(Expansión) - Hace unos meses en este mismo espacio publiqué el artículo titulado “ Dogmatismo ad nauseam en el sector eléctrico ”, donde describí el uso de mentiras y dogmas para cometer actos inconstitucionales con motivo de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
En dicho texto hablé del desconocimiento e ignorancia (dolosa) federal sobre el alcance de los compromisos internacionales de México, consagrado en el Artículo 133 Constitucional.
Pues bueno, hace unos días el Ejecutivo envió una iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, la cual –entre otros aspectos aberrantes– pretende regular la suspensión de permisos de almacenamiento y expendio de hidrocarburos otorgados a particulares, y el control de las instalaciones por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el tiempo que dure la suspensión.
No nos equivoquemos, es una forma populista de disfrazar expropiaciones.
La iniciativa no señala un límite temporal, no señala un procedimiento administrativo, no señala un mecanismo de protección a las inversiones y no señala los fundamentos constitucionales.
Lo que sí señala son las causales: “la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país; la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; la defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes, entre otros”.
Nuevamente nos inundan con el dogmatismo, el secuestro de conceptos y las ideologías basadas en lo que una persona dice –durante dos horas diarias cada mañana– que entiende por “beneficio nacional”, “interés nacional”, “soberanía nacional” o “bien común”.
Nuevamente, el dogmatismo “ad nauseam”.
Insisto, la peor privatización de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la privatización de las ideas, y los mexicanos lo pagaremos muy caro.
Claro, el secuestrador de ideas y abusador de ideologías se irá simplemente a su rancho y dirá “tan bien que íbamos”, los enemigos (más ficticios e imaginarios que reales) “no nos dejaron gobernar”.
Pero entendámoslo, los errores los pagaremos los únicos que ostentamos el carácter de público, contra las ideas que son secuestradas por lo estatal. No es lo mismo.
Como nos advierte Christian Felber en su obra “Economía del Bien Común” (no confundir con panfletos piratas que hablan de Economía Moral), el uso dogmático de los grandes conceptos están muy solicitados y no son pocos los diferentes regímenes que se los han apropiado para sus fines.
Se llama ideología.
La ideología es fundamental para definir políticas, pero tendrá validez solo en la medida en que dicha ideología pueda ser constatada en la práctica con datos científicos y legales. Entonces y solo entonces tendrá una validez y firmeza.
¡Por eso el odio actual a la verdad científica y legal! ¡Por eso el ataque y odio a los juzgadores que la hacen valer!
No contar con validaciones deja a las ideologías solamente en el campo de la filosofía, y no nada más las condena al purgatorio de la inutilidad práctica, sino que también las muestra con total transparencia en el plano de la violación de garantías individuales. Las desnudan como patéticos fundamentos de la ilegalidad.
La iniciativa que ahora se discute no cuenta con elementos concretos para que se ejerza, lo que en realidad es una expropiación.
No establece ningún vínculo jurídico, real o fáctico donde se pueda demostrar, fundar o motivar elementos fundamentales de cualquier acto de autoridad, que un permiso “atenta contra la democracia”, o que formar una gasolinera implica un “riesgo para el país” o “atenta contra la soberanía nacional”.
Exacto, repetimos, se llama ideología.
¿Quién determina la ideología, lo que se diga en las mañanas dependiendo del humor del autócrata o su séquito dogmático de ineptos? Ese nivel de violación al Estado de Derecho solo personajes como Idi Amin lo tenían.
La iniciativa –que por supuesto y sin duda alguna será materia de amparos por su grotesca ilegalidad– señala finalmente que esa lista ideológica no es limitativa al señalar “entre otros”, lo cual por supuesto queda al arbitrio de la persona que ha secuestrado el diálogo, la verdad y el discurso, y que no acepta réplica, arropándola en una democracia que le sirvió, pero ahora busca destruir.
Dogmatismo “ad nauseam” en toda su plenitud y expresión que no es fundamento jurídico alguno, lo cual fortalecerá la procedencia de más suspensiones definitivas bajo la Ley de Amparo. No nos asustemos cuando eso ocurra.
Por eso, nuevamente, no es sospechoso que los jueces las vayan a otorgar y los tratados internacionales lo vayan a sancionar.
Lo que es increíble es que quienes redactan estas iniciativas no entienden que no entienden que alguien tendrá que pagar tanta ocurrencia.
Claro está, todo esto ocurre en un año electoral.
Sí, efectivamente México ya cambió. No estamos en 1970.
Nota del editor: Claudio Rodríguez-Galán es socio de la Práctica de Energía de Thompson & Knight. Está clasificado como un “Abogado Líder en Energía”, mexicano y global por varias publicaciones internacionales, incluyendo Global Chambers, Chambers & Partners, Legal 500 y Who’s Who Legal. Claudio tiene más de 18 años ininterrumpidos ejerciendo el Derecho Energético. Es Maestro y candidato a Doctor en Derecho. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.
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