La mano dura contra la violencia, un modelo usado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, gana cada vez más adeptos en Centroamérica, una región que ha sido golpeada históricamente por la inseguridad, ya sea relacionada con pandillas o con el narcotráfico.
Costa Rica, Guatemala y Honduras son tres países que han adoptado medidas similares a las implementadas por el líder salvadoreño, a pesar de las críticas que este recibe por organizaciones de derechos humanos.
Los costarricenses elegirán presidente el próximo domingo con una candidata derechista como gran favorita, respaldada por su promesa de mano dura contra la creciente violencia del narcotráfico en un país considerado durante décadas como uno de los más seguros de Latinoamérica.
La oficialista Laura Fernández, politóloga de 39 años y admiradora de la guerra antipandillas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lidera la intención de voto con alrededor de 40%, mínimo necesario para ganar en primera vuelta.
Veinte aspirantes presidenciales se disputan el cargo.
Fernández aventaja por 30 puntos a su rival más cercano, el economista de centroderecha Álvaro Ramos, al capitalizar la popularidad del presidente Rodrigo Chaves, que cautiva a gran parte de la población con una retórica confrontativa y sarcástica.
Dos veces ministra de Chaves, Fernández promete concluir un penal inspirado en la megaprisión para pandilleros de Bukele e imponer estados de excepción, como hizo el mandatario salvadoreño para acabar con la inseguridad, aunque organizaciones de la sociedad civil lo acusan de violar los derechos humanos.
A diferencia de lo que pasó en Honduras, Donald Trump no ha intervenido directamente en la campaña; sin embargo, Chaves es un aliado de Estados Unidos. El año pasado acogió en Costa Rica a 200 migrantes deportados, la mayoría asiáticos, e impidió a empresas chinas operar la red 5G en Costa Rica ante supuestos riesgos de espionaje.
Durante su gobierno, la criminalidad alcanzó picos históricos, 17 homicidios por cada 100,000 habitantes. Chaves culpa al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, de ser blandos con los criminales.
Por ello, la autodenominada "candidata de la continuidad" pide votos para lograr la mayoría legislativa (38 diputados) necesaria para reformar la Constitución y el sistema judicial.
Sus adversarios acusan a Chaves y Fernández de "populistas" y de conducir al país al autoritarismo.
"¿En qué momento pasamos de soñar con ser la Suiza centroamericana a soñar ser El Salvador?", cuestionó en un debate el aspirante izquierdista Ariel Robles, al contrastar a la neutral y pacífica Costa Rica con un país con democracia "dudosa".
La oposición teme que Fernández siga el libreto de Bukele, quien dice que para hacer de su país uno de los “más seguros" del mundo cambió fiscales y magistrados tras dominar el Congreso. Esa acumulación de poder le permitió instaurar la reelección indefinida.
Costa Rica está "en un proceso de 'transición autoritaria' incipiente, cuya evolución posterior va a depender del resultado" electoral, señaló Víctor Hugo Acuña, historiador de la Universidad de Costa Rica, en un ensayo que compartió a la AFP.
Analistas también advierten del debilitamiento del Estado de bienestar, orgullo costarricense. Aunque la pobreza cayó de 18% en 2024 a 15.2% en 2025, Costa Rica está entre los seis países latinoamericanos más desiguales según el índice de Gini.
El conservador Nasry Asfura, aliado de Donald Trump, asumió este martes la presidencia de Honduras con la promesa de combatir "de frente" la inseguridad en el país más violento y empobrecido de Centroamérica.
"Seguridad, de frente a luchar contra la inseguridad, no tengan duda de eso", dijo Asfura, de 67 años, al prestar juramento en una austera ceremonia en el Congreso.
El mandatario plantea reforzar la presencia policial en zonas conflictivas para lograr control territorial y aplicar un plan antiextorsión.
Honduras es azotado por las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Trump y con presencia además en Estados Unidos, El Salvador y Guatemala.
Asfura ha anticipado que pondrá fin a un estado de excepción declarado por su antecesora, Xiomara Castro, semejante al que sustenta la guerra antipandillas de su par salvadoreño, y criticado por organizaciones de derechos humanos.
Washington ha dicho que espera afianzar la cooperación en seguridad con Honduras, aunque poco antes de los comicios indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, copartidario de Asfura y quien purgaba en Estados Unidos 45 años de cárcel por narcotráfico.
“La combinación de impunidad estructural, captura institucional, priorización de intereses privados y debilitamiento del espacio cívico plantea riesgos significativos para la gobernabilidad y la democracia del país”, indica Ana María Méndez Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en un artículo.
La especialista señala que el gobierno de Castro entregó resultados muy pobres en el desmantelamiento de las estructuras que sostienen la corrupción e impunidad en Honduras, ya sea por incapacidad o por falta de voluntad política.
“La no instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIH) con el apoyo de las Naciones Unidas, a pesar de que esto fuera una de sus promesas antes de asumir la presidencia, es una de las principales deudas”, dice Méndez Dardón.
La escalada de violencia de las pandillas en Guatemala puso al descubierto las fragilidades del aparato de seguridad, pero también un presunto complot contra el gobierno para blindar una denunciada alianza entre políticos y criminales.
El asesinato de diez policías el fin de semana en represalia por la ocupación de tres cárceles donde pandilleros habían tomado a decenas de rehenes llevó al presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo a decretar el estado de sitio, solo superado por el estado de guerra.
Hay "cero control" sobre el sistema penitenciario, aseguró el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano en el programa de análisis político TanGente Podcast, transmitido por plataformas digitales. Cuestionó, además, que los servicios de inteligencia no hubieran anticipado los ataques.
La ofensiva criminal "no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales", sostuvo de su lado en X el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
Sandoval fue destituido por la fiscal general, Consuelo Porras, enemiga del presidente Arévalo y sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo acusaciones de solapar la corrupción.
Mencionada asiduamente por el gobierno y organizaciones de la sociedad civil como parte del entramado que supuestamente protege a los delincuentes, la fiscal debe ser sustituida en mayo por el mandatario. Porras intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años con argucias legales.
La ola de violencia de la pandilla Barrio 18 se remonta a julio pasado cuando cinco de sus máximos jefes fueron trasladados a una prisión de alta seguridad, pues seguían ordenando asesinatos, vendiendo drogas y extorsionando, según el gobierno.
Tras una serie de motines, una veintena de integrantes de esa banda escaparon en octubre de otra cárcel en medio de denuncias de complicidad por parte de las autoridades, lo que provocó una crisis que terminó en la destitución del ministro de Gobernación y otros funcionarios.
Los acontecimientos del 18 de enero ya estaban programados como parte del plan para "deslegitimar" al gobierno, manifestó el exfiscal Solórzano.
El motín en el penal Renovación I fue liderado por Aldo Dupie, alias "El Lobo", quien exigía ser enviado a una cárcel con menor seguridad y más comodidades como aire acondicionado, una cama grande y servicio de restaurante a domicilio, según el gobierno.
Tras ser sometido, fue presentado públicamente arrodillado, con esposas y manchas de sangre, luego de lo cual se desataron los atentados.
Este pico de violencia se produce en la antesala del cambio de fiscal general, así como de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial que en los últimos años ha sido señalada de actuar en favor de redes de corrupción.
