Desde el comienzo de la administración actual, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha transmitido un mensaje claro al sector minero en México: no se otorgarán nuevas concesiones durante su mandato. Cinco años después de haber asumido el cargo, la cantidad de proyectos detenidos se ha duplicado y la minería ha retrocedido del quinto al sexto lugar en cuanto a la generación de divisas en el país.
El 8 de mayo de este año, se anunciaron una serie de modificaciones regulatorias en el Diario Oficial de la Federación, afectando leyes como la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, y la Ley General de Equilibrio Ecológico y para la Protección al Ambiente, entre otras.
“Con la publicación de la reforma a la Ley Minera en el DOF el 8 de mayo de 2023, se da por terminado un periodo de más de 30 años en el que se trastocó el interés público. Con esta ley se contribuye a la distribución equitativa de la riqueza pública, a la protección del medio ambiente y, sobre todo, a la mejora en las condiciones de vida de la gente”, dijo el mandatario en su quinto informe de gobierno.
Entre las modificaciones más destacadas, destaca la reducción del período de concesiones otorgadas de 80 a 100 años, y la transferencia de las responsabilidades de exploración al Servicio Geológico Mexicano.
Otro de los grandes reveses para el sector llegó en agosto del año pasado, cuando el Gobierno Federal decidió delegar las actividades en torno al litio a la empresa estatal Litio para México, y también en abril de este año, cuando decidió nacionalizarlo.
