(Expansión) – El momento decisivo de salvar a la economía mexicana ha llegado. Hace exactamente un año, en esta columna se planteaba la necesidad de fortalecer los instrumentos de gobierno para hacer frente a una crisis que parecía inminente.
En abril de 2019 no teníamos la menor idea de la causa ni la magnitud de la siguiente recesión, pero hoy sabemos que los efectos económicos a nivel global de la pandemia del COVID-19 serán históricos.
Las personas que obtienen ingresos de la actividad de comercios, restaurantes, hoteles y demás negocios, sufren ya los estragos del distanciamiento físico y la contingencia.
Ante la inminente crisis global, los gobiernos de todo el mundo se han apresurado a implementar medidas que contrarresten la pérdida de ingreso de las familias y los puestos de trabajo para millones de sus habitantes.
México ha sido la excepción, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha documentado que nuestro país es el que menos medidas económicas a puesto en marcha en la región para contener los estragos del coronavirus.
Hace algunos días, el Gobierno federal dejó claro que no está entre sus planes de corto plazo ofrecer un plan de reactivación económica ambicioso para proteger a familias y pequeños negocios.
El informe presentado por la Administración federal es insuficiente para hacer frente al reto económico más importante de las últimas décadas. Ante una crisis de magnitudes aún incalculables, el Estado mexicano prefirió hacer poco más de lo que ya hacía.
El presidente López Obrador anunció el adelanto de programas sociales para estudiantes, aprendices y adultos mayores, pero ningún tipo de apoyo extraordinario para personas que pierdan su empleo. Argentina, por otro lado, decretó un ingreso familiar de emergencia para ayudar a trabajadores que pierdan su ingreso.
El Gobierno mexicano decidió continuar y profundizar la inversión en proyectos emblemáticos como Dos Bocas, pero cada peso que se destine hoy a estas obras será un peso que no estará disponible para apoyar a trabajadores. Mientras aquí se pretende destinar más recursos y reducir impuestos a Pemex, en Brasil y Chile se han aplazado o suspendido el pago de impuestos para pymes.
Los 2 millones de créditos de 25,000 pesos que plantea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para pequeñas empresas familiares, no serán suficientes para incentivar el dinamismo económico.
Por su parte, los créditos personales y para vivienda no son productivos, no reactivan los ingresos y no generarán empleos. En contraste, Perú hará transferencias directas a hogares y dará crédito a empresas con un plan de reactivación que equivale al 12% de su producto interno bruto (PIB).
Esta Administración insiste en una idea mal entendida de la responsabilidad fiscal. La deuda en tiempos de crisis ofrece recursos para soportar los ingresos, empleos y al sector productivo. Es momento de que el Estado use su acceso al sector financiero internacional para ponerlo al servicio de las familias.
El Gobierno federal debe pasar de un plan de responsabilidad fiscal inflexible a uno de responsabilidad social urgente. Esto lo entendió bien el Gobierno colombiano que ha solicitado préstamos internacionales por 11,000 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y 3,000 millones al Banco Mundial. Sin la contratación de deuda el plan de reactivación económica en México será tan pequeño que no detonará crecimiento.
Ante la falta de liderazgo del Ejecutivo federal, las gobernadoras y gobernadores de los estados han tenido que ponerse creativos para proponer medidas locales de recuperación económica. Algunos han adoptado medidas tributarias necesarias para aliviar la falta de apoyos directos a trabajadores y pequeños negocios. Esto a pesar de la debilidad de las finanzas públicas locales.
Los gobiernos estatales y municipales tendrán serias limitaciones para mitigar los efectos de la pandemia, pero la alternativa es no hacer nada y permitir la profundización de la crisis en su estado. Las autoridades locales podrían esperar acciones contundentes del Gobierno federal, pero todo todo indica que eso no va a pasar.
Si no se implementan pronto medidas ambiciosas para proteger los ingresos de las familias y los puestos de trabajo de las empresas, especialmente las pymes, será imposible contener un desastre económico en 2020.
OPINIÓN: No es la política económica, son las instituciones económicas
Ante la falta de un plan de rescate y recuperación económica, el FMI y el Banco Mundial proyectan que México tendrá una de las contracciones más fuertes de América Latina.
Un esfuerzo conjunto entre la Federación y las entidades podría evitar que se cumplan estas estimaciones. Desafortunadamente, parece que hoy no se cuenta con el respaldo necesario del Gobierno federal. Es momento de pasar de la austeridad a la solidaridad.
Nota del editor: Luis Mauricio Torres Alcocer es Investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad ( IMCO ). Síguelo en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
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