La inflación tiene distintos orígenes, en algunos países tiende más a deficiencias en el lado de la demanda, y en otros, en el de la oferta, pero el caso es que las potencias que propician el consumo a gran escala detendrán su marcha industrial y comercial, hasta que el panorama muestre signos de efectiva reactivación.
Los precios mostrarán una inusual volatilidad, lo que generará comportamientos que ahondarán el problema. Algunos, ante la escalada, pausarán su gasto, en tanto que otros lo apresurarán, previendo desabasto. A principios de este año se pensó que la recuperación había llegado, pero en realidad lo que pasó es que algunos inventarios rezagados encontraron salida a precios que parecían razonables y al alcance de quienes se propusieron retornar a la actividad regular. Pero ahora las grandes cadenas comerciales llevarán sus inventarios al mínimo, lo que hará que los productores aminoren el paso.
Los retrasos e incumplimientos ya han generado un entorno de malestar que ha desalentado la inversión, provocando escasez en ciertos productos y servicios, la cual, ya se refleja en los índices de inflación, aun en los heterodoxos, como el que oficialmente se calcula en nuestro país, el cual tiende a confeccionar canastas sesgadas, a modo de compensar alzas en ciertos productos, para presentar una aparente estabilidad de precios.
Pensar que en México la inflación es de un dígito no es ingenuidad, sino irresponsable demagogia. Si a ello sumamos que el presupuesto federal no mira al efectivo ingreso nacional, sino a sufragar programas asistenciales y obras tlatoánicas, habrá que conducirse con extrema cautela, lo cual para algunos significará diferir consumo, y, para otros, formar inventarios tan pronto como sea posible.
Así es, el presupuesto aprobado, amén de que en buena parte es gasto ya comprometido, en un segmento sustancial no programa un gasto en función al ingreso esperado, sino alcances que permitan obtener una autorización parlamentaria holgada, para después acomodar caprichosamente las partidas.
La recaudación ha sido construida, como en tiempos de López de Santa Anna, no para cobrar lo justo, sino para acopiar lo que ajuste al objetivo de gasto. Durante cuatro años se evadió la intervención de tribunales imponiendo la prisión preventiva como espada de Damocles. Se forzaron pagos calculándolos no conforme a la ley, sino considerando la necesidad de mantener a los administradores fuera de prisión. La reciente decisión de la Corte, aunque constitucional y convencional, impactará la velocidad y volumen de los ingresos, por lo que tarde o temprano, aparecerán recortes y ya no sólo caprichosos reajustes.
