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Plan antiinflacionario: lo barato puede salir más caro

Se debe ponderar que los ahorros no pueden ser a costa de la salud pública y que los órganos del Estado no pueden renunciar a sus mandatos legales, apunta Jaime Talancón.
mié 05 octubre 2022 09:45 AM
MEXICO-ECONOMY-INFLATION-LOPEZ OBRADOR
Sorprende que las 16 empresas que suscribieron el plan estén dispuestas a correr el riesgo de asumir la responsabilidad de autocertificar el cumplimiento de parámetros de seguridad sanitaria de sus productos, señala Jaime Talancón.

(Expansión) - Este lunes el gobierno federal presentó el “Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía” cuya esencia, según se explicó, es que los costos de los energéticos y de los 24 productos de la canasta básica no suban de precio. El mismo fue suscrito por 16 empresarios.

Sin duda la iniciativa es positiva y de la mayor relevancia para apoyar a las y los mexicanos a enfrentar tiempos donde encuentran alzas económicas en todo, menos en sus finanzas personales.

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El nuevo plan ante la elevada inflación establece 10 acciones puntuales entre las cuales está contener el precio de combustibles, congelar el costo de las autopistas, eliminar aranceles en la importación de alimentos y potencializar la producción local de insumos que forman parte de la canasta básica, garantizando su abasto.

Sin embargo, hay un punto en particular que se debe alertar para evitar una crisis donde lo barato, eventualmente pudiera resultar más caro para el país, pero sobre todo para esa ciudadanía que se busca beneficiar con estas medidas y que se refiere a permitir la importación de alimentos sin supervisión sanitaria de ningún tipo, suspendiendo la verificación de toda regulación que se considere que podría encarecer la internación de alimentos y su movilidad dentro del país.

Al presentar la propuesta, el Secretario de Hacienda sostuvo que “basado en la confianza que el Gobierno Federal otorga a las empresas firmantes, les dará una Licencia Única Universal para que lleven a cabo la distribución e importación de alimentos o insumos que las exime de todo trámite o permisos como el del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”.

Esto es, el gobierno federal está cediendo su responsabilidad y dejando que las proveedoras de alimentos en un acto de buena fe, sean juez y parte para calificar la calidad de los alimentos que importen al amparo del referido acuerdo: “Con estas licencias las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias tanto sanitarias como de cualquier otra índole”.

Es decir, si algo saliera mal en este rubro, quienes pagarían el costo de dar un cheque en blanco en materia de calidad de alimentos importados sensibles como pollo, carne de res y de puerco, atún o huevo serían las y los ciudadanos y, particularmente, aquellos de menores recursos y con menos opciones de elegir entre los productos más baratos, pero sin verificación sanitaria, de los productos de mayor costo que se mantuvieron sujetos a regulación.

A través de las décadas la identificación de enfermedades en la industria de alimentos en el mundo ha sido una realidad, lo cual explica la creación de órganos nacionales reguladores responsables de advertir y prevenir riesgos sanitarios.

Recordemos la gripe aviar, una enfermedad que se transmitía entre aves y que saltó a los humanos, o el caso del mal de las vacas locas en donde se descubrió que la encefalopatía espongiforme bovina podía transmitirse a las personas produciendo una enfermedad mortal y una patología neurodegenerativa de graves consecuencias.

En 2008 la Agencia de Control Alimentario británico retiro de los supermercados carne de cerdo por una alerta de contaminación procedente de Irlanda que podría afectar a una veintena de países, advirtiendo a los consumidores los riesgos de consumir carne de puerco importada donde se habrían hallado dioxinas tóxicas para la salud.

 

En un texto reciente sobre cómo se gestionó el mal de las vacas locas, a la luz de evidencias que apuntan a que el COVID-19 pudo dar el salto al ser humano desde una colonia animal, se señala que la lista de enfermedades con potencial para transmitirse de animales a personas es larga y por ello hace 25 años las autoridades sanitarias de Europa trabajan para evitar otra crisis sanitaria causada por una de ellas .

Cabe destacar que en México el propio Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) cuenta con un Monitor de Inocuidad Agroalimentaria que reporta casi diario la identificación en el mundo de alimentos contaminados, así como el informe de si en nuestro país se han importado esos productos. Por ejemplo, en enero 2022 reportó “Países Bajos: Rechazo de carne de res importada de Francia debido a la detección de Listeria monocytogenes”; “Polonia: Retiro del mercado de carne de pollo debido a la detección de Salmonella spp”.

No obstante, esta función fundamental llevada a cabo por el SENASICA, organismo del Estado considerado instancia de seguridad nacional, aparentemente en estos tiempos está siendo visto como un ejercicio excéntrico susceptible de ahorro del cual se puede prescindir.

Por otra parte, sorprende que las 16 empresas que suscribieron el plan, incluyendo la transnacional Walmart, teóricamente sujetas a estrictas políticas regulatorias y de cumplimiento, estén dispuestas a correr el riesgo de asumir la responsabilidad de autocertificar el cumplimiento de parámetros de seguridad sanitaria de sus productos, ya que en el supuesto de que se presente en México algún caso de contaminación alimentaria, también tendrán que asumir graves daños reputacionales.

En cualquier caso, se debe ponderar que los ahorros no pueden ser a costa de la salud pública y que los órganos del Estado no pueden renunciar a sus mandatos legales, ni mucho menos a las responsabilidades derivadas de no llevarlas a cabo, por lo que lo razonable sería descartar este punto por conllevar riesgos para la ciudadanía, y responsabilidades para autoridades y empresas.

Sin ánimo de subestimar la dimensión social y cívica que les reconoció el presidente a los empresarios firmantes y sobre todo su buena voluntad y compromiso con el pueblo de México, mejor por el bien de todos como señala el proverbio ruso, “confía, pero verifica”.

Nota del editor: Jaime Talancón (@_talancon_) es Consultor en prevención de conflictos y gestión de crisis. Este es un espacio de México, ¿como vamos? , un think tank que registra a detalle las variables económicas más relevantes del país. Síguelos en Twitter , Facebook e Instagram . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

 
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