Para lograr lo anterior se requiere de un gobierno eficiente, sin corrupción, que tenga visión al futuro, que entienda las posibilidades de nuestra nación en el corto, mediano y largo plazo; un gobierno que cuente con los recursos suficientes y adecuados para desarrollar lo que le corresponde, tanto recursos humanos como financieros.
Igual de importante es el papel que juega la iniciativa privada en el desarrollo del México al que aspiramos. Mediante su actividad, las empresas generan empleos, desarrollo económico, valor agregado, desarrollo regional; generan riqueza que en general se reinvierte y con ello inicia de nuevo el círculo productivo. Algo fundamental: pagan impuestos que representan, por mucho, el mayor porcentaje de los recursos que el gobierno requiere para su labor, sus programas sociales y sus compromisos económicos.
Mas del 90% de las empresas en México son micro, pequeñas y medianas (mipymes), generan aproximadamente el 78% de los empleos en el país y cuentan con reservas de capital limitadas, la mayoría vive del día a día.
Para realizar su actividad, vender sus productos u ofrecer sus servicios, estas empresas contratan personas a las que les pagan sueldo, prestaciones, IMSS, Infonavit, SAR; también pagan renta, luz, agua, telefonía, internet, costo de producción de sus productos o servicios, impuestos, créditos, entre otros.
Ante la emergencia por el Covid-19, sus ventas se han reducido drásticamente o de plano no están operando, lo que les expone a un casi seguro escenario de quiebra con las correspondientes consecuencias del desempleo y fracturación de la planta productiva; estamos hablando de escenarios de millones de desempleados.
