En México, a partir del 25 de septiembre se venció el plazo para que las fintech se registraran ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y sólo 85 firmas lograron inscribirse, mientras que poco más de la mitad se quedaron fuera.
Por ley, se debe pedir una autorización para operar bajo la Ley Fintech, de lo contrario sus administradores pueden enfrentar consecuencias económicas y hasta penales, por realizar actividades reservadas sin tener el aval de la autoridad para realizarlas.
De acuerdo con los lineamientos de ley se contemplan penas de cárcel de hasta 15 años, para quienes realicen una de las dos actividades reservadas por la Ley Fintech y multas que van de los 422,000 pesos hasta los 12.6 millones de pesos.
Durante el Panel fintech: el camino a la regulación, Paola Rivera Zavala, directora de autorizaciones de Tecnología Financiera de la CNBV, advirtió que las empresas fintech que no presentaron solicitud de autorización, pero ya operaban previo a la entrada en vigor a la Ley Fintech, tienen que dejar de ofrecer sus servicios al público, pues incurren en un delito.
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Rivera Zavala, enfatizó que las autoridades están analizando todas las propuestas enviadas por las fintech y aseguró, que, de ser necesario, se podría abrir una segunda o tercera etapa para que se pueda entablar un diálogo con las empresas y ver qué les afecta de la regulación y qué se puede cambiar.
Los empresarios de las fintech concuerdan que la regulación es un papel fundamental para su negocio, pues significa un paso muy importante para jugar en el mercado mexicano y atender a esa gente que necesitan de sus servicios.
Aunado a las sanciones e implementaciones que deberán acatar las empresas fintech, el socio fundador de Legal Paradox, Carlos Valderrama adelantó que ya se están trabajando en esquemas Fintech As a Service, donde van a registrar empresas que no enviaron su solicitud antes del 25 de septiembre para que puedan “tener un paraguas protector que puedan operar” bajo la regulación.
Sin embargo, las empresas que no metieron la solicitud, o que sean aceptadas sus solicitudes dentro del esquema de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), son también una opción para buscar asesoría y ver la forma en cómo se transforman o adaptan, para cumplir con un marco regulatorio que se ajuste a sus operaciones.
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Por su parte, María José Brito, directora de operaciones de Propeler, comentó a Expansión que en esta primera etapa hubo varios ajustes en su modelo de negocio y a los lineamientos que la CNBV pedía, pero, enfatizó que la parte más retadora será cuando las autoricen, pues deben cumplir con todo.
“Debemos acatarnos a las leyes y la Comisión está muy abierta para darnos un periodo de transición. Esta primera fase fue más retadora porque no tenemos mucho conocimiento de eso y cada vez hay un requerimiento nuevo”.
El presidente de la CNBV, Adalberto Palma, enfatizó en su momento que el país se encuentra en un buen momento para avanzar en términos de la regulación, ya que será útil para la inclusión financiera.
Empresas como AirTM, que es una fintech estadounidense, pero que tienen oficinas en el país también tuvieron que presentar una solicitud formal al igual que todas.
“Estamos en México para darle una oportunidad y convertirnos en una opción para enviar un pago no solo a México, sino a cualquier parte del mundo. Somos una empresa americana pero tenemos una subsidiaria mexicana y justo es la empresa que está regularizando la Comisión”, explicó en entrevista a Expansión Rubén Galindo, director general de AirTM .
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Asimismo, aseguró que la CNBV ha sido flexible pues no son la única empresa no 100% mexicana en el proceso.
“Es muy importante que la Comisión haya abierto las puertas a esto, el dinero es global y las fintech se están haciendo más robustas y deben estar globalmente conectadas”, reiteró Galindo.
