Desde su campaña presidencial, AMLO y los integrantes de Morena han mantenido el estandarte anticorrupción como prioridad; sin embargo, nunca han apoyado al SNA. Al contrario, han mostrado desinterés y apatía hacia el mismo. Muestra de ello ha sido la falta de nombramiento de los 18 magistrados anticorrupción y las críticas que, desde principios de 2019, Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, hizo a la Sección Tercera y a las Salas Regionales del Tribunal, argumentando que se trataba de un exceso de gasto.
Hay que recordar que con el SNA se estableció que el TFJA debería contar con 5 salas regionales especializadas en materia de responsabilidades administrativas, encargadas de sancionar la corrupción a lo largo del país y con una Sección Tercera de Sala Superior encargada de resolver apelaciones en contra de las resoluciones dictadas por las salas regionales, atraer y resolver asuntos de trascendencia, entre otras funciones. La instalación de las Salas depende del nombramiento de los magistrados.
Si bien es cierto que se generaría un ahorro con la eliminación de las Salas, estaríamos condenando a instancias que aún no han podido mostrar sus resultados porque ni siquiera han sido conformadas. El tema de los nombramientos es una cuestión que se ha postergado demasiado. En tanto no se hagan y no podamos evaluar los resultados de dichas Salas, no podemos determinar que se trata de un exceso de gasto.
Respecto a la creación del CTEICO, nos encontramos ante una instancia que tendría prácticamente las mismas funciones e integración del SNA, del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Nacional de Transparencia. Nada más que ahora estaría presidida por la Secretaría de la Función Pública, que depende del Ejecutivo. Este mismo esfuerzo bien se pudo haber realizado bajo el esquema de pesos y contrapesos que brinda el SNA; a través de la Secretaría Ejecutiva, que es el órgano técnico de apoyo; o mediante una propuesta de extensión de los integrantes del Comité Coordinador.
Ya se ha hablado de la manera en que a lo largo de este sexenio el Ejecutivo ha centralizado el combate a la corrupción, a través de figuras como la SFP y la UIF, dejando de lado otras instituciones que deberían investigar y sancionar la corrupción y que forman parten del SNA.
