Punto y aparte, motivo de un largo ensayo sería discutir si nuestro país tiene o no vocación federalista, entendida ésta como el pacto entre iguales que ceden parte de su soberanía en alianza para lograr un fin común. Lo cierto es que el diseño institucional federal pone en un mismo plano al Estado de México, Nuevo León, Oaxaca y Chiapas, por poner un ejemplo, con una aportación porcentual del PIB en 2018 por Entidad que va del 8.8; 7.6; 1.6 y 1.5 respectivamente (INEGI).
Así las cosas, el reconocimiento de las desigualdades desde un ámbito constitucional puede ser el instrumento legal que saque a nuestro país de una polarización económica, social, cultural y política que cada vez cala más hondo. Ser capaces de observar que existen en la vida jurídica y política nacional asimetrías de facto y tal vez hasta de iure (o de derecho) puede ser el origen que abra la puerta a una discusión seria.
Tal es el caso del reconocimiento de “usos y costumbres” que hace el Artículo Segundo de la Constitución Política Federal, y que puede argumentarse como instrumento de asimetría; lo cierto es que la frase que antecede al establecimiento de derechos de los pueblos indígenas es que “La Nación Mexicana es única e indivisible” y es, sobre dicha base, que se suscribieron el establecimiento de políticas y la distribución de facultades expresas, tácitas, coincidentes y residuales, por señalar de manera breve el diseño facultativo constitucional.
Los datos del Coneval nos demuestran que la implementación de políticas de “equidad o igualdad” en el país han incrementado la brecha de pobreza (CONEVAL), haciendo más ricos a los Estados prósperos y más pobres a los que año con año presentan un PIB negativo. Vale la pena señalar lo que sucede en materia de actividad industrial, pues la regulación asimétrica de iure (o de derecho) idealmente se debería establecer en la Ley Suprema, pero podría reconocerse también, como en el caso de Canadá o España, a través de tratados de facto que aceptan las partes firmantes como el caso del Pacto Oaxaca, propuesto por el sector empresarial (CONCAMIN), pero retomando y reconociendo el Plan Nacional de Desarrollo que ha propuesto el Gobierno Federal.
Para ilustrar lo que implica el desarrollo de la industria en el ámbito nacional, vale la pena hacer un “zoom in” al sector energético y señalar que más del 80% de la infraestructura de transporte de gas natural se encuentra del centro al norte del país, y lo que implica que menos del 20% se ha desarrollado en el sur-sureste. Aunado a que gran parte del uso en el sur es para actividad petrolera, la que no tiene un efecto directo en la industria nacional, ni en la creación de empleos por parte del sector privado.
