En el documento enviado al Departamento de Comercio, Trump señala que el requerimiento de la Constitución "nunca ha sido entendido en el sentido de que se tiene que incluir cada individuo que esté presente físicamente en los límites de un estado en el momento del censo".
Esta interpretación recibió una lluvia de críticas de organizaciones que defienden a los migrantes y de la oposición demócrata.
El presidente del Comité Nacional Demócrata, Tom Perez, denunció que "la agenda antiinmigrante de Donald Trump no tiene límites".
Para Perez, esta orden es "inconstitucional" y su "único propósito es silenciar y quitarle poder a las voces latinas y a las comunidades minoritarias".
La líder de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, también respondió rauda, afirmando que la "Constitución es clara" y que estipula que se cuenta a "todas las personas".
Además, Pelosi prometió que la Cámara de Representantes, donde los demócratas tienen mayoría, va a responder con contundencia a "cualquier intento inconstitucional e ilegal del presidente para perjudicar el censo".
La asociación de defensa de los derechos civiles ACLU denunció esta acción del presidente como "inconstitucional" y prometió desafiarla ante los tribunales.
Organizaciones de la sociedad civil que ayudan a los migrantes también rechazaron el planteamiento de Trump.
"Este memorándum odioso reafirma lo que ya sabíamos: que la Casa Blanca no ve a los inmigrantes como personas", afirmó Krish O’Mara Vignarajah, presidente del Servicio Luterano de Inmigración y Refugio (LIRS).
La organización La Colmena apeló además al aspecto práctico de esta decisión. "La realidad es que el censo ya está en marcha y no incluye una pregunta sobre la documentación", sentenció.
Con información de AFP y EFE