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Venezuela. Geopolítica electoral

Como jefe de Estado, gobierno, partido, congreso, poder judicial, poder electoral y como comandante de las fuerzas armadas no esperemos una pronta salida de Maduro del poder.
lun 12 agosto 2024 06:02 AM
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La consigna autoritaria de Maduro se toca en muchos aspectos y por lo tanto la negación y dilación para publicar las actas que respalden el resultado del 2024, forma parte de un repertorio de medidas ya conocidas, pues en ese país no se cumple con los criterios de integridad electoral, apunta Rina Mussali.

La geopolítica se ha impuesto en Venezuela. No es la primera vez que esto sucede. Las dinámicas extra-regionales tocan lugar en medio de la rivalidad disputada entre Washington y Beijing por conseguir la supremacía mundial. La alianza del gobierno de Nicolás Maduro con Rusia, China e Irán no sorprende. Intereses económicos, militares y políticos junto con el apoyo diplomático se han convertido en el soporte institucional que arropa la supervivencia del régimen oficialista en medio de la presión internacional.

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Cuando la confrontación entre potencias centrales y sistémicas se enquista en la ecuación política nacional, los países se polarizan más en su interior, y la ideología adquiere un rol predominante en la toma de decisiones. Un hecho que choca directamente con las expectativas de superación ciudadana y del pensamiento pragmático que convoca a ensanchar las oportunidades para conseguir una mejor calidad de vida.

No olvidemos que la alianza Moscú, Beijing y Teherán busca ampliar su influencia en América Latina y contrapesar a Estados Unidos, quien ha impuesto sanciones de distintos modelajes a estos tres países. Por ello, mantener a Caracas como aliado se convierte en un imperativo feroz, aquel que forma parte de una estrategia más amplia de proyección de poder y defensa del orden multipolar.

Sin embargo, la complejidad internacional no explica todo el panorama y se queda corta e incompleta si fallamos en adentrarnos en la lógica nacional. La crisis postelectoral que se generó después de los comicios del 28 de julio, se envuelve dentro de un portafolio que continúa exhibiendo el juego de multilateralidades que denota la tragedia venezolana y que obliga la hora del cambio.

Poco sorprendió el resultado electoral que manejó el oficialismo, quien lleva 25 años sustentando el poder: aquel que desinvitó a la Unión Europea a presenciar la jornada electoral conforme a los Acuerdos de Barbados, inhabilitó a María Corina Machado por 15 años a acceder a un cargo público, vetó a Corina Yoris para inscribir su candidatura opositora, pero que palomeó al hasta entonces poco conocido Edmundo González como contrincante, y obstaculizó el derecho al sufragio de 4.5 millones de venezolanos en el exterior. Asimismo, avivó la flama nacionalista en su disputa fronteriza con la vecina Guyana cifrada en clave electoral.

Recordemos el teje y maneje madurista: desconoció la Asamblea Nacional de mayoría opositora en 2015 e impusó una Asamblea Constituyente paralela que despojó las competencias de la primera. En las elecciones del 2018, no hubo rivales políticos de talla porque sus principales contendientes estaban encarcelados o inhabilitados. La consigna autoritaria de Maduro se toca en muchos aspectos y por lo tanto la negación y dilación para publicar las actas que respalden el resultado del 2024, forma parte de un repertorio de medidas ya conocidas, pues en ese país no se cumple con los criterios de integridad electoral.

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Como jefe de Estado, gobierno, partido, congreso, poder judicial, poder electoral y como comandante de las fuerzas armadas no esperemos una pronta salida de Maduro del poder. Apostar por el statu quo será la máxima oficialista, pese a que este proceso electoral fue sui generis: sorprendió la aglutinación de toda la oposición en una sola candidatura, impresionó la unidad, solidaridad y pericia para organizarse políticamente en aras de mostrar más del 80% de las actas computadas y la presencia de testigos electorales en la mayoría de los lugares de votación.

Quedará por verse cómo se manejan los esfuerzos diplomáticos de Brasil, México y Colombia para abrir canales de diálogo y mediación. ¿Los tres gobiernos de izquierda podrán materializar la transición política si se procede a quitar la orden de arresto a Maduro por parte de Estados Unidos y detener el proceso de las investigaciones de la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad? Este trío de países no puede darse el lujo de pagar la factura del éxodo masivo de personas en lo que se conoce hoy como la Siria de América.

Nota del editor: Rina Mussali es analista internacional y asesora de la Junta Directiva del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Síguela en X como @RinaMussali . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión

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