Anterior a este encuentro, en la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 (COP 27) se pidió a los gobiernos revisar sus planes de acción para el cambio climático para 2030, principalmente para reducir progresivamente la energía de carbón no utilizada y eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles ineficientes.
En este contexto de antecedentes que hicieron poco o nulo eco en la agenda pública nacional en materia de contaminación, es meritorio mencionar que el sector transporte ha dado pasos palpables para encaminar a la industria hacia un traslado de mercancías y de pasajeros, lo más limpio posible, como lo han sido distintas opciones que marcas líderes en transporte han lanzado, camiones o buses eléctricos o que funcionan a base de combustibles como el Gas Natural Licuado o el Gas Natural Comprimido.
La problemática de fondo, en torno al por qué no se concretan acciones ante los compromisos evidentes, radica en el personal punto de vista en que la descarbonización del transporte se vislumbra como una luz al final del camino, donde después de llegar a la meta se acaba la misión, en lugar de mirarla como un proceso continuo del que dependen las economías, las formas de vida y una verdadera evolución.
Otra razón por la que me parece que estos tópicos no logran aterrizarse es porque no se logra dimensionar el potencial económico que implicaría al invertir en transportes más amigables con el ambiente. Las inversiones en estaciones de carga que implican los eléctricos, por ejemplo, son incipientes y el desarrollo de la cadena de suministro de este segmento seguirá estando limitada a las decisiones que se tomen al respecto, independientemente de la urgencia con que se requieran.
Adicionalmente, mientras llega esa meta, se necesita desarrollar una infraestructura para que se puedan alimentar los vehículos eléctricos. Por ejemplo, según números de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), por cada 244 estaciones de carga de diésel hay una electrolinera de 50 kilowatts o más. Se tienen que desarrollar grandes esfuerzos entre la iniciativa privada y la entidad pública para lograr este cometido.
