien, sin embargo, en términos de la aplicación política de decisiones congresionales, nos damos cuenta de que los límites y las posibilidades del ejercicio de la presidencia dependen finalmente de la composición del Congreso”, dice Erick Fernández, profesor de la Universidad Iberoamericana, en entrevista con Expansión.
Pone como ejemplo el caso de Dilma Rousseff, la única presidenta destituida en un juicio político. El especialista considera que en este caso el Congreso, especialmente el Senado, no hizo una investigación seria para sustentar la destitución contra la presidenta brasileña en 2016.
“Se trató de una constitutiva opositora que, más allá de una investigación real, verídica, clara, concreta sobre el uso presupuestal, fueron consideradas por el Congreso como solo los elementos válidos de la acusación que le hizo el Poder Judicial.
La corrupción es un problema muy profundo en Brasil. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2024, el país sudamericano ocupa el puesto 107 de 180, con una puntuación de 34 sobre 100 puntos.
Desde 2014, cuando se descubrió una trama de corrupción que incluso alcanzó a otros países latinoamericanos, incluido México, la calificación del país ha caído nueve puntos. En su ránking de este año, Transparencia Internacional dice que Brasil es uno de los países que obtuvieron su peor calificación desde que se hace el registro.
Casi todos los presidentes antes de Bolsonaro que pasaron por prisión cayeron gracias a la Operación Lava Jato, una investigación judicial que descubrió una red de sobornos que involucraba a más de 20 empresas brasileñas, incluida la petrolera estatal Petrobras y la constructora Odebrecht.
Este caso lo tiene todo: dinero sucio, soborno extranjero, financiación ilícita de partidos políticos, redes criminales, ejecutivos empresariales fraudulentos, políticos corruptos y un sistema de corrupción arraigado tan profundamente en la política y los negocios brasileños que exponer una pieza inició una reacción en cadena.
En Brasil, la investigación afectó a casi toda la clase política, sin respetar ideologías o inclinaciones.
La investigación llevó a prisión al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y a los exmandatarios Fernando Collor de Mello y Michel Temer. José Sarney, el primer presidente que asumió tras la dictadura, también fue denunciado por su participación en casos de corrupción que involucran a Petrobras, pero no se ha iniciado un juicio en su contra.
La investigación fue por mucho tiempo un ejemplo de transparencia en Latinoamérica, pero en los últimos años la imagen de Lava Jato ha perdido lustre.
El juez Sergio Moro “tuvo un aura, primero, de transparencia, claridad, fuerza, dentro de la opinión pública nacional e internacional, y que poco a poco se fue desmontando, pues no necesariamente por la generación de fabricación de delitos, pero sí por llevar las investigaciones hasta espacios que no eran creíbles dentro del sistema de justicia en Brasil”, dijo Fernández.
Por ejemplo, el trato que recibieron los distintos presidentes fue muy diferente. Fernando Collor de Mello, por ejemplo, fue declarado culpable más de 30 años después de dejar la presidencia y solo estuvo una semana en prisión de los ocho años que debía pasar en la cárcel.
"Su grave situación de salud, (...) su edad y la necesidad de tratamiento específico admiten la concesión de prisión domiciliaria humanitaria" para aplicarse "con urgencia", expresó en su fallo el juez de la corte Alexandre de Moraes.
“Muchos de sus crímenes prescribieron, entonces Collor más bien ejemplifica lo contrario, la impunidad”, dice Matias López, Investigador de COAS de la Universidad Diego Portales. “Era la manera en que Brasil funcionaba en los años 80 y 90, en que las personas, los políticos muy poderosos conseguían arrastrar esos procesos por tanto tiempo que al final los delitos prescribían”.
El caso de Temer, el vicepresidente que sustituyó a Rousseff después de su destitución, es parecido, pues también arrastraba acusaciones de corrupción desde la década de 1990, pero en algún momento se mostró en contra de los jueces de Lava Jato que lo procesaron.
Después de dejar el poder, fue encarcelado dos veces en 2019 por obstrucción a la justicia, pero resultó liberado en ambas ocasiones a los pocos días.
En cambio, Lula, que enfrentaba acusaciones de corrupción mucho menores a las de Collor y Temer. De acuerdo con conversaciones de los jueces Lava Jato filtradas a The Intercept Brasil, varios de los magistrados tenían la intención de quitar a Lula del camino, pues muchos de ellos tenían ambiciones políticas.
Después de que se descubrieran estas irregularidades, los casos contra Lula fueron desechados.
El caso de Bolsonaro se distingue al de los demás presidentes brasileños que terminaron en procesos judiciales o políticos en los últimos 20 años. Aunque el excapitán del ejército también enfrentó escándalos de corrupción, como la malversación de joyas dadas por el gobierno de Arabia Saudita, sus acusaciones se vinculan a un intento de golpe de Estado contra su sucesor, Lula da Silva, que culminó en un ataque a la sede de los tres poderes, en Brasilia.
Si no fuera por esto, “Bolsonaro estaría bastante cómodo, pese a la cantidad de crímenes que se le adjudican”, dice López.
Después de la toma del 8 de enero de 2023, en la que seguidores de Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, hizo que la élite tomara acción para que un suceso de este tipo no se repita.
“Hubo una parte importante de la élite del judiciario brasileño que se autoimpuso la misión de resguardar las instituciones brasileñas y de hacer del caso de Bolsonaro un caso ejemplar para que otra gente no intente hacer golpes de Estado en el futuro. Entonces su proceso está siendo bastante rápido”, explicó López.
Se espera que la Corte Suprema de Brasil, enemistada con Bolsonaro desde su presidencia, dé su veredicto sobre Bolsonaro en septiembre.
