Los lineamientos establecen que al realizar una intubación orotraqueal (“procedimiento de alto riesgo”) se debe “Utilizar cubrebocas de alta eficiencia (N-95) previamente probados con pruebas de ajuste realizadas por el personal de epidemiología…” y agrega que “…se debe utilizar protección ocular (gafas médicas o caretas), batas resistentes al agua de manga larga de un solo uso y guantes. Todo el personal involucrado en la secuencia de intubación debe contar con las medidas de protección” y hace especial mención al personal de enfermería “que está en mayor riesgo dado que pasa más tiempo en el área donde se atiende al paciente.”
El 28 de febrero, dos semanas después de expedidos los lineamientos, se dio a conocer el primer caso de COVID-19 en México y empezó a evidenciarse que el gobierno no había atendido a sus propios lineamientos y no se había preparado para enfrentar la pandemia. A contra reloj se empezaron a adquirir equipos para atender a los enfermos y para proteger al personal médico, mucho de lo cual carecía de calidad, según lo han manifestado públicamente médicos, enfermeros y gobernadores estatales.
Adicionalmente no hubo consistencia en los mensajes: el vocero oficial (de quien se siguen dudando sus datos) era contradicho por su jefe en palabras y hechos, y la presencia de un vocero alterno (el Secretario de Relaciones Exteriores) incrementó las confusiones.
Esta situación me recordó lo sucedido en España durante la “Crisis del Ébola” en agosto de 2014. La entonces Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, Ana Mato, autorizó un operativo (más bien propagandístico) para trasladar de Sierra Leona a España al misionero Miguel Pajares, y días después al sacerdote Manuel García Viejo, ambos enfermos de ébola, quienes fueron atendidos, entre otros, por la enfermera Teresa Romero.
