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Nota del editor: Clara Long es investigadora principal de Estados Unidos en Human Rights Watch. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.
(CNN) - Quería decirle a la mujer que estaba sentada frente a mí que ahora estaba a salvo, pero no era cierto.
Un día antes, "Livia" había saltado con su hija "Mía", de 15 meses, sobre la cerca fronteriza cerca de El Centro, California. Ya en suelo estadounidense empezaron a caminar buscando una oportunidad para entregarse a la Patrulla Fronteriza y pedir protección. Me contó que cuando las arrestaron, 20 minutos después, parecía que habían dado el último paso de un viaje aterrador. Yo observaba sus profundas ojeras y el cabello rizado de la niña que tenía en su regazo.
Livia, un pseudónimo que estoy usando a petición suya, me dijo que ella y su esposo vivían de una tiendita en Atlántida, Honduras, en la que vendían arroz, frijoles, cerillos, jabón y otros artículos domésticos. Ella no quería irse, pero "ahora no puedo regresar", cuenta.
Cuando estaba embarazada de Mía las pandillas que controlan algunas zonas del país y son la autoridad de facto les dijeron que tenían que empezar a pagar un "impuesto de guerra" si no querían que los mataran. Decidieron no poner el nombre de su esposo, "Rolando" en el acta de nacimiento de Mía en un intento por protegerla de las pandillas. Livia y Rolando pagaron durante más de un año, pero finalmente no pudieron ganar lo suficiente para pagar.
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La extorsión es el delito característico de los "maras" o pandillas hondureñas. El International Crisis Group reportó que la Cámara de Comercio de Honduras ya no publica el registro de sus miembros. La extorsión va respaldada por los crueles actos de violencia de las bandas, que incluyen abusos crónicos contra mujeres y reclutamiento forzado. En general, la violencia en Honduras ha provocado el desplazamiento de más de 200 mil personas, según el Consejo Noruego para los Refugiados.
Según la División de Asilo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, entre octubre de 2017 y enero de 2018, unos 1,500 hondureños al mes solicitaron en la frontera con Estados Unidos una entrevista basada en el "miedo creíble" para determinar si podían proceder con la solicitud de asilo en un tribunal de inmigración.
Cada mes arrestan a miles de hondureños más en la frontera, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Como la capacidad de detención familiar del gobierno es limitada y los tribunales fallaron que cesara la práctica inhumana de separar a las familias, la mayoría de las familias volvió a recibir citatorios para presentar su solicitud de asilo directamente en un tribunal de inmigración y los dejaron ir.
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Livia me contó que hace tres meses, cerca del cumpleaños de Mía, los pandilleros llegaron a la tienda, la quemaron y mataron a su esposo. "Yo estaba ahí. Me vieron y me dijeron que corriera sin mirar atrás. Dijeron que si me quedaba, matarían a mi hija". Huyó con Mía en brazos a casa de su madre, cerca de ahí.
Con mil lempiras (unos 800 pesos) que le dio su madre, huyó esa noche en autobús a Guatemala, luego pasó a México y de ahí se dirigió a Estados Unidos, en donde esperaba vivir a salvo con un amigo de la familia que está en Colorado. "Ni siquiera pude ir al funeral de mi esposo", relató.
Las probabilidades de que Livia reciba un trato justo en su intento por conseguir asilo en Estados Unidos están en su contra, ahora más que en cualquier otro momento de la historia reciente. Aunque el gobierno de Trump ya no tiene esa política de separar a las familias en la frontera declaró su intención de someter a familias como la de Livia a una detención prolongada mientras intentan conseguir una audiencia justa para su solicitud de asilo.
En la estación de la Patrulla Fronteriza, donde detuvieron a Livia y a Mía tras cruzar la frontera, me contó que no podía comer los alimentos que le daban porque es alérgica al trigo. Ambas tenían hambre. Mía se retorcía porque estaba rozada por el pañal y se sentía caliente. A Livia le preocupaba que Mía estuviera deshidratada. "Me cuesta trabajo producir leche porque no estoy comiendo suficiente", me dijo. "No quiero pedir un médico porque temo perjudicar mi caso".
Los agentes de la Patrulla Fronteriza no suelen tener consideración con los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera, incluso los intimidan, restan importancia a sus temores y abusan físicamente de ellos, según documentos gubernamentales con numerosas supresiones que Human Rights Watch obtuvo a través de la Ley de la Libertad de la Información.
Livia me contó que la noche en que las arrestaron habló con un agente de la Patrulla Fronteriza. Le contó por qué se moría de miedo de regresar a Honduras. "Me dijo que estaba mintiendo porque mi hija no tiene el apellido de mi esposo"; sin embargo, al final de la entrevista el agente le dijo que podría ver a un juez para presentar su solicitud de asilo.
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Fue una suerte que Livia se salvara del procedimiento de deportación conocido como remoción expedita. Según ese procedimiento, tendría que haberse sometido a una entrevista de "miedo creíble" para ganarse el derecho de ver a un juez. Hasta hace poco la mayoría de los inmigrantes que se sometieron a estas entrevistas las pasaron, pero el fiscal general Jeff Sessions decidió en junio implementar nuevos reglamentos en los que instruye a los agentes de asilo que conducen estas entrevistas a reducir drásticamente los criterios de elegibilidad para personas que huyen de la violencia de pandillas y el abuso doméstico, así como evaluar el rechazo de las solicitudes de personas que no hayan entrado a través de los puertos oficiales de entrada.
Muchas personas desesperadas, como Livia, cruzan en otros lugares de la frontera porque las autoridades fronterizas estadounidenses ahora les dicen a quienes se presentan en los puertos de entrada para presentar solicitudes de asilo que están demasiado ocupados para procesar su solicitud y los hacen esperar días o incluso semanas, a veces en pueblos fronterizos mexicanos sin ley.
Los altos funcionarios del Departamento de Seguridad Interior están trabajando en un plan para cerrar totalmente los puertos de entrada a los solicitantes de asilo y solo aceptar solicitudes de protección desde el extranjero, según reportes del New York Times.
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Una persona como Livia, que no pase la entrevista de "miedo creíble" con un agente de asilo, podría terminar deportada en cuestión de semanas. Quienes la pasen estarán en la misma situación en la que Livia se encuentra ahora, con la esperanza puesta en el sistema de tribunales de inmigración increíblemente sobrecargados de trabajo, en el que la probabilidad de recibir protección depende más de si se puede pagar un abogado que la represente, del juez que tome la decisión y de cuánta presión tenga este para cumplir las cuotas de resolución de casos, lo que le impide aplicar la ley coherente y cuidadosamente. Ya en el tribunal de inmigración se le niega la protección a casi el 80% de los hondureños; la tasa de denegaciones es del 95% entre aquellos que no cuentan con representación.
Hay alternativas compasivas, dignas y efectivas a este sistema cada vez más ineficiente y cruel. Entre ellas está la eliminación total de la separación de familias, no someter a las familias y a los niños a detención, garantizar el acceso a un abogado e invertir en un sistema de adjudicación migratoria justa y oportuna.
Tenía muchas ganas de decirle a esta mujer, que tiene una hija casi de la misma edad que la mía, que ahora estaba a salvo, que su odisea aterradora había terminado y que era bienvenida para hacer una nueva vida, para vivir su duelo y recuperarse.
Pero sencillamente no es verdad. Lo que le dije fue que en este país hay muchas personas que la reciben con su hija con los brazos abiertos y que luchan para que la traten con dignidad y compasión. La gente alza la voz, protesta, hace donativos, se ofrece como voluntaria y recurre al Congreso para que eso se vuelva realidad. Esa labor, para personas como Livia y Mía, no podría ser más urgente.
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