MANILA/BANGKOK/JERUSALÉN- Controles militares, medidas de excepción, estados de alarma, confinamientos y toques de queda. Las órdenes se propagan en un mundo asediado por la COVID-19, situación que algunos gobiernos están aprovechando para acumular poder y socavar derechos.
En Filipinas, Tailandia, Camboya, Israel o Hungría sus líderes han sucumbido a tentaciones autoritarias y han impuesto restricciones que violan derechos fundamentales con el pretexto de la emergencia sanitaria.
"Los gobiernos de mentalidad autocrática ven rápidamente en una crisis como ésta una oportunidad para requerir poderes draconianos y mantener el control", apunta el subdirector de Human Rights Watch (HRW) para Asia, Phil Robertson. "Para algunos, responder a la crisis se traduce en restringir la libertad de expresión, obstruir medios independientes y castigar a activistas".
Asia, continente dominado por regímenes autoritarios y democracias endebles, es "especialmente vulnerable" al problema, aunque no es exclusivo de la región.
En Filipinas, su polémico presidente, Rodrigo Duterte, ha logrado que el Congreso le otorgue "poderes especiales" bajo la emergencia nacional, lo que le permite actuar sin contar con el Legislativo, modificar los presupuestos a su antojo e intervenir empresas privadas.
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Grupos civiles y partidos de la oposición han alertado del riesgo de que se implante una "ley marcial de facto" al dar tanto poder a un mandatario que no oculta su poco apego a los cauces democráticos.
"Hay pocos frenos a los nuevos poderes de Duterte y, como sus aliados controlan el Congreso, encontrará muy poca resistencia política para hacer lo que quiera", advierte Robertson.
El mandatario ha colocado a las Fuerzas Armadas al frente de la crisis, en detrimento del Departamento de Salud, y ha designado al general retirado Carlito Galvez líder del equipo.
"Estamos en guerra contra un enemigo invisible y necesitamos gente entrenada en el arte de la guerra", esgrimió su portavoz ante las críticas por la militarización de la respuesta a la pandemia.
No es algo nuevo. El analista filipino Richard Heydarian recuerda que la gestión de Duterte se basa en la búsqueda de crisis —guerra contra las drogas, terrorismo, desastres naturales y ahora el coronavirus— para adoptar medidas extraordinarias. "Su algoritmo de poder opera bajo situaciones de emergencia, siempre más allá del marco constitucional".
La actual pandemia es una oportunidad atractiva para que "proto-dictadores de todo el mundo construyan un clima de terror del que puedan sacar réditos políticos", remarca Heydarian, profesor de relaciones internacionales de la Universidad La Salle en Manila.
En Filipinas, unas 17,000 personas han sido detenidas en tres semanas por violar el toque de queda o el confinamiento y HRW ha denunciado tácticas represivas: un hombre murió tras recibir un disparo por supuestamente saltarse un control militar y algunos fueron encerrados en jaulas u obligados a permanecer a pleno sol durante horas como castigo.
También en la India, gobernada por el nacionalista Narendra Modi —q uien ordenó el confinamiento de sus 1,300 millones de habitantes, el mayor de la historia—, agentes de la ley golpean con palos de bambú a civiles por vulnerar la medida y usan gases lacrimógenos para mantener las distancias.
La organización International Crisis Group, en un informe sobre cómo la pandemia podría alterar el status quo global, alerta sobre el peligro de que algunos líderes extiendan por tiempo indefinido algunas medidas como la prohibición de reuniones públicas y protestas, con el fin de aplastar a la disidencia.
Esa posibilidad planea sobre Tailandia, que también ha declarado el estado de emergencia, lo que otorga al primer ministro —el ex general golpista Prayut Chan-ocha— plenos poderes para imponer toque de queda y restringir movimientos, pero también para censurar medios o reprimir a la oposición.
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Aunque ocupa este cargo desde las elecciones del año pasado, Prayut accedió primero al poder en 2014 por un golpe de Estado y lideró durante cinco años la junta militar que acalló voces disidentes valiéndose de medidas de excepción similares a las ahora decretadas.
Además de tener una de las leyes de lesa majestad más estrictas del mundo, Tailandia cuenta con una ley de delitos informáticos que ya se ha usado para encarcelar a detractores del régimen con la coartada de las fake news.
"El gobierno cuasi-democrático está retornando a sus raíces militares y amenaza con una guerra total contra quienes critican su gestión en las redes sociales", señala el subdirector de HRW.
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En medio del aluvión de informativo sobre el coronavirus, países como Singapur, Malasia, Indonesia o Filipinas también han promulgado leyes que sancionan supuestamente la difusión de noticias falsas.
Con esa justificación, Camboya —donde su primer ministro también ha solicitado poderes de emergencia— ha detenido a 17 personas por compartir "información falsa" sobre la Covid-19, entre ellos cuatro miembros del opositor Partido para el Rescate Nacional, ilegalizado en 2017. Esto, en la práctica, ha convertido al país en un régimen unipartidista liderado por Hun Sen.
Además, "Vietnam y Laos están censurando la libertad de expresión en la red con leyes contra las noticias falsas para considerar no factual cualquier comentario que no les guste", denuncia Robertson.
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La mordaza a la libertad de prensa en tiempos de pandemia también ha llegado a Egipto, que retiró la acreditación al corresponsal de The Guardian por un artículo que se hacía eco de una investigación que apuntaba a la presencia de 19,000 casos positivos de Covid-19 en la nación. El régimen del general Al Sisi amenazó con la misma sanción al periodista de The New York Times por retuitearlo.
Las medidas preventivas contra el coronavirus en Israel han permitido al primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, salvar su cargo y su futuro político, pese a estar acusado de corrupción, a expensas de tambalear los cimientos de la democracia israelí.
Su ministro de Justicia, Amir Ohana, declaró un parón judicial al amparo de estas medidas dos días antes de que comenzara el juicio por fraude, cohecho y abuso de confianza contra Netanyahu, ahora aplazado hasta mayo. Su otro aliado, el presidente del Parlamento, Yuli Edelstein, protagonizó un choque sin precedentes con el Tribunal Supremo al negarse a convocar la sesión en la que estaba previsto que la cámara votara su destitución.
Al impedir la activación del nuevo Parlamento durante una semana, el gobierno interino también aprovechó para aprobar por decreto que los servicios de inteligencia usen herramientas contra el terrorismo para rastrear teléfonos móviles y controlar a los contagiados el coronavirus, una polémica decisión que afecta al derecho a la privacidad.
La paralización imposibilitó además que la oposición presentara a trámite un proyecto de ley para evitar que un acusado pueda ser primer ministro, y por tanto, que Netanyahu revalidara el cargo.
Una encuesta publicada este martes por el Israel Democracy Institute (IDI) refleja que el 56% de los ciudadanos es pesimista sobre el futuro de la democracia del país, y un 52% de ellos considera que está en "grave peligro".
La grave crisis institucional terminó con la dimisión de Edelstein y un sorpresivo giro del hasta ahora rival de Netanyahu, Beny Gantz, que se hizo con la presidencia de la Knéset temporalmente hasta formar un gobierno de unidad nacional, en pos de la situación de "emergencia".
Para formalizar el nuevo Ejecutivo, en la mesa de negociaciones han puesto un proyecto de ley que permitirá el blindaje de Netanyahu ante la Justicia: mantenerse como primer ministro durante el primer año y medio y convertirse en viceprimer ministro cuando Gantz se haga con la jefatura rotativa del gobierno.
La deriva autoritaria también ha llegado a la Unión Europea, donde el Parlamento de Hungría aprobó este lunes una ley —pese al voto en contra de toda la oposición— que prolonga indefinidamente el estado de emergencia por el coronavirus, lo que permite al primer ministro, el ultraderechista Viktor Orbán, gobernar mediante decreto. Por tiempo indefinido se suspende la actividad parlamentaria y la convocatoria de elecciones.
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"La ley crea un estado de excepción indefinido e incontrolado y da al gobierno carta blanca para restringir derechos humanos. Ésta no es forma de abordar la crisis por la pandemia", denunció el director de Amnistía Internacional en Hungría, David Vig.
La controvertida ley prevé penas de hasta cinco años de cárcel para quien publique informaciones falsas que "imposibilitan o dificultan" la lucha contra el virus, y ocho para los acusados de incumplir la cuarentena.
La controvertida ley prevé penas de hasta cinco años de cárcel para quien publique informaciones falsas que "imposibilitan o dificultan" la lucha contra el virus, y ocho para los acusados de incumplir la cuarentena.
"Durante su mandato, Orbán ha acometido el retroceso de los derechos humanos, azuzando la hostilidad hacia grupos marginados y tratado de silenciar voces críticas. Permitirle gobernar por decreto acelerará este declive", agregó Vig.
Instituciones como el Consejo de Europa, el Europarlamento, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), o el Instituto Internacional de Prensa han expresado su preocupación por albergar una virtual dictadura en el seno de la UE.
Frente a las posturas de Duterte, Orbán o Netanyahu; otros líderes populistas de derechas, como Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil o Recep Tayyip Erdogan en Turquía, han minimizado el impacto del Covid-19 y han sido reacios a adoptar medidas drásticas enarbolando el fantasma de la recesión.
