Una vieja inhabilitación contra Machado, vencida en 2016, fue extendida en junio hasta 2030. La Contraloría —facultada por ley para inhabilitar a funcionarios por vía administrativa— la vinculó con "una trama de corrupción" cuando era diputada. Machado lo niega.
La Constitución establece que solo una sentencia judicial "definitivamente firme" impide aspirar a la presidencia.
"Yo nunca he recibido ni una notificación", sostiene Machado, que descarta pelear la sanción en la justicia. "Si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión, ¿Qué es lo que voy a recurrir?".
El lunes, el vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo que la jornada del domingo fue un fraude, lleno de irregularidades, que sólo votaron unas 600,000 personas y que si un candidato estaba inhabilitado no podía disputar la presidencial del 2024.
"No hay ni una sola posibilidad, pero ni una, ni media (...) que una persona que esté inhabilitada pueda ser habilitada para participar en una elección presidencial", dijo Cabello en declaraciones divulgadas por la televisión estatal.
"Esa inhabilitación es mentira (...) y vencerá eso", expresó Nilsa Correa, de 53 años, que acompañó el escrutinio de su mesa en una zona comercial de Caracas.
La oposición, que dice que las inhabilitaciones son ilegales, se ha mostrado reticente a confirmar qué haría si Machado gana las primarias y no puede competir en 2024. Machado ha dicho que su objetivo es derrotar a Maduro en una votación justa y pacífica y ha señalado que podría presionar a las autoridades electorales para que le permitan registrarse.