OPINIÓN: México necesita combatir la 'pequeña corrupción'
Nota del editor: César Gaona es especialista anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
(Expansión) - En 2019 se pondremos a prueba el compromiso de los nuevos gobernantes para cumplir con un gran pendiente: el combate a la corrupción. Las administraciones entrantes en algunos estados y municipios representan la alternancia, lo cual permite generar cierta distancia con los gobiernos pasados; el reto será encarar al fenómeno desde dentro de las propias instituciones, haciendo necesaria la traducción del discurso a política pública.
El compromiso anticorrupción se ha medido por la voluntad política para consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA). Si bien la implementación de la reforma para combatir el problema es un elemento indispensable e irrenunciable, también es pertinente evaluar sus limitaciones y abordar medidas complementarias que atiendan otros focos de riesgo.
Hay que voltear a ver a la “pequeña corrupción”, aquella que se presenta con mayor frecuencia en interacciones cotidianas entre ciudadanos, empresas o servidores públicos y que normalmente es asociada con el acto de soborno. Esta es la más cercana a la vida diaria de la población y en la que se tienen que generar cambios tangibles para recuperar la confianza de la ciudadanía.
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Actualmente, México se encuentra entre los países peor calificados en el Índice de Percepción de Corrupción, realizado por Transparencia Internacional en 2017, compartiendo posición con Honduras, Rusia y Paraguay. Lo anterior refleja que los avances que nuestro país ha dado desde 2015 en la materia todavía no han producido un cambio notable ante los ojos de la población.
Cabe destacar que altos niveles de percepción de corrupción no necesariamente equivalen a una realidad correspondiente. En un documento publicado en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Inegi señaló que mientras 9 de cada 10 mexicanos consideran que la corrupción es frecuente en gobierno, solamente 14.6% ha presenciado actos de corrupción en sus interacciones con servidores públicos.
Cuando dicha información se desagrega por tipo de trámite o servicio, los resultados indican áreas de riesgo que no necesariamente son contempladas en los planes y programas anticorrupción de los estados y municipios.
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El Inegi reveló que los tres temas principales abordados por los programas anticorrupción estatales son las compras de gobierno, la declaración patrimonial de servidores públicos y la solicitud de programas sociales. En contraste, los tres servicios o trámites estatales en los que los ciudadanos presencian más corrupción son el contacto con autoridades de seguridad pública, trámites vehiculares y trámites para abrir una empresa.
En efecto, estos datos no necesariamente nos hablan de un enfoque erróneo, ya que las medidas contempladas pueden tener un impacto mayor dentro del propio servicio público, lo cual no siempre queda a la vista de los ciudadanos; sin embargo, el análisis del Inegi señaló que los principales esfuerzos del Estado no se diseñan para combatir la "pequeña corrupción" que atañe a los ciudadanos día con día.
Al escuchar historias sobre la corrupción en el sector público se refuerza la noción que el Estado está desinteresado en combatir la corrupción de manera efectiva. Por consecuencia, se pierde la confianza en mecanismos como la denuncia, que son indispensables para la detección, seguimiento y sanción de actos indebidos.
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Un esfuerzo anticorrupción que no cuente con el apoyo social tiene pocas probabilidades de ser exitoso. El propio SNA contempló la participación ciudadana como eje central de su funcionamiento; sin embargo, si la ciudadanía no está dispuesta a vigilar el buen comportamiento de los servidores públicos, prevalece el silencio que impide a los aparatos anticorrupción del Estado cumplir su propósito.
¿Cómo ganar la confianza de los ciudadanos? Los datos del Inegi apuntan hacia una posible solución: la atención hacia los trámites y servicios en los que hay mayor riesgo de corrupción, podría tener un mayor impacto en la percepción de los ciudadanos. Si los gobiernos estatales y municipales atienden los focos de riesgo de manera directa tienen una mejor oportunidad para medir el impacto de sus acciones y generar los ajustes necesarios para hacer más eficiente la política pública.
Conforme avancen las gestiones estatales y municipales, al igual que la operación de los SEA, podremos observar el nivel de compromiso para llevar el combate a la corrupción a todos los espacios necesarios. La coordinación institucional y ciudadana puede utilizarse no sólo para articular procesos a nivel macro, sino también para alertar sobre las áreas de oportunidad que urgen de atención, principalmente el caso de la “pequeña corrupción”.
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