El plan maestro de desarrollo para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles refiere que la compra de predios adicionales para el proyecto podría ajustarse, debido a los estudios realizados por las empresas NavBlue y Aeropuertos de París (ADP), y plantea la posibilidad de usar la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) como mecanismo de financiamiento.
El plan maestro de Santa Lucía pone en duda el área y el presupuesto requerido
El documento del gobierno federal refiere que el preplan maestro inicialmente contemplaba la adquisición de 1,286 hectáreas de terrenos ubicados en la parte norte, poniente y sur del actual polígono de la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, abarcando los municipios de Zumpango, Santa Ana Nextlalpan y Tecámac, en el Estado de México. Esto difiere marginalmente de la superficie señalada en la manifestación de impacto ambiental (MIA) del proyecto, que apunta a una compra de 1,284 hectáreas.
Lee: Aprobación de la MIA no cambia la situación jurídica de Santa Lucía, dice MCCI
Sin embargo, con la arquitectura del espacio aéreo desarrollada mediante los estudios de aeronavegabilidad de la empresa NavBlue, con el plan maestro de Aeropuertos de París (ADPI), “se ha determinado ajustar la adquisición de predios”, refiere el documento, sin especificar el área afectada.
“Lo anterior tiene la finalidad de evitar la falta de visión estratégica y problemática que hoy presenta el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y que ha quedado inmerso dentro de la ciudad, sin espacios de crecimiento, al contar únicamente con 711 hectáreas que no le han permitido desarrollarse en función a la demanda actual de operaciones aeroportuarias”, se lee en el documento que forma parte del expediente de la MIA.
Previamente, la Sedena había informado que la compra de los predios requeriría de un monto de 3,030 millones de pesos. Al respecto, el documento indica que la compra se ha realizado mediante una política de compraventa directa entre el gobierno federal y los actuales poseedores de los predios, siendo estos en su mayoría de uso agrícola de temporal y organizados en ejidos. “La negociación se ha dado en total respeto a esas organizaciones y sus principios”.
Lee: La Semarnat autoriza el proyecto de Santa Lucía con estas condicionantes
Según el plan maestro de desarrollo, la barda perimetral del proyecto también tendrá un cambio y pasará de una longitud de 23.3 kilómetros a 27.2 kilómetros. Dentro del proyecto integral de la vialidad y barda perimetral, se considera la construcción de tres accesos monumentales al aeropuerto y cinco casetas de vigilancia.
Presupuesto incierto
Aunque la MIA apunta a un presupuesto de 78,557 millones de pesos (incluyendo las obras de construcción, la interconectividad con el AICM y la compra de predios), en el plan maestro de desarrollo este rubro permanece incierto debido a que se obstruye la información con un tachado en negro.
Respecto a las fuentes de financiamiento, el documento refiere que se tiene contemplado que todos los recursos provengan del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de los siguientes ejercicios. Sin embargo, no descarta utilizar la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) para financiar el proyecto.
“Una de las principales ventajas de emplear este mecanismo es que la demanda por servicios aeroportuarios se caracteriza por un comportamiento estable que es relativamente insensible a cambios en el nivel de precios. Por ende, las percepciones por concepto de TUA son una fuente de pago estable para cualquier obligación financiera”, indica el documento.
El documento incluso da un ejemplo de cómo se podrían captar hasta 10,190 millones de pesos destinando 156.3 pesos por pasajero de la TUA por pasajero al servicio de la deuda.
El plan maestro de desarrollo marca un tiempo de construcción de 30 meses, lo que coincide con lo trascendido en semanas anteriores, que apuntaban a que el proyecto retrasaría su inicio de operaciones un año, hasta 2022, teniendo en cuenta que se comenzara la construcción en los siguientes meses. Sin embargo, una serie de juicios de amparo y la falta de más autorizaciones podrían retrasar aún más el proyecto.