México y la llamada cuarta transformación ante viejos desafíos

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias señala que, debido a la desigualdad económica que prevalece en México, 74 de cada 100 personas que nacen pobres, mueren pobres; muestra de ello son los 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 17años, que trabajaban en ocupaciones “no permitidas”, esto es el 8.4% de toda la niñez mexicana.

Esta realidad hace pertinente el hablar del concepto de justicia distributiva o justicia social, la cual, de acuerdo con John Rawls, tiene que ver con que los bienes lleguen a todos aquellos que lo necesitan. No sólo por buscar igualar las condiciones de desarrollo humano, sino por garantizar la dignidad humana.

Esto supone que el ejercicio del poder público se haga a la luz de este principio de justicia social; dicha premisa requiere que la sociedad y todos sus estructuras económicas y políticas asuman como verdadero y necesario el apegarse a esta definición de justicia.

En México, el incremento en el nivel de pobreza muestra una pérdida en la esperanza de que las cosas mejoren. Cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) indican que en el 2016 los hogares más pobres contaron con un ingreso promedio de 8,166 pesos al trimestre; en cambio, los hogares más ricos alcanzaron un promedio en sus ingresos de 168,855 pesos, es decir, casi 21 veces más.

El rezago que hoy se observa en la disponibilidad de bienes para el desarrollo social de numerosos sectores de la población hace que los extremos de riqueza y pobreza, que en el país prevalecen, sean inusitados, visibles y amenacen no sólo el crecimiento mismo de la economía sino también su posibilidad de combinar, como hasta la fecha, el crecimiento con la justicia social.

Así, a pesar del tamaño y la complejidad de los desafíos a los que se enfrenta el país, es aún demasiado prematuro concluir de modo pesimista que nada puede hacerse.

Por ejemplo, para garantizar el desarrollo social y humano se requiere trabajar en el mejoramiento del bienestar de la población, mediante el desarrollo de sus capacidades productivas, acrecentando la equidad e igualdad de oportunidades. En cuanto a la política industrial, se requiere elevar la competitividad de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas; esto permitirá impulsar un desarrollo armónico del mercado interno.

Asimismo, el impulso del desarrollo científico y tecnológico permitirá nuevas vías de cambio social y progreso económico. Es deseable que el gobierno apoye la formación de núcleos científicos que estimulen la adopción de nuevas tecnologías y soluciones dentro del sector privado y de la industria.

Se requiere un sólido sistema de financiamiento para apoyar iniciativas de emprendimiento de personas y grupos sociales de bajos ingresos para promover el autoempleo y el desarrollo de microempresas viables, sustentables y competitivas en su entorno.

México ha registrado avances en términos de ingreso per cápita; sin embargo, los indicadores multidimensionales del desarrollo arrojan resultados negativos, tienen un desempeño inferior a lo que su PIB per cápita estima en esperanza de vida, empleo, seguridad y apoyo social. Las desigualdades de ingresos siguen siendo relativamente altas y la informalidad sigue siendo un problema persistente.

OPINIÓN: ¡La economía de México está frenada!

El crecimiento actual de la economía y el previsto son aún insuficientes para cerrar la brecha de ingresos, lo cual es motivo de preocupación debido a sus efectos macroeconómicos y sociales.

La universalidad y el enfoque integral de las políticas de desarrollo económico deben ser capaces de afrontar los retos del país. Esto requiere planteamientos de desarrollo flexibles y dinámicos con el compromiso de poner en práctica los principios de equidad e igualdad de oportunidades.

Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es director de Spark UP y académico de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

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