Con el inicio del registro obligatorio de líneas móviles, México activó uno de los procesos de verificación de identidad más amplios de su historia reciente: asociar cada línea activa a una persona plenamente identificada. El objetivo —reducir delitos como la extorsión y el fraude— es legítimo y socialmente relevante. Sin embargo, la magnitud del universo a registrar y los tiempos establecidos colocan el debate en un terreno distinto: el de la viabilidad operativa y la sostenibilidad del propio mecanismo.
Telecom en año clave. Presión regulatoria, derechos en juego
El éxito del padrón de telefonía no puede medirse únicamente por el número de registros logrados, sino por su capacidad para operar sin afectar derechos ni continuidad del servicio.
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El desafío no es menor. Se trata de incorporar a un sistema único a decenas de millones de usuarios, en un mercado dominado por esquemas de prepago y con una alta rotación de líneas. En ese contexto, el calendario de implementación no es un dato administrativo: es una variable crítica de política pública. Su diseño define si el proceso será gradual y ordenado o si, por el contrario, concentrará presiones técnicas y de atención en periodos muy acotados.
Toda política de verificación masiva enfrenta un dilema estructural: mientras más corto es el plazo de ejecución, mayor es la probabilidad de saturación de plataformas, cuellos de botella en los procesos de validación y fricciones para los usuarios. Estos efectos no necesariamente responden a fallas de voluntad ni a errores de diseño normativo, sino a la simple relación entre capacidad instalada y volumen de demanda.
Desde la perspectiva del usuario final, el riesgo no es abstracto. La interrupción de una línea telefónica no implica solo la pérdida de un número, sino el acceso a servicios esenciales: banca digital, autenticación por mensajes, plataformas de movilidad, comunicación laboral, educación a distancia y trámites públicos. Por eso, el éxito del padrón no puede medirse únicamente por el número de registros logrados, sino por su capacidad para operar sin afectar derechos ni continuidad del servicio.
La experiencia internacional muestra que los esquemas de identificación funcionan mejor cuando se despliegan de forma progresiva. Los periodos de estabilización permiten corregir vulnerabilidades técnicas, fortalecer mecanismos de protección de datos y ajustar procesos de atención antes de activar sanciones generalizadas. En cambio, cuando el énfasis se coloca exclusivamente en el cumplimiento acelerado, el sistema tiende a trasladar sus tensiones al usuario y a la operación cotidiana de los operadores.
A este reto se suma un componente adicional: la transparencia sobre cuántas líneas están asociadas a cada persona. Para muchos usuarios, será la primera oportunidad de verificar si existen registros a su nombre que no reconocen, por errores, duplicidades o posibles casos de suplantación. Ese ejercicio, positivo en términos de control, previsiblemente incrementará solicitudes de aclaración y corrección en un proceso que ya opera bajo alta presión.
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Más allá del plano técnico, el padrón introduce un factor de certidumbre sectorial. Si la implementación se percibe como frágil o confusa, puede erosionar la confianza en el mecanismo y generar fricción entre usuarios, operadores y autoridad. Además, concentrar en pocos meses los costos regulatorios y operativos presiona infraestructura, ciberseguridad y redes de atención en un momento en el que la continuidad del servicio es especialmente sensible.
El impacto tampoco es homogéneo. Los operadores con mayor escala suelen tener más margen para absorber inversiones adicionales en sistemas y personal. Para los actores medianos o pequeños, la carga proporcionalmente es mayor, lo que abre la puerta a distorsiones competitivas que van más allá del objetivo original del registro. No se trata sólo de inclusión digital, sino del equilibrio de un sector que funciona como infraestructura económica.
Este debate adquiere mayor peso en el contexto actual. México enfrenta un año de alta exigencia para la conectividad por eventos de alcance global que incrementarán la demanda, la visibilidad y la necesidad de estabilidad en los servicios. A ello se suma un entorno internacional donde la certidumbre regulatoria influye directamente en decisiones de inversión y despliegue de redes.
En ese escenario, ajustar el calendario de implementación no equivale a debilitar la política pública. Al contrario: una prórroga puede ser un instrumento de mitigación de riesgos, orientado a asegurar que el padrón sea operable, confiable y compatible con los derechos de los usuarios. Fortalecer plataformas, ampliar capacidad operativa y depurar procesos antes de aplicar medidas restrictivas reduce la probabilidad de fallas masivas y mejora el cumplimiento efectivo.
La discusión, entonces, no es si debe existir un registro, sino bajo qué condiciones puede consolidarse sin generar costos sociales innecesarios. Un padrón sostenible es aquel que logra su objetivo de seguridad sin comprometer la conectividad ni la confianza en el sistema. En un país donde el teléfono móvil es la principal puerta de acceso a servicios esenciales, asegurar una implementación robusta no es un obstáculo para la política pública: es parte central de su éxito.
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Nota del editor: Gilberto García es Director de Miranda Intelligence, la división de análisis de Miranda Partners. Cuenta con más de 15 años de experiencia en análisis estratégico y financiero. Antes de integrarse a Miranda Partners en noviembre de 2023, fue Analista Senior de Renta Variable en Barclays, donde estuvo a cargo de la cobertura del sector financiero en América Latina. Es Licenciado en Economía por el Tec de Monterrey. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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