CFE, ¿ganar perdiendo?

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Es claro que se trata de un asunto que no podía dejarse a la deriva, por si acaso. El asunto no sólo alcanzaba sumas astronómicas, sino que a la fecha apunta a la comisión de diversos ilícitos e irregularidades por esclarecer. Siendo así, es evidente que se llegó, al menos, a dos acuerdos, uno, el que se llevó ante el panel arbitral para cerrar el expediente, y otro, que hizo que la empresa proveedora interesada mantenga bajo siete llaves todo lo relacionado con el espinoso tema.

Tarde o temprano se conocerán los pormenores que hicieron que la sangre no llegara al río y que el asunto fuera aceleradamente desestimado, sellando el laudo, de tal manera, que todo parece indicar que habrá otra disputa para determinar si el mismo se revela, públicamente, en forma total o en partes, particularmente, porque hay dos funcionarios que encaran severas acusaciones hechas por la actual administración.

Todo apunta a que el asunto no fue dirimido a fondo por la instancia arbitral, al existir temas que serán dilucidados por tribunales oficiales, dado que se habla de actos de connivencia, corrupción, sí, posible cohecho y/o concusión. Lo cual implica la aplicación del acta que regula la comisión de ilícitos derivados de prácticas corruptas desplegadas en el extranjero que, por cierto, cobran especial relevancia, dado involucran a una empresa que lleva al cabo importantes colocaciones en el extranjero.

La fácil salida, acomodada un tanto a fuerza, fue la supuesta deficiencia del instrumento notarial en la que consta el poder de los funcionarios firmantes, asunto que suele ser mal entendido en el vecino país, ya que, frecuentemente, hacen colisión concepciones del derecho anglosajón y el de corte romano canónico. No es extraño que se llegue a conclusiones verdaderamente inusitadas que en nuestro foro no tendrían cabida, pero que surgen a partir de la diferencia que existe en temas de representación legal.

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Por un lado, habrá que determinar si realmente los funcionarios excedieron los márgenes de sus facultades, o si, en realidad, se abusó de ellas. De igual manera habrá que determinar si obraron bajo órdenes e instrucciones acreditables, o si se fueron por la libre. Sin embargo, en todos los escenarios parece difícil de creer que un asunto de ese tamaño hubiera pasado sin tener la anuencia, o al menos revisión, del área legal de la empresa de estado.

Todo ello es relevante, ya que de ser una mera salida, convenida o articulada, para poner fin a un procedimiento que se arregló extramuros del tribunal arbitral, estaríamos en presencia de un cuestionable arreglo que tiene como objetivo no sólo evadir el pago de cierta suma, sino el encubrir tácticas y prácticas que la CFE despliega o ha ejecutado en el exterior, lo cual, por supuesto, nos llevaría al uso de recursos situados en el exterior, o al menos, que son manejados al margen de la fiscalización federal.

El concluir el tema acusando corrupción, puede encontrar cabida y hasta aplausos en nuestro país, dada la pugna y controversia que prevalece entre partidos salientes y entrantes, pero, hacía el exterior, tal frontera o distinción, simplemente, no existe.

Allá solo existe una sola CFE, la cual, se ha dado un balazo en el pie, pretendiendo eludir el esclarecimiento de lo que era una sencilla operación comercial. Al momento, lo ocurrido reclama la inmediata intervención de la SEC, a efecto de verificar la supuesta existencia de prácticas corruptas, así como su extensión y alcance. Tal y como en su momento se hiciera en Brasil con otra empresa relacionada con grandes empresas estatales, asunto en el que, a la menor indagatoria, emergieron a borbotones asuntos inexplicables.

Esto es, bien el Departamento de Justicia y/o el de Estado podrían tramitar la comparecencia de funcionarios de CFE, a efecto de conocer con mayor detalle las operaciones en las que los funcionarios acusados pudieron haber comprometido la legalidad. Igualmente, habrá que conocer los términos en que tal entidad pública informó a los mercados no sólo del arreglo, sino de la detección de multimillonarias operaciones cuestionables, en las que tales funcionarios pudieron tener relación.

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Es importante indicar que si bien, por un lado, existe un “ahorro” en el asunto, también lo es que hay una buena cantidad de explicaciones que dar. Ellas comienzan por determinar cuántos contratos y operaciones involucran el uso de los poderes notariales como los cuestionados, cuáles transacciones habrían sido decididas, impulsadas o apoyadas por los funcionarios implicados, así como precisar las operaciones en que se usaron instrumentos similares en operaciones internacionales, empleados por otros funcionarios de la CFE.

Claro está que muchos piensan que, con el “ahorro”, todo mundo quedará contento, pero en realidad, hoy por hoy, la CFE ha señalado que desconocerá compromisos y responsabilidades financieras, bien, por defectos de representación, caso en el que las empresas proveedoras podría encontrarse, desde ahora, sin saberlo, o, como consecuencia de haber detectado una estructura corrupta en su seno, respecto de la cual ya existe admisión de culpabilidad de por medio.

A lo mejor ganaron, pero sin duda lo hicieron perdiendo.

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Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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