América Latina y específicamente México deben impulsar la ya existente base de investigadores en el campo de las ciencias de la salud y la biotecnología, a través de trasladar los resultados de la investigación básica hacia el campo del desarrollo experimental, así como de su vinculación con el sistema de protección de la propiedad industrial.
En la región los no residentes dominan las solicitudes de patentes; en 2018, a residentes latinoamericanos solo se les otorgaron 314 patentes en este sector, lo que representa escasamente el 0.8% del total mundial.
En 30 años México ha crecido 3.5 veces en solicitudes de patente, pasando de 5,061 en 1990 a 14,312 en el 2020; sin embargo, en 1990 se tenían 661 solicitudes de mexicanos, representando el 13% y en el 2020 se registraron 1,132, es decir 7.9%, con ello la participación en la tecnología vía solicitudes de patente por mexicanos se redujo en un 39%, esta realidad muestra una clara relación de dependencia tecnológica.
Este bajo nivel de patentamiento es resultado directo de la desvinculación existente entre los núcleos de investigación y las empresas del sector. Ello se relaciona, por una parte, con los escasos incentivos que históricamente han existido en universidades y centros de investigación para patentar, así como con el posicionamiento de las empresas farmacéuticas que se han especializado cada vez más en los productos genéricos, cuyas patentes han caducado.
Para revertir esta realidad, uno de los aspectos a considerar es el necesario involucramiento de las empresas, las universidades y centros de investigación, en la definición conjunta de la cartera de proyectos, que cumplan con criterios de impacto social y económico, con el propósito de desarrollar capacidades en tecnologías emergentes, asociadas con áreas prioritarias del país, con una clara visión de financiamiento a programas de investigación de larga duración en disciplinas específicas.
Un segundo aspecto podría ser el establecimiento de núcleos de capacidades de investigación conjunta entre las universidades y las empresas, enfocados a desarrollar proyectos de investigación con horizontes de ejecución y escalas de recursos que los acerquen a las fases de producción.
Esto demanda dos elementos fundamentales:
a) la creación de instrumentos financieros eficaces, capaces de atraer capital de riesgo desde etapas tempranas y
b) contar con las capacidades humanas y técnicas necesarias para la adecuada gestión en el cumplimiento de las regulaciones sanitarias, que garanticen que los medicamentos y dispositivos médicos que se desarrollen o comercializan cumplan los requisitos mínimos de seguridad, calidad y eficacia.
En esta realidad las universidades desarrollan conocimientos con potencial real de aplicación industrial, aunque con un bajo nivel de apropiación por parte de las empresas, lo cual abre una gran posibilidad para revalorar la concepción de que la protección de la propiedad intelectual debe ser una condición necesaria para apoyar la transferencia de los resultados de la investigación universitaria incluso desde que se origina una nueva tesis de investigación.
Con ello se puede reducir la fuga de conocimiento, así como la eliminación del subsidio de procesos de patentamiento de entidades externas que se apropian del conocimiento generado por las universidades.
La apropiación del conocimiento tiene un impacto profundo en lo que consideramos como desarrollo tecnológico e innovación.
