Las personas que obtienen ingresos de la actividad de comercios, restaurantes, hoteles y demás negocios, sufren ya los estragos del distanciamiento físico y la contingencia.
Ante la inminente crisis global, los gobiernos de todo el mundo se han apresurado a implementar medidas que contrarresten la pérdida de ingreso de las familias y los puestos de trabajo para millones de sus habitantes.
México ha sido la excepción, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha documentado que nuestro país es el que menos medidas económicas a puesto en marcha en la región para contener los estragos del coronavirus.
Hace algunos días, el Gobierno federal dejó claro que no está entre sus planes de corto plazo ofrecer un plan de reactivación económica ambicioso para proteger a familias y pequeños negocios.
El informe presentado por la Administración federal es insuficiente para hacer frente al reto económico más importante de las últimas décadas. Ante una crisis de magnitudes aún incalculables, el Estado mexicano prefirió hacer poco más de lo que ya hacía.
El presidente López Obrador anunció el adelanto de programas sociales para estudiantes, aprendices y adultos mayores, pero ningún tipo de apoyo extraordinario para personas que pierdan su empleo. Argentina, por otro lado, decretó un ingreso familiar de emergencia para ayudar a trabajadores que pierdan su ingreso.
