El gobierno accionista
Recientemente, Intel acordó entregar casi un 10% de acciones al gobierno estadounidense a cambio de que Washington convirtiera 11,100 millones de dólares en subvenciones de la Ley CHIPS en participaciones de la empresa.
La jugada diluye a los accionistas actuales y reduce sus derechos de voto, pero le da al Estado un asiento en el consejo de una de las mayores empresas de semiconductores.
La transacción se suma a la obtención de una “acción de oro” que permite al Departamento del Tesoro vetar operaciones estratégicas en la venta de U.S. Steel a la japonesa Nippon Steel, y a una inversión de 400 millones de dólares en MP Materials, con la que el Departamento de Defensa (DoD) se convertirá en su mayor accionista con aproximadamente el 15% del capital y asegurará la compra de todos los imanes producidos durante 10 años.
Otro acuerdo obliga a Nvidia y AMD a entregar al gobierno un 15% de los ingresos generados por sus ventas de chips de Inteligencia Artificial a China, una participación inédita que ha sido criticada por expertos por socavar la justificación de los controles de exportación.
Reindustrialización sin vuelta atrás
Todas estas medidas se insertan en la agenda de reindustrialización de Trump, descrita por Arlene Uresti, especialista en relaciones internacionales, como una estrategia para atraer capital productivo de vuelta a Estados Unidos y recuperar el liderazgo industrial perdido frente a China.
Según Uresti, Trump busca crear asociaciones público‑privadas “mucho más frecuentes” que garanticen no sólo financiamiento, sino participación y regulación directa del gobierno en sectores estratégicos. La narrativa se resume en la idea de que la pérdida de empleo, innovación y competitividad derivada de la deslocalización industrial debe revertirse a través de la participación estatal en empresas estratégicas.
Un asunto de seguridad nacional
La seguridad nacional y la defensa están en el centro de este giro que algunos consideran intervencionista.
La producción de sistemas de armas y superordenadores depende de una cadena global de semiconductores y materiales críticos.
Un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) indica que Estados Unidos produce sólo el 2% de los chips utilizados en sistemas militares y que gran parte de los FPGAs (circuitos reprogramables) que se montan en cazas F‑35 y misiles Javelin se fabrican en Taiwán.
La misma institución advierte que los problemas de Intel podrían “poner en peligro la capacidad del gobierno de asegurar chips de vanguardia para el Pentágono”. La dependencia de la isla taiwanesa y de TSMC hace que un terremoto, una pandemia o la coerción china puedan paralizar el abastecimiento de semiconductores, señala el informe.
Además, la ofensiva contra la concentración china no se limita a los chips. China domina la refinación de tierras raras y otros materiales como el galio, el tungsteno y el grafito. Un análisis de War on the Rocks señala que, incluso con nuevos acuerdos comerciales, Beijing mantiene la discreción sobre licencias de exportación para casi una docena de materiales críticos; cortar estos suministros podría “apagar” la base industrial del Pentágono.
Por ello, el acuerdo con MP Materials no sólo implica una participación accionaria, sino también un precio mínimo garantizado y un contrato de compra de 10 años.
Estas herramientas son presentadas por analistas como instrumentos de de-risk para las cadenas de suministro y construir capacidad doméstica.
La cadena de semiconductores también es estratégica para la disuasión nuclear. Un análisis de la organización sin fines de lucro RAND recuerda que superordenadores como El Capitán del Laboratorio Lawrence Livermore, dedicados a simular explosiones nucleares, dependen de decenas de miles de GPUs de AMD; perder el liderazgo en computación de alto rendimiento comprometería la capacidad de Estados Unidos para evaluar la fiabilidad de su arsenal y analizar inteligencia.
El Atlantic Council advierte que los FPGAs son esenciales para el F‑35 y el Javelin y que su cadena de suministro enfrenta riesgos de coste, disponibilidad y seguridad, lo que justifica crear reservas estratégicas.
Los movimientos de Trump pueden responder a preocupaciones de seguridad nacional más que a un experimento ideológico.
La militarización de la política industrial responde a la percepción de que el capitalismo de libre mercado no garantiza la seguridad nacional en un mundo multipolar, señala la especialista.
La administración argumenta que el Estado debe tomar una participación directa para asegurar la producción de semiconductores de última generación, imanes de tierras raras, aceros especiales y sistemas de inteligencia artificial.
El enfoque recuerda a la movilización industrial de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, pero se aplica en tiempos de paz. Para Uresti, la pérdida de liderazgo industrial ya restó competitividad y mermó las cadenas de valor nacionales; la reindustrialización busca no sólo recuperar empleo e innovación, sino también controlar sectores clave que se han convertido en “cuellos de botella” de la defensa.
