La medida impulsada por la ABM surgió porque, a raíz de la pandemia por COVID-19, el uso de las aplicaciones móviles bancarias aumentó un 50%, lo que también impulsó los fraudes y riesgos cibernéticos.
“Aunque cada aplicación definirá el nivel de tecnología que tendrá esta herramienta, lo más seguro es que primero se implemente con redes WiFi, y sólo en cada transacción (...) y aunque de primer momento muchos puedan sentir sorpresa por este tema, la realidad es que los protocolos de seguridad de las apps son mucho mejores que aplicaciones que tienen acceso a la geolocalización de los usuarios”, puntualizó Adrián Sánchez, director de Cumplimiento de Delitos Financieros en LexisNexis Risk Solutions para América Latina y el Caribe.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó en un comunicado que el tratamiento de los datos de geolocalización de clientes y usuarios sólo será posible con su consentimiento y deberá ser recabado por las instituciones bancarias, previo a la apertura de la cuenta.
Según el organismo autónomo, la geolocalización puede permitir la creación de un perfil y, en su caso, revelar información del usuario, lo cual podría representar una nueva finalidad y un cambio en el tratamiento de datos personales.
Ante esta normativa, algunos usuarios han buscado usar sistemas como VPNs, con el fin de que la privacidad de su red sea garantizada.
“El tema con el uso de VPNs es que puede ser a la larga un problema para el usuario, pues la idea de los bancos es trazar la geolocalización con hábitos de los usuarios para evitar fraudes y si un usuario constantemente está haciendo transacciones en otras zonas, al momento de que ocurra un fraude de verdad, el banco podría no identificarlo o relacionarlo”, indicó Sánchez.
